Controversias y cuestionamientos marcaron el agitado clima en que se desarrolló la primera semana de funcionamiento de la Convención Constitucional, mandatada para redactar la nueva Constitución Política, que debe ser sometida a plebiscito en 2022, con el objeto de determinar si la ciudadanía está de acuerdo o no con su texto.

Los problemas partieron el domingo 4, junto con la instalación de los 155 convencionales constituyentes, cuando el himno nacional fue interpretado en medio de los gritos de "liberar a los presos por luchar" y la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, suspendió por más de una hora y media la ceremonia a raíz de incidentes en las afueras del ex Congreso Nacional, que de acuerdo al balance policial de esa noche terminaron con 20 detenidos y 30 carabineros heridos.

Pero en el ex Congreso esa jornada concluyó en calma tras la elección de la flamante mesa, presidida por la profesora y académica mapuche Elisa Loncon, quien postuló en lista independiente por un escaño reservado a su pueblo, mientras la vicepresidencia fue para el abogado y académico Jaime Bassa, independiente en cupo Convergencia Social, Lista Apruebo Dignidad, por el Distrito 7.

El lunes se tuvo que suspender la primera sesión de la Convención luego de que miembros del organismo acusaran problemas técnicos, de interconexión comunicacional entre salas, aparte de otros vinculados al cumplimiento de protocolos sanitarios vigentes, lo que motivó duras críticas de las autoridades de la instancia y de los diversos sectores políticos hacia el Gobierno. "Estamos en una situación muy compleja. No solo desde la perspectiva técnica, sino política. Aquí hay obstrucción", señaló el vicepresidente.

Recién el miércoles 7, cuando la bochornosa situación le costó el cargo de secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional a Francisco Encina -reemplazado por Catalina Parot-, se reanudaron las actividades, pero no tardó en aparecer un nuevo foco de conflicto, este vez vinculado a las votaciones para ampliar de dos a nueve los integrantes de la mesa. Más de 30 constituyentes de Chile Vamos solicitaron que se repitiera la votación sobre la que formularon 10 observaciones.

La jornada siguiente, jueves, estuvo centrada en la aprobación de la declaración que pide urgencia al indulto de "presos de la revuelta", "desmilitarizar el Wallmapu" y amnistiar a los "presos políticos mapuche" condenados desde 2001, que fue elaborada por el bloque Apruebo Dignidad (FA-PC), junto al colectivo socialista (PS) y que recibió el apoyo de la Lista del Pueblo y los Pueblos Originarios. Mientras esto se debatía, afuera se desarrollaban manifestaciones en favor del indulto, cuestionado por los sectores que sostienen que en el país no existen presos políticos y que este tipo de iniciativas no está dentro del rol de la Convención.

Hacia el término de esta agitada semana inaugural, el convencional Agustín Squella comentó que "la contingencia puede terminar devorando a la Convención, alejándola o perjudicándola en su objetivo". Más gráfico resultó ser el expresidente uruguayo Pepe Mujica, quien dijo a La Segunda que teme que la Convención sea una "bolsa de gatos", aunque destacó que el proceso constitucional "fue una cosa civilizada e inteligente dar esa salida para el encauzamiento de la crisis". A su turno, la periodista Patricia Politzer, constituyente de la lista de Independientes No Neutrales, planteó que hay que tener siempre presente que "esto no se instala en un mar calmo, tranquilo y soleado, sino que más bien en un mar turbulento" en medio de la crisis política y social.

Tres analistas abordan aquí las turbulencias de la semana que termina, las alianzas políticas que comienzan a operar en la Convención, la declaración que urge por indultar a los presos del estallido y otros aspectos del proceso constituyente.

Relación entre la convención y el gobierno

Atendido el primer conflicto por la imposibilidad de que la Convención sesionara lunes y martes en la sede dispuesta para ello, los académicos coinciden en que la relación entre el organismo y el Gobierno quedó al menos agrietada.

"Creo que lo ocurrido no es un buen antecedente. Probablemente va a ser una relación tensa en la medida que el Ejecutivo no haga los esfuerzos necesarios para que el proceso constituyente se realice sin problemas", opina Raúl Burgos, doctor en Historia por University College de Londres, director ejecutivo del Observatorio de Historia y Política (OHP) del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y académico de esa unidad.

"Hay que reconocer también que el Gobierno no ha sido proactivo ni ha tenido buena gestión en otras materias desde hace un tiempo, lo que le ha generado conflictos con el Parlamento, incluyendo sectores de su coalición, y un cuestionamiento por parte de la sociedad civil observable en los índices de aprobación que indican las encuestas.

Para Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), abogado y magíster en derecho constitucional, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes, "las relaciones entre ambas instancias comenzaron del peor modo posible". En los primeros días "La Moneda fue incapaz de garantizar el soporte administrativo y técnico, y de ofrecer una explicación razonable sobre los problemas ocurridos" y por otra parte "a ratos uno duda si la mesa de la Convención no intentó aprovecharse de estos

con turbulencias comenzó el funcionamiento de la convención constitucional, cuyos 155 integrantes fueron mandatados para redactar la nueva constitución que deberá plebiscitarse.

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl