Apuntes a la carta de la Fiscal Perivancich
Hablar de los "presos de la revuelta" como héroes que posibilitaron la actual CC es un error. Lo mejor es ponerles rostros y nombres: imputados por incendios y condenados por intentos de asesinato. Pretender establecer verdades a medias por parte de unos pocos y garantizar impunidad para los criminales nos acerca mucho más a aquel país en el cual nadie quisiera volver a vivir.
En una clara y valiente misiva enviada a este Diario y publicada ayer sábado, la Fiscal Regional Claudia Perivancich se refirió al encendido debate por la liberación de los presos del estallido social, rechazando en su carta una supuesta "criminalización" de la protesta social.
"No confundamos conceptos. Un preso político es quien está privado de libertad por sus ideas, por expresarse en contra del sistema, las estructuras de poder o la autoridad. No es quien destruye o ataca bienes públicos, incendia, saquea o roba. Esa persona es un delincuente", expuso la persecutora.
En nuestra Región de Valparaíso, los únicos que permanecen en prisión preventiva a la espera del juicio oral por hechos ocurridos durante ese supuesto periodo de excepción son dos de los cinco detenidos por el cobarde incendio de la Municipalidad de Quilpué del 28 de octubre de 2019. De hecho, esta semana el Tribunal Oral de Viña del Mar rechazó la libertad provisional para Sergio Jaramillo Céspedes, imputado por el delito y a quien las cámaras de seguridad muestran arrojando elementos incendiarios al edificio. La medida fue oficiada pese a que el mismo municipio, liderado hoy por Valeria Melipillán, optó por allanarse a la rebaja de cautelares.
Teme asimismo (y con razón) Perivancich que el proyecto de indulto apoyado el jueves pasado por la Convención Constitucional a través de una declaración votada por 105 de sus integrantes se haga extensivo a los condenados, en este caso el norteamericano John Cobin, quien disparó a manifestantes en Reñaca, a aquellos instalaron alambres de púas en la calle Valparaíso de Viña del Mar y a quien intentó atropellar a un funcionario de la PDI en San Antonio.
Puestos ya en estos casos, no sería extraño que en los próximos días se quisiese incluir también al sicario colombiano que asesinó a sangre fría al ingeniero Alejandro Correa en Concón o al propio autor intelectual de aquel escalofriante crimen, invocando el derecho a la vivienda o contextualizando la aberración cometida en el marco de protestas sociales, tal como ya lo hiciera la constituyente María Rivera (Lista del Pueblo) al solicitar una amnistía a "30 presos políticos de antes", tales como Mauricio Hernández Norambuena, el exfrentista condenado por el asesinato de Jaime Guzmán y secuestros en Chile y Brasil.
Que la Convención Constitucional marque un punto político ya es algo alarmante. Pero pretender establecer verdades a medias por parte de unos pocos sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, instando a garantizar impunidad para los criminales (¿indulto, amnistía?) nos acerca mucho más a aquel país que conocimos y en el cual ninguno de nosotros quisiera volver a vivir.