Cristián Rojas M.

Por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, la Convención Constitucional emitió su primera declaración, y fue sobre los presos del estallido social. Fue firmada por los constituyentes de las listas Apruebo Dignidad, Colectivo Socialista, La Lista del Pueblo, pueblos originarios y otros independientes, quienes demandan al Poder Legislativo y al Ejecutivo acelerar la tramitación del proyecto de indulto general, pidiendo al Gobierno que le dé suma urgencia, así como al proyecto de ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos, además del "retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado" y la "inmediata desmilitarización del Wallmapu".

El proyecto de ley de indulto fue presentado por el senador Juan Ignacio Latorre (RD) y ya fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos y de Seguridad del Senado, con voto favorable de la oposición, y solo falta el trámite en la Comisión de Constitución del Senado, para luego votar en Sala y que siga avanzando a la Cámara de Diputados.

"chaleco amarillo"

En la Región de Valparaíso, quienes se verían beneficiados por ese eventual indulto son los dos imputados que permanecen en prisión preventiva por el incendio a la Municipalidad de Quilpué; el ciudadano chileno-estadounidense John Cobin, condenado tras dispararle a manifestantes en Reñaca, mientras vestía el distintivo chaleco amarillo; la persona condenada por instalar alambre de púas en una transitada calle de Viña del Mar; y el condenado por homicidio frustrado tras intentar atropellar a un funcionario de la PDI en San Antonio, según aclaró la fiscal regional, Claudia Perivancich (ver columna de opinión).

La totalidad de los constituyentes de Chile Vamos votó en contra de la declaración, entre ellos Raúl Celis (RN), del Distrito 7 de la Región de Valparaíso, quien planteó que "se está intentando reescribir nuestra historia, lo que es un peligro para nuestra democracia. No lo vamos a permitir. Aún estamos a tiempo de corregir y que tengamos un proceso constituyente exitoso, pero para eso es necesario que la mayoría moderada del país y todos los sectores democráticos alcen la voz y denuncien el profundo error que está cometiendo una parte de los convencionales".

Aunque no se refirió a los casos planteados por la fiscal regional, el senador Juan Ignacio Latorre valoró el pronunciamiento de los convencionales y planteó que "esto es una salida política en un momento constituyente en el que estamos reconstruyendo los vínculos sociales, un nuevo pacto social, y hay que buscar una salida política; por lo tanto, el órgano constituyente es plenamente autónomo para hacer las solicitudes que estime pertinente para facilitar su trabajo, para la mayor paz social que acompañe el proceso constituyente histórico que estamos viviendo".

Urrutia respalda a fiscal

A juicio del diputado Osvaldo Urrutia (UDI), "los dichos de la fiscal regional van en la línea correcta, porque simplemente en nuestro país no hay presos políticos. Las personas que están detenidas por los hechos del llamado estallido social cometieron delitos muy graves que están contemplados en nuestra legislación".

En su opinión, la declaración de los constituyentes "no tiene justificación alguna y genera un pésimo precedente, porque cualquier persona que cometa delitos podrá argumentar que es preso político y que lo deben dejar en libertad".

Por otra parte, Urrutia advirtió que "no está bajo ningún punto de vista dentro de las atribuciones de los constituyentes, por lo que quizás lo más correcto es que de una vez por todas inicien su trabajo para redactar la nueva Constitución y se dejen de hacer politiquería partidista, pidiendo libertades para delincuentes que quemaron la Municipalidad de Quilpué o que destruyeron y saquearon la calle Condell en Valparaíso, por dar algunos ejemplos".

El diputado Rodrigo González (PPD) advirtió que "no por el caso de dos personas va a ponerse en peligro un procedimiento legal, que tiene un carácter general y que nunca se dicta intuitu personæ (en función de la persona), y por lo tanto, las situaciones delictuales tienen que ser excluidas de cualquier indulto".

Dicho eso, el diputado aseguró que "en esas condiciones, por cierto yo estoy absolutamente de acuerdo en que se legisle, y por lo tanto, no debiera haber ningún temor de que personas que han cometido delitos puedan estar involucradas".

