Katherine Escalona M.

Más de 40 minutos duró ayer la audiencia de formalización de Rodrigo Valderrama, funcionario municipal porteño, quien el 25 de octubre de 2019, a las 23.37 horas, subió a través de Twitter un mensaje donde incentivaba a quemar por completo el edificio de El Mercurio de Valparaíso, que había sido siniestrado el 19 de octubre del mismo año, en medio de los desmanes que marcaron el estallido social.

En la audiencia, después de una amplia discusión de la legitimidad activa de la denuncia, la jueza Jeanette Oliva acogió la petición del Ministerio Público de aplicar la medida cautelar de arraigo nacional al imputado por el delito de amenazas al publicar a través de su cuenta @TeAmoValpo, donde escribió "No soy una persona con odio, pero por cubrir tantos años con mentiras, quemaría nuevamente El Mercurio, pero esta vez por completo...".

La magistrada también acogió la solicitud de la defensa de la parte afectada, Juan Carlos Celis, quien solicitó prohibición de acercarse a la víctima y al inmueble. Se decretó un plazo de 100 días de investigación y además se fijó una audiencia para una posible salida alternativa entre las partes, para el 2 de septiembre, a las 9.30 horas.

Legitimidad e imputado

Antes de la formalización, el defensor público del imputado, Iván Seperiza, refutó la legitimidad activa de la denuncia efectuada por el director de este Diario, Carlos Vergara. Argumentó que "en ninguna parte consta en la denuncia como persona jurídica", ya que, según su parecer, quien debía hacer la denuncia era la representante legal del medio -Karla San Martín- por ser el mensaje alusivo a la empresa.

Tal argumento fue desestimado por el fiscal Cristián Andrade, quien en audiencia explicó que "el delito de amenazas es un delito que afecta la libertad de autodeterminación y que, a su vez, nuestra legislación penal exige requisitos de verosimilitud y de seriedad cuando se formulan estos hechos".

El persecutor detalló que el 26 de octubre de 2019, la Brigada de Cibercrimen de la PDI, emanó un ordinario que daba cuenta de la situación del tuit y se tomó contacto con el fiscal de turno, porque "el 19 de octubre del año 2019, (...) El Mercurio de Valparaíso fue objeto de un atentado incendiario".

Ante esto, el 6 de noviembre del mismo año, el denunciante presta declaración y se constata el mensaje de Twitter, por lo que se establece -según el fiscal- que el destinatario de la amenaza es a personas. "Si se amenaza a una propiedad, se amenaza a sus trabajadores", puntualizó.

Esto último fue acogido por la jueza Oliva, quien determinó que lo escrito por Twitter "son expresiones de odio y no van dirigidas al edificio, sino a las personas naturales". Explicó que "acá lo que están amenazando es a una institución donde trabajan personas" y desechó el argumento del defensor público.

El fiscal Andrade formalizó a Rodrigo Valderrama por el delito de amenazas no condicionales en calidad de autor y planteó la alternativa de una salida alternativa. Al ser consultado el imputado si estaba de acuerdo o no con el procedimiento, dijo tener "toda la intención", aunque recalcó que su versión no había sido dada a conocer en la audiencia.

La jueza le explicó que tenía derecho a guardar silencio y pedir una audiencia para prestar declaración o nuevos antecedentes. Sobre el mensaje, argumentó que "yo lo pensé en voz alta y lo borré en dos minutos".

ReACCIONES

Tras audiencia, el abogado del director de este Diario -quien es la víctima en esta causa-, Juan Carlos Celis, destacó la formalización y aseveró que "lo bueno es que nos da un plazo de 100 días para conversar con el fiscal y explicar la gravedad de la vulneración a las personas y al edificio histórico; que se llegue a un castigo o compensación prudente a la gravedad del delito".

Subrayó que "no se trata de cualquier ciudadano de Valparaíso quien hizo este llamado a incendiar El Mercurio, sino que no es nada menos que un funcionario municipal contratado por el alcalde de Valparaíso, sabiendo el daño que está haciendo con estos tuits". Añadió que el sujeto borró el mensaje porque "el mismo alcalde lo llamó para que lo borrara, luego que el director llamara al alcalde Sharp informando la situación".

El fiscal Andrade detalló que "se formalizó al imputado que, vía Twitter, procede a amenazar, por el contenido del mensaje que envía, al personal y propietarios del diario El Mercurio de Valparaíso, señalando que procedería a quemar dicho diario nuevamente, aludiendo al incendio que se provocó y fue víctima ese diario el 19 de octubre".

