Tras ponderar dos informes del Gobierno sobre el estado actual del barrio histórico de Valparaíso declarado como Sitio Patrimonio de la Humanidad, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco elaboró un borrador de la decisión que adoptará sobre la Ciudad Puerto en su próxima reunión, prevista para julio de este año, en la ciudad de Fuzhou, China. En esa instancia, reunidos telemáticamente, los países miembros deliberarán sobre las exigencias que harán al Gobierno chileno para la adecuada conservación del barrio histórico. Como todo instrumento de tintes diplomáticos, el borrador es el resultado de un delicado proceso de negociación que reúne tanto ideas y propuestas de los representantes chilenos como objetivos y exigencias de los personeros del comité, y en la historia general del proceso al que se ha sometido Valparaíso desde 2003, suele sufrir pocos cambios en la decisión final.

Una de los puntos que llama la atención del documento es la falta de mención al deterioro sufrido por la ciudad durante el estallido social, como el incendio del edificio de El Mercurio de Valparaíso tras el ataque de encapuchados o la destrucción de la Estación Bellavista, el daño hecho a plazas, estatuas y monumentos, el menoscabo paulatino y persistente de los espacios públicos. Quizás ocurre así para no afectar el delicado equilibrio diplomático que sustentan estas instancias patrimoniales.

En cambio, el informe destaca el trabajo hecho por el Gobierno para coordinar la cooperación de una serie de instituciones, entre ellas el BID, medidas que consideran pasos importantes para la implementación de un marco institucional y la identificación de un modelo de gestión apropiado para el sitio.

En el borrador, la Unesco también exige al Gobierno más información sobre el desarrollo de los proyectos emblemáticos previstos para el borde costero de Valparaíso, principalmente el Paseo Barón, Accesibilidad al Puerto (que EPV retiró de tramitación ambiental hace unas semanas) y ampliación portuaria, conocido como T2.

Llama la atención la disociación evidente entre el parecer de la Unesco y la percepción general de los porteños sobre el estado de la ciudad, pero más grave aún resulta constatar que los organismos encargados del cuidado patrimonial porteño - Gobierno, municipio, instancias técnicas y asesores - no hayan podido ponerse de acuerdo sobre los instrumentos básicos de gobernanza para el sitio en los 18 años que ya transcurrieron desde la declaratoria y que el bosquejo de una estrategia para el Sitio sea considerado un gran avance. Lo cierto es que, salvo ejemplos excepcionales, el patrimonio no ha podido ser un motor del desarrollo de Valparaíso, como era la promesa enarbolada el año 2003, y la comuna no puede darse el lujo de esperar otros 18 años a que ese ideal se concrete.

Por primera vez en la historia de Chile, hemos tenido la oportunidad de elegir a quienes redactarán nuestra nueva Carta Fundamental. Los resultados de las elecciones del 15 y 16 de mayo han permitido validar la propuesta de comenzar un proceso constituyente como medio de encauzar legítimamente las demandas sociales planteadas de manera clara y masiva por gran parte de la población.

El triunfo de los independientes, así como la paridad y los escaños reservados, han logrado que la Convención Constitucional sea representativa de la variedad de voces que existen en nuestro país, legitimando aún más el proceso. Esta diversidad permitirá que ningún grupo pueda imponer sus términos unilateralmente, por lo que la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo entre los constituyentes será clave para el éxito del proceso.

Uno de los primeros desafíos que enfrenta la Convención Constitucional es la redacción y aprobación del reglamento que establezca su estructura y funcionamiento. Pese a que algunos procedimientos ya están definidos en la reforma constitucional, existen varios temas que zanjar, como la organización funcional interna, mecanismo para la toma de decisiones, transparencia, posible regulación de mecanismos de participación ciudadana, entre otros.

Respecto a la participación ciudadana, es importante recordar que el proceso constituyente es el resultado de las movilizaciones sociales, por lo que debiese ser un proceso abierto, con la inclusión de mecanismos que permitan un diálogo con la ciudadanía. La experiencia internacional ofrece varios ejemplos de tales mecanismos, incluyendo cabildos, audiencias, foros, entre otros. Además, el reglamento debiese incluir la posibilidad de realizar plebiscitos vinculantes cuando la Convención Constitucional no sea capaz de llegar a acuerdos en ciertas materias, cuestión que es posible que suceda en consideración a la diversidad de los constituyentes.

De esta manera, el diálogo debe ser clave en el trabajo de la Convención Constitucional. No solo entre los constituyentes, sino que además entre ellos y la ciudadanía. Esto permitiría representar de mejor manera las esperanzas puestas por la población en la Convención Constitucional, sentando las bases para una nueva Constitución que sea construida por y para todas y todos. Y por supuesto, recordar que una nueva Constitución sería el inicio, no el fin, de la búsqueda de una nueva realidad jurídica, política y social en Chile, que sea participativa, representativa de la diversidad existente en nuestro país y respetuosa de los derechos humanos de la población.