Claudio Ramírez

Como un retroceso consideran los gremios del sector productivo de la región las propuestas que sugieren el congelamiento de las actividades económicas no esenciales, particularmente la del Colegio Médico, que apunta a un cierre de tres semanas.

"Creemos que va en la dirección equivocada, puesto que el confinamiento no es hoy la mejor alternativa para disminuir los casos de covid-19. Sin duda, debemos mejorar la estrategia sanitaria para seguir protegiendo la vida y salud de los chilenos, pero ésta debe ir de la mano con el funcionamiento de los diversos sectores económicos, especialmente en aquellos rubros que han sido duramente golpeados", dijo el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso (CRCP), José Pakomio.

Sin embargo, destacó algunos puntos como la idea de cambiar la gobernanza, siempre que haya representación regional e incluso gremial, puesto que -remarcó- la actual estrategia del plan Paso a Paso ha sido pensada casi exclusivamente en la Región Metropolitana. "Se debiese reforzar la vacunación como estrategia principal y reeducar a una población que está agotada", agregó.

"Desde el primer día desarrollamos e implementamos un sistema de gestión sanitaria, al que han adherido el 100% de nuestros socios y miles de empresas de otros sectores en la región. (...) La construcción es una actividad segura", subrayó la presidenta de la CChC Valparaíso, Marisol Cortez. En esa línea, manifestó que "cualquier nueva propuesta para combatir la pandemia debe considerar esta experiencia positiva. Y sugerir perfeccionamientos y mejoras, pero no retrocesos".

En ese ítem apuntó a medidas para incentivar la vacunación tanto de los trabajadores como de sus familias. "Creemos que ese es el camino correcto y realista", dijo.

El titular de la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva), Ricardo Guerra, enfatizó que se debe buscar un equilibrio. "Pensamos que las medidas deben orientarse al propósito de proteger la salud de la población y la recuperación de la economía de la región, estos factores hoy aparentemente están contrapuestos, sin embargo, debemos buscar los equilibrios. Un cierre total tendrá seguramente perjudiciales impactos socioeconómicos, cuya recuperación será muy lenta afectando por más tiempo la calidad de vida de nuestra ya golpeada población", dijo el líder gremial, quien es partidario de focalizar el control sanitario en zonas donde se producen las mayores aglomeraciones.

"Creemos que va en la dirección equivocada, puesto que el confinamiento no es hoy la mejor alternativa para disminuir los casos".

José Pakomio, Presidente de la CRCP

A más de dos años del ingreso del requerimiento de remoción del actual alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro, por faltas graves a la probidad y notable abandono de deberes -cuya sanción el Tribunal Electoral Regional (TER) desestimó en marzo, siendo reemplazada por una suspensión temporal-, la causa iniciada tras la denuncia de tres concejales de Petorca, Héctor Olmos, Erick Castro y Claudio Arenas, se encuentra a un paso de ser concluida.

Tras ser penalizado con 50 días fuera de su cargo, con un goce de la mitad de su sueldo, el jefe comunal decidió apelar. Este martes, luego de revisar el caso, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó la pertinencia de la sentencia, que se hará efectiva apenas se remita al tribunal local, según explica el representante de los denunciantes, Rodrigo Flores.

De esta manera, es altamente probable que el tercer período alcaldicio de Valdenegro -que debería concluir este lunes 28 de junio- finalmente culmine con él suspendido.

"sanción testimonial"

"Estos son procedimientos lentos y burocráticos. (...) Pero más allá de la sanción -que llega ahora, al final de nuestra participación como concejales y de su gestión- estamos tranquilos porque cumplimos con nuestra labor de fiscalizar", sostiene el edil Héctor Olmos. Flores, su abogado, concuerda en que pese al retraso, "en el fondo, esto es un tema testimonial".

"Es un triunfo para los concejales poder acreditar a través del Tribunal estas conductas permanentes y habituales que configuraban una sanción", manifiesta. Pese a los intentos por contactar al alcalde, hasta el cierre de la edición no era posible tener su respuesta.

"Es un triunfo para los concejales poder acreditar a través del tribunal conductas que configuraban una sanción".

Rodrigo Flores, Abogado de los demandantes

De acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en la región los deudores morosos de las cuentas de luz, al mes de mayo, llegan a 88.150 y engloba a las empresas Emelca, Litoral, Edecsa, Chilquinta y CGE.

La seremi de Energía, Fernanda Pinochet, se refirió a esta cifra, remarcando que la deuda promedio es de $336 mil pesos y que deben suscribir el acuerdo al que se llegó con las distribuidoras, fijado en un proyecto de ley y que apunta a la suspensión de pago y renegociación. "Ha sido una situación compleja para muchas familias y esto entrega la posibilidad de dividir la deuda para que sea más factible el pago (...) lo importante es que no se van a cobrar multas, intereses ni gastos asociados", dijo.

Esto beneficia a quienes cumplan con uno de estos requisitos: estar en el 80% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares, ser adulto mayor, estar percibiendo las prestaciones de la ley que establece un seguro de desempleo, estar acogido a alguna de las causales de la ley de protección al empleo, o ser trabajador independiente o informal.

Al respecto, desde Chilquinta Energía señalaron "que solo 3%, equivalente a 17.500 clientes ha solicitado el convenio en la región".

También se discute a nivel legislativo la opción de crear un fondo solidario para pagar estas deudas. Sobre esa alternativa, el economista Alejandro Maureira, dijo que "me parece un abuso que sea la población la que asuma los costos de la pandemia eximiendo y resguardando la utilidad de una empresa".

Una iniciativa elaborada junto a organizaciones relacionadas al tema e impulsada por Carolina Marzán (PPD), presentó este jueves la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados. El proyecto de ley apunta a que el Estado vele por la atención, protección e inclusión de las personas bajo el espectro autista y otras condiciones de neurodesarrollo similares, e incluye, por ejemplo, la capacitación inclusiva y la implementación de apoyo visual-cognitivo en espacios y servicios públicos.

"Tenemos que avanzar hacia políticas públicas que sean integrales. Creo que eso es lo interesante de este proyecto", sostuvo Marzán, explicando que familias y organizaciones son la base del documento.