Pese a que el debate en torno a la Convención Constitucional ha girado en torno a las cosas accesorias -las declaraciones en torno a los detenidos por hechos ilícitos durante el estallido social o el rol frente a la violencia en la Araucanía-, persiste dentro de la instancia, como un mar de fondo, la inquietud sobre cómo se expresará la norma de los dos tercios en la votación de los reglamentos comunes, así como en la definición de las nuevas normas constitucionales. La regla fue establecida con la intención explícita de que el resultado de la Convención de cuenta de un consenso amplio, capaz de sobrevivir más allá de las mayorías circunstanciales que surgirán en el trabajo diario de los constituyentes. Además, la aplicación de un quórum de dos tercios para las decisiones relevantes de la instancia responde mejor aún ahora, que ninguna lista electa alcanzó dicho umbral y, por tanto, no puede erigirse como piedra de tope en temas específicos.

Sin embargo, ya circula entre los convencionales una idea planteada por la constituyente Tania Madriaga, electa en la Lista del Pueblo por el Distrito 7, quien pidió abrir la discusión a la ejecución de plebiscitos intermedios cuando una norma no alcance los dos tercios y por ello no pueda ser aprobada. En palabras de la propia Madriaga, estos plebiscitos intermedios plantean que "la ciudadanía resuelva sobre aquellas materias que tengan el 50% más uno de apoyo en la Convención Constituyente, aunque no lleguen a los dos tercios".

Aunque es casi unánime la percepción entre los convencionales de que se debe garantizar alguna forma de participación y transparencia con las comunidades -de hecho ayer se aprobó una comisión provisoria para analizar ese tema-, la idea de Madriaga termina por subvertir el mismo mandato de la Convención: llegar a acuerdos para una nueva Constitución, y se erigiría como un incentivo para que cualquier grupo sin la mayoría de dos tercios se sienta tentado a aportillar el diálogo cuando se discute un tema de su interés. Lo que realmente se percibe de fondo en esta propuesta es la incomodidad de la constituyente Madriaga con el concepto mismo de una Convención Constitucional, una idea que la llevó a rechazar el acuerdo parlamentario que el 15 de noviembre abrió el camino para el actual proceso constituyente. De hecho, cuando aún ejercía como secpla de Valparaíso, Madriaga formó parte del grupo de militantes que, junto al alcalde Jorge Sharp, renunció a Convergencia Social y el Frente Amplio ante el acuerdo firmado de madrugada por el diputado Gabriel Boric. La Convención Constitucional no puede delegar su misión de elaborar el marco de reglas que organice la vida política del país por las próximas décadas y aunque debe garantizar transparencia y participación ciudadana, su responsabilidad ineludible es abordar esa tarea con la visión amplia que implicará someter dichas reglas a un plebiscito final, no a varios intermedios.

Este miércoles 14 de julio, cuando las 16 regiones del país iniciaron el proceso de contar por primera vez con un gobernador regional elegido democráticamente, Chile ha sido protagonista de un hito histórico que marcará un antes y un después en la carrera por construir un país más equitativo y participativo en cada uno de sus territorios.

No fue fácil, porque estaba en juego una nueva reconfiguración del poder y lo que aquello conlleva, pero si lo hacemos bien, dentro de unos años vamos a tener regiones empoderadas, con mayores capacidades instaladas, con renovados liderazgos, con mayor incidencia ciudadana y cercanía en la toma de decisiones, con planes y programas propios y con una hoja de ruta construida desde la identidad y la realidad de este Chile diverso.

Nunca bajamos los brazos y siempre estuvimos atentos a cualquier acción que buscara frenar este proceso. La clave ha sido actuar con mucha transversalidad, mucho diálogo y representatividad. Construimos entre todos un amplio consenso que hizo suya esta causa por la descentralización y la regionalización. No podemos dejar de mencionar el rol que jugaron expertos, centros de pensamiento, universidades, alcaldes, concejales y consejeros regionales; los consejos de la sociedad civil, los funcionarios públicos y los gremios empresariales de muchas regiones. Podemos olvidar a algunos, pedimos excusas, pero lo que queremos destacar es que llegamos hasta acá porque hubo voluntad, compromiso y generosidad de muchas y muchos.

Siempre lo hemos dicho y lo reiteramos: la descentralización debemos entenderla en un nuevo clivaje. No es patrimonio de la izquierda o de la derecha. No es un atributo ni del gobierno ni de las oposiciones. Hay en todo el arco representativo de la sociedad chilenas fuerzas que legítimamente están a favor y en contra de estos cambios. Este es un dato muy importante para tener presente y seguir avanzando en la acumulación de mayores adhesiones.

A partir de ahora se dará un nuevo impulso a este proceso, que será largo y no exento de complicaciones. Pero con todo, asumen sus cargos con más facultades y competencias (92) que las que tenían los gobiernos regionales el 2018, las que, por cierto, habrá que ampliar y mejorar. Pero hay que actuar también con sentido de urgencia, permitiendo una adecuada instalación física y más recursos ahora en el Presupuesto 2022.

Por cierto, hay grandes temas pendientes sobre los que deberemos seguir legislando de cara al próximo gobierno y en el marco del proceso constituyente: una Ley de Financiamiento Regional que, entre otras cosas, obligue a las empresas a tributar en las regiones donde está el emprendimiento. Limitar las excesivas facultades del delegado presidencial, incrementar las reales competencias sectoriales transferidas a los Gobiernos Regionales y avanzar en una profunda reforma municipal durante los próximos años, que permita la creación de los gobiernos municipales.

Como senadores de la Bancada Regionalista, mirando a quienes asumen en sus cargos, reiteramos nuestra voluntad y disposición para seguir apoyando y acompañando este proceso que sabemos es fundamental para Chile y cada uno de nuestros compatriotas en regiones.