"Se procedió a la formalización del imputado que, vía Twitter, procede a amenazar".

Cristián Andrade, Fiscal de Valparaíso

"Nos da un plazo de 100 días para conversar con el fiscal y explicar la gravedad de la vulneración".

Juan Carlos Celis, Abogado de la víctima

La Contraloría Regional de la República emanó en mayo de este año el Informe Final N° 616/2020, de investigación especial, que mantiene un total de 12 observaciones -cinco de carácter altamente complejo- contra la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), por la asignación de $ 230 millones otorgados el año 2019 por el Concejo Municipal para los cementerios que fueron afectados por inundaciones, de los cuales fueron objetados sobre los $59 millones.

La investigación se realizó por la denuncia de "presuntos incumplimientos normativos, vínculos de parentesco y conflictos de interés" por la tramitación y aprobación de la subvención antes mencionada, inversión que era, según el informe, para "atender un problema humanitario derivado de la inundación de tumbas en el Cementerio de Playa Ancha y Parque El Consuelo".

Reparo millonario

Sin embargo, en el documento queda establecido que, a pesar que se tomaron las consideraciones del municipio en el preinforme, se mantienen cinco observaciones calificadas como "altamente completas", por las que aplicaría reparo por $59.832.180, y otras siete conclusiones de menor grado.

Entre las observaciones altamente complejas figuran que la Cormuval "contrató los servicios de arriendo de retroexcavadora por la suma de $ 8.116.990, con cargo a los recursos de la subvención municipal, sin acreditar la efectiva ejecución de los trabajos contratados ni los lugares en que estos fueron realizados" y "adquirió con cargo a la subvención municipal 32 viajes de gravilla y 31 viajes de arena con el proveedor, por la suma de $ 10.888.500, sin acompañar antecedentes que permitan acreditar los volúmenes de material adquirido y las fechas en las cuales se entregaron".

Además, la Cormuval no acreditó la prestación efectiva de los servicios de seguridad contratados en octubre y septiembre del 2019 y "rindió gastos por la contratación de servicios de inspección de 60 sarcófagos, 60 sarcófagos estándar y la confección de 160 urnas, (...) por la suma total de $30.047.270, los cuales imputó indebidamente al ítem Cremaciones-Construcción de Nichos, sin acreditar además los lugares donde se realizaron tales labores ni los beneficiarios". A esto se suma la contratación de cuatro asistentes sociales. En todos estos puntos se dio un plazo de 15 días hábiles para responder o se aplicaría el reparo (devolución de los recursos).

Cormuval

El director de Asesoría Jurídica de la Cormuval, Rodrigo Vallejos, reconoció la situación y afirmó que "nos encontramos trabajando con el fin de subsanar la situación, toda vez que el proceso de mejora constante es central para nuestra institución. Sin embargo, cabe hacer presente que aún se encuentran pendientes los plazos fijados por el informe".

Añadió que "estamos analizándolo detenidamente, de manera de ejercer adecuadamente los derechos que le asisten a la Corporación Municipal de Valparaíso en todas las instancias administrativas y legales, de estimarlo procedente, toda vez que tenemos diferente interpretación de las conclusiones a que arriba el informe", añadiendo que "tenemos la absoluta convicción de que la subvención se utilizó íntegramente para los fines".

"Nos encontramos trabajando con el fin de subsanar, (...) toda vez que el proceso de mejora constante es central".

Rodrigo Vallejos, Asesoría Jurídica de la Cormuval

En lo que se ha transformado una lamentable postal de Valparaíso en los últimos años, una antigua vivienda, emplazada en la subida Carampangue con pasaje Ortúzar, resultó completamente destruida por las llamas, generando alarma entre los vecinos del sector.

El inmueble mantenía una orden de demolición por peligro de derrumbe y en este pernoctaban okupas que, se presume, utilizaron algún elemento calórico que desató el siniestro pasadas las 10 de la mañana de ayer.

Una vez controlada la emergencia se produjo el colapso de la estructura, debiendo actuar personal de Bomberos para evitar daños mayores.

El gobernador, Gonzalo Le Dantec, confirmó que el inmueble estaba con orden de demolición por parte de la Municipalidad de Valparaíso, por lo que el riesgo es que, por la acción de las llamas, colapse parte de la estructura.

La escalera que conduce hasta el paseo 21 de mayo debió ser cerrada al tránsito de peatones ante el peligro de posibles derrumbes.