No esperó a que decantara el entusiasmo por su reelección y a pocas semanas de obtener la mayoría de los votos en Valparaíso, el alcalde Jorge Sharp zanjó el despido de 44 funcionarios municipales, entre ellos cinco dirigentes sindicales, tensionando aún más el ambiente interno de la administración consistorial, que venía fracturado desde inicios de 2020, y ganando numerosas críticas entre adherentes del Frente Amplio, quienes no solo apuntaron a la forma intempestiva de la desvinculación -por correo electrónico y sin mayor explicación pese a la insistencia de los trabajadores-, sino también al fondo de las explicaciones dadas por el jefe comunal al justificar la medida.

El golpe interno fue duro, pese a que los propios dirigentes de los trabajadores a honorarios habían advertido ante el Concejo Municipal que temían despidos masivos debido a la seria crisis financiera que vive el municipio. En esa jornada -la polémica sesión del miércoles 12 de mayo que terminó con la destitución de Cecilia Ugalde, que ejercía como alcaldesa (s)-, la vocera de los funcionarios, Marcela Bahamondes, planteó sus dudas sobre el destino de los fondos entregados por la Subdere para el financiamiento de sus sueldos y advirtió que no existía claridad sobre el correcto uso de las platas destinadas a pagar esos honorarios.

A través de Facebook, el alcalde Sharp dijo que el movimiento correspondía a una "profunda reorganización del municipio", frase que abre la puerta a nuevas desvinculaciones, aunque no precisa exactamente el criterio que aplicará. Una de las respuestas más duras a las palabras de Sharp provinieron del Frente Feminista de Convergencia Social -el partido detrás de la candidatura presidencial del diputado Gabriel Boric-, que junto con advertir los contradictorio de la medida adoptada por una alcaldía que se dice "ciudadana", plantea el obstáculo que ha significado la pandemia para la tramitación de las causas laborales. Aquí, quizás sin saberlo, el frente apunta a uno de los problemas recurrentes de la alcaldía que lidera Jorge Sharp: la judicialización de numerosos despidos y los cuantiosos recursos gastados por el municipio en indemnizaciones y pagos compensatorios.

La desconfianza instalada al interior del municipio será una cuña difícil de resolver para la administración, más aún cuando queda sobre la mesa el tema de las platas públicas, que en el municipio de Valparaíso nunca sobran. En un escenario de estrechez económica permanente, siempre jalado por las necesidades en sostenido aumento, vale preguntar si para Valparaíso sirve la misma idea que los alcaldes electos de Viña del Mar, Quilpué, Concón o Villa Alemana anunciaron para las administraciones que reemplazan: una auditoría externa capaz de transparentar el uso y destino de los recursos que llegan al municipio y sus corporaciones. Cualquier paso en ese sentido corresponderá a los concejales que asuman a fines de este mes, siempre y cuando estén interesados en cumplir su rol de ediles.

La elección de gobernadores regionales es un importante avance en la democratización y descentralización del país, así como para cada una de las regiones. Sin embargo, como el cargo de gobernador es nuevo, es probable que su instalación genere tensiones entre los sueños, desafíos y problemas a resolver en la región y las facultades aún limitadas que le entrega la ley. En ese sentido, el liderazgo y la capacidad de convocar a los distintos actores -más allá de sus votantes- incidirá mucho en el éxito de su gestión y, con ello, en el desarrollo y la equidad en la región.

Si bien debemos ocuparnos de dar más facultades a los gobernadores regionales y a la ciudadanía en el territorio -una de las discusiones que surgirán en la Convención Constitucional-, hay áreas en las que se puede y debe avanzar ahora, y una de ellas es la relativa a la institucionalidad del agua. La urgencia está dada por la escasez de este recurso, los miles de familias sin acceso a agua potable en sectores rurales, la seguridad de riego en la región y los desafíos ambientales, de seguridad y de abastecimiento que nos impone el cambio climático.

En ese marco, y a la par de proponer la creación de una Subsecretaría de Aguas a nivel nacional, el Consejo de Políticas de Infraestructura sugiere establecer Consejos de Recursos Hídricos a nivel de cuenca, que permitan generar una visión integrada y sustentable, de mediano y largo plazo, y desarrollar para ello las coordinaciones necesarias entre los distintos actores públicos y privados de cada cuenca.

Los Consejos de Recursos Hídricos, cuya primera propuesta surgió del Instituto de Ingenieros de Chile hace unos años, estarían conformados por representantes de los actores públicos y privados que forman parte de cada cuenca; contempla que se constituyan formalmente, que sean autónomos y que estén regulados por la ley. Entre sus primeras acciones debiera estar concordar y sancionar un Plan Director para la cuenca, en el que participen y suscriban todos los actores. De esta forma, aspectos como garantizar el acceso al agua potable y la sustentabilidad ambiental tendrían un plan descentralizado y enfocado en cada territorio, con un organismo representativo y legitimado que lo impulse y monitoree su cumplimento. Asimismo, proyectos de inversión relevantes se sostendrían en el tiempo si están en dicho Plan Director, evitando así el desistimiento de inversiones relevantes al cambiar el ciclo político, como sucedió con el embalse Convento Viejo en la cuenca del río Aconcagua.

En los últimos cinco años se ha avanzado con una Ley de Agua Potable Rural y en modificaciones al Código de Aguas para dar facultades efectivas a la DGA para fiscalizar, sancionar malos usos y el robo de agua, así como exigir información y transparencia. Es tiempo de seguir avanzando en institucionalidad y dar herramientas a los actores de cada cuenca y a los nuevos gobernadores para incidir en la gestión del agua en la región. Los Consejos de Recursos Hídricos por cuenca pueden ser un buen instrumento para ello.