"Genera un pésimo precedente, porque cualquier persona que cometa delitos podrá argumentar que es preso político".

Osvaldo Urrutia, Diputado (UDI)

Según fue relevado en la discusión pública a partir del 18 de octubre de 2019, formamos parte de una sociedad inequitativa, en la que millones de personas carecen de igualdad de oportunidades. A partir de aquello, los servicios públicos deben redoblar esfuerzos para satisfacer las necesidades de la población y dar cauce a sus requerimientos en forma cercana y oportuna; en ello, las municipalidades cumplen un rol esencial.

El 29 de octubre de 2019 fue incendiada la Municipalidad de Quilpué. Sus dependencias resultaron completamente destruidas y el monto de los daños es invaluable, pues se perdió valiosa documentación. La investigación dirigida por el Ministerio Público ha permitido individualizar a cinco autores. Solo dos de los imputados permanecen en prisión preventiva a la espera del juicio oral. Esta cautelar se ha revisado en cuatro oportunidades por el Tribunal de Garantía de Quilpué y en tres por la Iltma. Corte de Apelaciones. La pena que se está pidiendo en la acusación es de 20 años de presidio para cada uno. Estas dos personas son los únicos sujetos en prisión preventiva por hechos acaecidos en el marco del denominado estallido social en la Región.

Un proyecto de ley pretende conceder un indulto general a quienes sean imputados o hayan sido condenados por saquear, dañar, incendiar, disparar armas de fuego, entre otros delitos, cometidos a partir del 7 de octubre de 2019. Se habla de presos políticos -o presos del estallido- fundando en que el sistema judicial habría criminalizado la protesta social. Nada más ajeno a la realidad. La Fiscalía solo ha cumplido con su obligación legal de investigar denuncias y ejercer la acción penal.

Esta pretensión de impunidad generalizada no tiene sustento. El sistema actual cuenta con todas las garantías para revisar situaciones donde se pudieran ver afectados los derechos de una persona. El fiscal nacional ha señalado que se le indique cuáles serían las personas presas injustamente y nadie ha respondido a esta interpelación, que hacemos nuestra.

El proyecto pretende beneficiar también a condenados; en la Región quedaría sin efecto la condena al ciudadano norteamericano que disparó su arma de fuego en Reñaca; igual cosa respecto de la condena por instalar un alambre de púas en el centro de Viña y el condenado por homicidio frustrado a un funcionario de la PDI, a quien intentó atropellar tras atentar contra la Fiscalía y PDI de San Antonio.

Dudo que represente el sentir de quienes usan y necesitan espacios y servicios públicos que situaciones como estas queden sin sanción.

No confundamos conceptos, un preso político es quien está privado de libertad por sus ideas, por expresarse en contra del sistema, las estructuras de poder o la autoridad. No es quien destruye o ataca bienes públicos, incendia, saquea o roba. Esa persona es un delincuente.

Claudia Perivancich

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) inició un procedimiento de investigación sumaria contra Esval tras constatar la rotura de un colector de aguas servidas de 600 milímetros de diámetro en el camino lateral al Jardín Botánico de Viña del Mar. Fiscalizadores de la SISS, junto a la Seremi de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), verificaron la emergencia y constataron que cerca de las 15 horas del jueves se produjo un rebase de aguas servidas en camino El Olivar que comunica el Trocal Urbano con el sector de El Salto. El colapso se habría generado debido a la obstrucción del colector por raíces de un árbol espino, lo cual habría generado un escurrimiento superficial por una hora.

Entre enero y abril de 2021, la Región de Valparaíso concentra más de 2 mil 354 siniestros viales, lo que representa el 10,6% del total país, de acuerdo a un catastro dado a conocer ayer por la Fundación Emilia, al inicio de la campaña de prevención de accidentes de tránsito, al inicio de las vacaciones de invierno. Junto a la empresa Chilquinta, en la fundación enfatizaron el llamado a conducir con precaución. En tanto, desde Chilquinta informaron que a la fecha se ha registrado un aumento explosivo de choques a postes con afectación a la infraestructura eléctrica, con un total de 485 eventos. Como consecuencia de esto, más de 232 mil clientes han quedado sin luz producto de estos eventos.