Constanza Peña Moya

Tras una visita a la Región de Valparaíso, en la que se reunió con distintas comunidades educativas para evaluar el proceso de retorno voluntario, la subsecretaria de Educación Parvularia, María Jesús Honorato, repasó las principales preocupaciones del ministerio respecto a la educación inicial. Reconoció, por ejemplo, que el nivel de abandono en kínder ha aumentado un 130% en dos años y la región incluso supera ese desalentador promedio. Por este motivo, según destacó, hoy se está impulsando la aprobación del proyecto que establece el kínder obligatorio, cuya votación se realizará en comisión mixta del Congreso el próximo lunes.

- ¿Cómo interpreta la alta deserción preescolar, más allá del alza asociada a la pandemia?

- Nos causa gran preocupación esta alta deserción producto de la pandemia, que especialmente ha afectado a kínder y prekínder en comparación con el resto del sistema educativo. Muchos niños ya matriculados, por las circunstancias que tenemos, hoy no han seguido asistiendo. En kínder, por ejemplo, tenemos una matrícula cercana al 95%, pero hay lo que se llama una inasistencia prepandémica crónica: el 66% de los niños tiene una inasistencia recurrente y eso genera una inestabilidad en el impacto que necesitamos que generen estos niveles en el desarrollo infantil. Con la pandemia, si miras en primero básico -que son niños de muy semejante edad y desarrollo- la reacción de los padres ha sido distinta y, por lo tanto, la deserción no aumentó de la forma que lo hizo en kínder. Eso nos hace pensar que hay un tema cultural, porque a diferencia de primero, kínder es un nivel voluntario.

- ¿Esta deserción es transversal o se da más en ciertas realidades socioeconómicas y geográficas?

- En general, a nivel nacional, es una gran preocupación que hoy tengamos la cifra más alta de deserción de la última década. Ahora, en esta región, esa cifra es de las más elevadas. En términos de números, si 251 niños de la región abandonaron kínder en 2019, hoy, en 2021, tenemos una cifra que bordea los 500. Y, efectivamente, hay una mayor inasistencia donde existe un mayor nivel de vulnerabilidad, lo cual también es preocupante.

- ¿Qué impacto podría tener el proyecto que busca establecer la obligatoriedad de cursar kínder?

- Esta propuesta, que hoy está en el Congreso y se vota esta próxima semana, justamente busca aumentar los años de educación obligatorios de 12 a 13, incorporando el kínder con el objetivo de darle una mayor relevancia a este nivel. Esto iría tanto para el Estado, que tiene que hacerse cargo de asegurar esto, como para insertar en la cultura la relevancia que tiene esta etapa, tanto para el desarrollo como para potenciar las oportunidades que van a tener los niños y niñas a futuro.

- ¿Qué ocurre con las familias que no tienen acceso a jardines estatales ni pueden costear uno privado, teniendo en cuenta que no todas las escuelas tienen kínder?

- Al proyecto se agregaron dos indicaciones importantes. La primera, que ningún niño se quede sin la posibilidad de entrar a primero básico en base a kínder, es decir, que en situaciones de ruralidad o donde no existiese la posibilidad de tener acceso a un establecimiento, puedan ingresar a primero y reciban un plan de acompañamiento. La segunda indicación tiene que ver con un aporte en educación de $ 2 mil millones que serían registrados de tal manera que se pudiera invertir en infraestructura, si es que tuvieran que construirse o arrendarse establecimientos para poder recibir de la mejor forma a estos niños.

Otros avances

- La Subsecretaría está impulsando un reconocimiento oficial con el que deberán contar los establecimientos en 2022. ¿Cómo ha avanzado el proceso?

- Lo que buscamos es que este reconocimiento oficial -que implica que tienen suficientes educadores idóneos, un nivel de infraestructura que cumpla con estándares de seguridad y un proyecto pedagógico muy claro, por ejemplo- implique que se cuenta con un sello de calidad, porque avanzar en la asistencia y fomentar la obligatoriedad del kínder tiene que ir acompañado de una mejora en la calidad. Esto va a ser una exigencia a partir del 2022, pero de los 590 establecimientos que deben certificarse en la región, hay 161 que ya lo tienen, y eso evidencia un tremendo compromiso.

- ¿Cómo evalúa la experiencia de retorno presencial en la región?

- Ha habido una reapertura del 61% de los que no están en cuarentena y ha sido muy bien valorado que estos lugares estén abiertos, pero que la asistencia sea voluntaria según decisión de los padres. Desde el 2020 hacemos un trabajo muy fuerte en cuanto a protocolos y toma rápida de decisiones, que ha permitido que hoy sean espacios protectores.

"Si miras en primero básico, la reacción de los padres ha sido distinta. (...) Eso nos hace pensar que hay un tema cultural, porque a diferencia de primero, kínder es un nivel voluntario".

El diputado Rodrigo González (PPD) y la concejala electa de Los Andes, Marianella Benavides, denunciaron ante el Ministerio Público hechos que pueden revestir carácter de delito y posible fraude al Fisco, relacionados con un proyecto de conservación vial urbana en diversas calles del centro de la comuna durante el año 2017.

Las obras, a cargo de la municipalidad, junto a la empresa Constructora Torres del Paine SpA, consideraron trabajos por un monto cercano a los 2 mil millones de pesos correspondientes a un recarpeteo del pavimento, en el que no se habría respetado el espesor acordado.

Solicitud a fiscalía

Según la recién electa concejal Benavides, "estas obras no cumplieron con las dimensiones y especificaciones, produciéndose graves irregularidades al momento de la recepción de las obras por parte del municipio como en el Serviu. Además, constatamos que la empresa, sin mejorar las observaciones, procedió al cobro íntegro de los trabajos. Todas estas irregularidades son causales de perjuicio fiscal por aceptar obras de menor calidad, pero cobrando el mismo valor acordado en principio".

En tanto, el diputado González afirmó que "el año 2019 la Contraloría Regional confirmó estas irregularidades técnicas y administrativas, ordenando al municipio de Los Andes disponer un procedimiento disciplinario, pero ahora queremos ir más allá y que sea el mismo Ministerio Público el que investigue si existió el delito de fraude al Fisco y no solo errores o irregularidades".

"eso fue validado"

Por su parte, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, descartó cualquier anormalidad financiera en su gestión, señalando que el Concejo Municipal recibió conforme las correcciones observadas por Controlaría, tras una auditoría completa al municipio andino durante el año 2020.

Sobre la denuncia de González y Benavides a la Fiscalía, el jefe comunal fue tajante en descartar cualquier ilícito y falta grave.

"En 2017 y 2018 concretamos un proyecto que venía de la gestión anterior. Mientras se desarrollaban esos trabajos, recibimos recursos para pavimentar la calle Rancagua y luego Membrillar. Serviu y el Gobierno Regional (Gore) nos asignaron una compensación con mejoras en la Avda. Chile y calle República Argentina en Centenario y la disminución del grosor de la capa asfáltica, eso fue validado. Sin embargo, hay un último trámite interno entre el municipio y el Serviu Regional que no se ha realizado como la Contralaría lo dictamina; y esos $ 120 millones sin pagar a la empresa están resguardados en el Gore y no el municipio. Acá no hay ilícito, se descarta tajantemente", puntualizó Rivera.

"La empresa, sin mejorar las observaciones, procedió al cobro íntegro de los trabajos".

Marianella Benavides, Concejala electa de Los Andes