Constanza Peña Moya

Aludiendo a "la excesiva extensión" de la prisión preventiva, y a que hoy "no existe el mismo contexto de estallido social que había al momento de dictarla", la jefa comunal de Quilpué, Valeria Melipillán, manifestó estar abierta a la idea de rebajar la medida cautelar contra los dos imputados por el incendio en la casona donde hasta fines de 2019 funcionaba el municipio. Por darse en medio de un controversial debate en torno al eventual indulto a los detenidos en el marco del estallido, sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre los diversos actores de la comuna. Algunos, incluso, las calificaron como "desafortunadas".

Uno de ellos fue el vicepresidente nacional del gremio del comercio, Óscar Bruna, quien también conforma la Cámara Comunal de Comercio, Turismo e Industria. "Creo que indultarlos o rebajar sus penas es pasar por encima de nosotros, los que fuimos perjudicados. Una cosa son las protestas por el malestar nacional, pero otra cosa es el vandalismo, que también vivimos en Quilpué. A mí me quemaron una bodega, así que lo viví y lo sentí, y la municipalidad la quemaron completa. Rebajar penas y usar el contexto como excusa me parece que le da a la gente un pésimo signo", afirma.

"dirigir como se debe"

Christian Cárdenas, quien fue gobernador de Marga Marga y candidato de la DC a la alcaldía, además de concejal, también reprochó de forma enfática las declaraciones de la alcaldesa. "Cuando uno tiene un cargo, debe tomarlo y dirigir como corresponde. Independiente de la situación, cuando se comete un delito, siento que como autoridad uno debe tener una mirada no solamente política, sino que también de ciudad. Creo que las autoridades pierden esta dependencia política, porque deben representar a todos los ciudadanos, en este caso, de la comuna de Quilpué. (...) Aquí hubo un incendio donde se quemó un edificio que, más allá de si tenía o no el estatus de patrimonio, era de todos los quilpueínos y bellotinos", dice.

Otra exautoridad comunal que no comparte los dichos, pese a que asegura que "cada uno sabrá con qué fundamento emite sus opiniones", es la exalcaldesa Amelia Herrera, quien también compitió en las últimas elecciones. A su juicio, "es lamentable que nuestros ciudadanos más jóvenes desconozcan la historia y que no entiendan que las ciudades no se forman desde ahora, sino que detrás de ellas existe un tremendo pasado que también tiene que ver con el patrimonio cultural, sus construcciones y sus monumentos. "En este contexto, creo que se deben castigar estos delitos para que no se vuelvan a cometer y los jóvenes sepan que esto no es un juego", asevera.

Aunque fue consultado sobre su opinión, Mauricio Viñambres -alcalde al momento del siniestro- declinó manifestar su postura, pese a que la estructura había recibido amenazas previas. "Yo ya estoy fuera del municipio, y creo que eso es un tema que ahora debe ver la nueva alcaldesa", dijo.

A favor y en contra

En tanto, el Concejo Municipal -compuesto por una mayoría de miembros de oposición- no tiene una opinión única frente a una rebaja de la medida cautelar. Carolina Contreras, edil independiente por el Frente Amplio, opina que "al proyecto de ley que se tramita en el Senado debería dársele suma urgencia", y agrega que dentro del juicio por el incendio en Quilpué también se tiene constancia de situaciones cuestionables. "Hay un imputado que lleva más de un año y medio bajo prisión preventiva, y aunque tiene capacidades diferentes, no se le ha hecho ni siquiera una evaluación médica", dijo. "Me sumo a las declaraciones de la alcaldesa, y si ella retira las querellas, en caso de existir los requisitos legales, también la voy a apoyar", agrega.

Renzo Aranda, concejal DC, no opina lo mismo. "No veo con muy buenos ojos un proyecto que signifique que nadie se haga responsable de la quema de un edificio público, sin perjuicio de que podamos tener ciertas dudas respecto a quiénes son los imputados o las medidas y garantías que el Tribunal les ha puesto". Sobre lo expuesto por Melipillán, cree que "entrega un muy mal mensaje", y hace un llamado a la alcaldesa a que "como administradora y responsable judicial y extrajudicialmente del municipio, busque y persiga a los responsables de la quema de este edificio que es parte de nuestro patrimonio."

E l sábado muchos se sorprendieron por el cambio de nombre que se pudo observar en una de las entradas al edificio de la actual intendencia regional.

Una foto, que fue compartida muchas veces por WhatsApp, y que llegó a la Crónica de este Diario, mostraba los trabajos en los que se leía sólo lo siguiente: "Delegación Presidencial Regional de Valparaíso" en el acceso cercano a la plaza Cívica, lo cual fue duramente criticado por el presidente del Consejo Regional, Manuel Murillo.

"Lo encuentro penoso , porque el Estado debiera reconocer que el edificio donde funcionan las Seremías es un edificio del Gobierno Regional y por ende el poner o personalizar como un edificio de la Delegación Presidencial, la verdad lo encuentro insólito. Es una situación vergonzosa, porque habla de que el Gobierno Central no quiere reconocer que las regiones necesitan autonomía", dijo.

Este edificio, añadió, "fue construido con lo que generó esta región, y si no son capaces de reconocer a lo menos la infraestructura, menos son capaces de entregarnos más recursos".

Pero el sábado, y pese a que la fotografía que circulaba sólo tenía la frase señalada anteriormente, se pudo ver que se añadió "Gobierno Regional de Valparaíso", tal como muestra la fotografía que ilustra ese artículo.

Tras conocer esto, Murillo dijo que "de todas formas incomoda, porque están incurriendo en gastos de este tipo y no en un computador, porque por ejemplo el gobernador me va a tener que prestar su computador mientras me adecuan la nueva oficina. El Gobierno Regional no se ha preocupado de dar los insumos necesarios tanto para el gobernador como para el presidente saliente. No somos de la delegación presidencial, o sea, estamos de allegados en casa ajena".