Katherine Escalona M.

En su calidad de alcaldesa (s) de la Municipalidad de Valparaíso, Cecilia Ugalde presentó el pasado viernes, ante el Tribunal Electoral Regional (TER), un "requerimiento y cese de funciones" por notable abandono de deberes contra 9 de los 10 ediles que integraron el anterior Concejo Municipal porteño.

La acción, donde se esgrimen cinco cargos por "ilegalidades e infracciones a la legislación vigente", va en contra de los ediles Iván Vuskovic (Ind, ex PC); Eugenio Trincado (DC); Daniel Morales (MVC); Claudio Reyes (MVC); Ruth Cáceres (RN); Yuri Zúñiga (Ind); Pedro Solís (Ind.); Marina Huerta (DC); y Jaime Bahamondes (Ind.), quienes -según el escrito- habrían actuado con faltas a la probidad.

Por esto, la presentación pide declarar que los concejales "han incurrido en actos reñidos con la ley, de diversa índole", que "constituyen causales de inhabilidad y cesación de la función de concejal, (...) por falta grave a la probidad administrativa e incompatibilidad de funciones".

Gravedad

Dada la gravedad, explica el documento, se solicita declarar el requerimiento "con expresa condenación en costas, disponiéndose, además, que los afectados por la sentencia quedarán inhabilitados para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años".

El abogado que patrocinó de la acción judicial, Manuel Villarroel, aseveró que la presentación "corresponde a un requerimiento de remoción por notable abandono de deberes de concejales, en hechos que entendemos revisten la calidad de grave, atentatorios de su función pública y que, como tal, deben ser conocidos por el TER".

Aclaró que "se ha interpuesto la acción una vez finalizado el proceso eleccionario, porque se trata de una acción judicial que busca que el Tribunal competente aplique las medidas ajustadas a derecho y no una cuestión política".

Esta es la segunda presentación por notable acusación de deberes que se hace en la Municipalidad de Valparaíso. La primera fue presentada en noviembre de 2020 por los mismo concejales que ahora están cuestionados por el municipio, quienes interpusieron un total de 17 cargos en contra del alcalde Jorge Sharp, causa que está en tramitación en el tribunal y sería paralela a esta nueva acción judicial.

Cuestionamientos

Al igual que en la acusación contra el alcalde Sharp, en este caso se presentaron diversos argumentos que cuestionan a los ediles. El primero corresponde a la licitación de 2020 para "Provisión de mano de obra para el Departamento de Parques y Jardines". Se menciona que Vuskovic, Trincado y Cáceres "concedieron una audiencia" a la Cooperativa Renacer Patrimonial -en la Comisión de Régimen Interno- pese a que había una licitación en trámite, lo que no se ajustaría a la ley a afectar "la igualdad de trato" con otras empresas. Es más, el escrito afirma que rechazaron la propuesta de la alcaldía y votaron a favor de contratar "vía directa" a la Cooperativa por $55 millones.

El ahora exconcejal Vuskovic tiene dos cargos más en su contra: no se abstuvo en el traspaso de $385 millones a la Cormuval para el área de cementerios, donde tiene un parentesco con un funcionario, y "ha ejercido simultáneamente el cargo de secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile".

Destituciones

Además, se anexan las destituciones del exadministrador municipal, Claudio Opazo, y de Cecilia Ugalde, las que tampoco estarían en legalidad según el libelo. Esto, porque el 24 de julio de 2020 los ediles aprobaron la remoción de Opazo, siendo que éste había presentado su renuncia antes del Concejo Extraordinario, por lo que "aparece de manifiesto una vulneración de los principios de legalidad y probidad administrativa".

Mientras, el 12 de mayo de 2021 se aprobó la remoción de la administradora municipal, Cecilia Ugalde, pese a que el jefe jurídico observó que se debía hacer una comisión previa y luego citar a una sesión de Concejo. Sin embargo, siete concejales decidieron que se debía continuar con la votación. En el caso de Ugalde, además, la presentación al TER expone que no existió "una exposición clara y sistemática de los hechos y fundamentos que motivaron la decisión" y que Bahamondes y Solís votaron a favor sin dar argumentos.

Acción política

Para los exconcejales, la presentación ante el TER es una acción política, que incluso califican de vendetta. Insisten que lo realizado estuvo dentro de sus funciones.

Vuskovic afirmó que "no logro entender cuál es el sentido de lo que se está haciendo. Si es tratar de apagar un incendio iniciando otro, quizás tenga sentido, pero no termino de entender. Todo lo que se presenta es discutible, pero en general no tiene más sentido que seguir en una lucha. Esto es una acción política y entiendo que Cecilia Ugalde lo hace a propósito de la destitución".

Trincado expuso que "es una actitud de vendetta a la fiscalización que hicimos los concejales en el último periodo. Son temas netamente administrativos". Detalló que se reunieron con la Cooperativa porque eran trabajadores municipales y que la remoción de Opazo se votó porque la renuncia "no tenía la firma de la secretaria municipal, que es un requisito".

Claudio Reyes destacó que "no me extraña en absoluto y habla del final de un drama casi novelesco, que es fiel reflejo del clima confrontacional y veleidoso que se vivió en estos cuatro años y medio, donde hubo una ausencia total de diálogo para desarrollar un trabajo en pos de la ciudad". Recalcó que "están en el derecho de presentar las denuncias que estimen conveniente", así como ellos lo hicieron en contra Sharp.

En tanto, Solís manifestó que "me parece extraña la situación porque se votó la remoción de la administradora por falta de cumplimiento y apoyamos la causa. Fuimos adyacentes a esta situación en nuestro rol de fiscalización y dejamos de realizar funciones el 24 de junio".

Marina Huerta precisó que "esto es un signo evidente de lo que fue la relación de la administración con el Concejo Municipal, cuestión muy negativa para la comuna. El momento es inoportuno, hubo tiempo de haberla presentado antes y se hace ahora. Creo que si no cambian de comportamiento, rápidamente van a tener conflicto con el actual Concejo".

"Busca que el Tribunal competente aplique las medidas ajustadas a derecho y no una cuestión política".

Manuel Villarroel, Abogado patrocinante

"Esto es una acción política y entiendo que Cecilia Ugalde lo hace a propósito de la destitución".

Iván Vuskovic, Exconcejal (Ind.)

"Esto es una actitud de vendetta a la fiscalización que hicimos los concejales en el último periodo".

Eugenio Trincado, Exconcejal (DC)

A un día de haber asumido simbólicamente como nueva alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien esperaba tener las renuncias de los cinco cargos directivos para poder instalar a su propio equipo de confianza, aún espera que la directora de Seguridad, Patricia Leiva, entregue su cargo.

Lo anterior generó la molestia entre el equipo de la nueva jefa comunal, pero también entre algunos concejales.

Carlos Williams (RN), concejal en el periodo anterior y reelecto en mayo, por un lado lamentó la situación, pero por otro dijo que puede ser bueno para perseguir eventuales responsabilidades contra Leiva.

"Siempre he sido de la idea que los cargos de confianza de una gestión municipal que ha culminado su mandato, por decencia y lealtad a quien los nominó, deben presentar sus renuncias, tal como lo hicieron los directores de Jurídico, Secpla, Dideco y el administrador municipal. Qué lástima que haya ocurrido esta situación en el caso de la directora de Seguridad Pública, porque la situación contractual terminará en la justicia".

"malas prácticas"

Pero también, dijo, "viéndolo desde el punto de vista positivo, su permanencia en el municipio permitirá llevar adelante los sumarios correspondientes, que se iniciarían por supuestas faltas en el ejercicio de la dirección a su cargo".

Pablo González, concejal PC, reclama que "lo que hace Patricia Leiva es el ejemplo más claro de las prácticas que debemos erradicar y que dañan la institucionalidad municipal, que han resultado en la paulatina pérdida de confianza de la ciudadanía. Espero que la actual directora de Seguridad Pública recapacite y no sea un obstáculo en el adecuado traspaso de gestión; sin embargo, tampoco podemos obviar que sus funciones están ligadas a una reconocida trayectoria como operadora política de la administración Reginato".

Este Diario intentó contactar a Leiva, pero ayer estaba con día administrativo.

Aunque el Tribunal Electoral Regional (TER) todavía no entrega el resultado del recuento de todas las mesas de Quilpué, Luis Céspedes, excandidato a concejal del Partido Radical por la comuna, sostiene que aún tiene posibilidades.

"Siguen (el recuento) todavía, en Quilpué son 398 mesas, la gente (del TER) está trabajando, haciendo 50 mesas diarias, estarían terminando a más tardar mañana (hoy)", comentó Céspedes.

Consultado sobre si tiene chances reales de resultar electo, contestó que "no tengo el parámetro de las otras listas, pero sí la de nosotros. Si me preguntas si hay oportunidad, como lista, yo diría que sí, por lo menos hemos subido 30 o 40 votos".