Constanza Peña Moya

En plena subida Agua Santa, a la altura de la curva Santa María, se contempla la construcción del proyecto denominado Paseo Mirador. Definido como un bulevar rodeado por áreas verdes, no cuenta aún con una fecha exacta para el inicio de su construcción. Pese a ello, desde el pasado 10 de junio tiene el permiso de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar para ejecutarse.

Según se indica en la autorización, se trata de un centro comercial de ocho niveles -tres de ellos subterráneos- en el que se emplazarán un cine, un gimnasio, un supermercado y 117 locales comerciales. De igual forma, tendrá un total de 593 estacionamientos para vehículos y 887 para bicicletas. La inmobiliaria Triangular SpA. será la encargada de su desarrollo, que según estiman, tardará unos 18 meses.

IMPACTO en el sector

Nicolás Otero, el arquitecto a cargo del proyecto, asegura que la iniciativa apuesta por una mejora para la calidad de vida de los vecinos. Sobre su magnitud, afirma que utilizará "menos de la mitad del paño privado que adquirimos y la mitad de la constructibilidad permitida por normativa". "Lo que se construirá equivale en torno al 15% de lo que la gente conoce como un mall", dice.

"La información que nos han aportado los vecinos nos ha permitido transformar el proyecto inicial en un boulevard vecinal, el cual mejorará su calidad de vida al disminuir significativamente los tiempos de desplazamiento que tienen para acceder a estos servicios y puntos de recreación", indica, añadiendo que su construcción aterrazada no afectará la vista al mar de los vecinos.

De acuerdo a la empresa, adicionalmente, buscan aportar al barrio a través de la implementación de dos proyectos comunitarios: mejoras para la Escuela Santa María, ubicada a pocos metros; y la donación de un espacio verde -justo frente al edificio Calafquén- cuyo uso será determinado junto a los vecinos. Por último, estiman que las obras permitirán la creación de unos 500 empleos temporales, así como unos 700 definitivos tras su apertura.

Congestión vial

Pese a lo ya señalado, desde la inmobiliaria reconocen que uno de los principales desafíos que han enfrentado tiene relación con la vialidad del lugar. En efecto, tras darse a conocer el proyecto, no pocos vecinos y autoridades han expresado su inquietud frente a un eventual aumento de la congestión.

Es precisamente uno de los argumentos de quienes ingresaron, este lunes, un reclamo de ilegalidad que busca dejar sin efecto el permiso de edificación otorgado por el director subrogante de Obras, Rolando Vásquez, a Paseo Mirador. A su juicio, junto con incumplir la envergadura máxima para los centros comerciales en el lugar, el proyecto podría traducirse en un colapso vial en un sector que ya presenta problemas a causa del rápido crecimiento inmobiliario.

Consultado al respecto, el seremi de Transportes, José Emilio Guzmán, constata que "hemos incorporado al proyecto mencionado una serie de medidas de mitigación y de impacto vial, que fueron solicitadas y consensuadas con otros servicios que son parte de la denominada Ventanilla Única, tales como Serviu, el MOP, el municipio, Vialidad, Sectra, UOCT, entre otros".

Tras aprobarse su Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), la empresa debe implementar una serie de acciones orientadas a "dotar de mejor seguridad vial a ese sector, así como también de un mejoramiento del espacio vial donde habitualmente transitan vehículos particulares y transporte público". Según confirman desde la secretaría ministerial, se trata de cerca de 350 medidas que contemplan la repavimentación del sector y la instalación de elementos de seguridad y de señalética, entre otros.

Frente a la bahía de Quintero, pero impedida de desembarcar, permanece desde el pasado miércoles la tripulación del buque tanque Olaf. El capitán de relevo de la nave -quien viajó en avión con un pasajero que dio positivo por covid-19- es considerado sospechoso de portar la cepa delta, y por este motivo debió ser enviado de forma preventiva a una residencia sanitaria.

Según explicó el seremi, Georg Hübner, la alerta se activó luego de que se identificara el ingreso de otra persona al país con la variante delta, por lo que el resto de pasajeros del vuelo comenzaron a ser considerados. En este caso, el capitán del buque es "uno de los tripulantes que venían en dicho vuelo, proveniente de España, y que al ser uno de los contactos estrechos, obviamente tiene que cumplir su aislamiento respectivo".

"Este miércoles logramos contactar al usuario luego de que se nos notificara desde el centro de enlace sobre su secuenciación genómica, y actualmente la persona está en una residencia sanitaria, cumpliendo de acuerdo a los protocolos sanitarios", dijo Hübner, agregando que este jueves se le aplicó un nuevo PCR, que no había sido revelado hasta el cierre de esta edición.

En tanto, el capitán de puerto de Quintero, capitán de fragata Gabriel Núñez, indicó a radio Bío-Bío que, una vez se tengan os resultados, "de ser negativos, la persona nuevamente se embarca, se hacen los relevos y el buque queda con libre plática sanitaria". Por el contrario, según explicó, "en el caso de dar positivo, esta persona se mantiene dentro de su residencia sanitaria y el buque queda en cuarentena por 14 días". De esta manera, la totalidad de los tripulantes del barco podrían verse obligados a permanecer en el buque.

Casos y ocupación uci

Mientras que la región sumó este jueves 205 casos nuevos, dando lugar a avances en el Plan Paso a Paso, la ocupación de UCI, si bien ha bajado, sigue en un nivel que la plataforma iCovid -de las Universidades Católica, Chile y Concepción- considera riesgoso. Mientras que 167 camas críticas siguen ocupadas a nivel regional, un 63,9% de los pacientes que las usan tienen covid-19.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar rechazó ayer la solicitud de la defensa y mantuvo en prisión preventiva a Luis Eduardo Corvalán Suárez, acusado por el Ministerio Público, junto a otros, como autor del delito de incendio con peligro para las personas y daños simples, ilícitos perpetrados en octubre de 2019 y que destruyeron la Municipalidad de Quilpué.

En resolución dividida, el tribunal rechazó el cambio de cautelares, por considerar que, en esta etapa procesal, no han variado las circunstancias que se tuvieron presentes al decretar la privación de libertad de Corvalán.

Según la acusación fiscal, los imputados Sergio Jaramillo, Vicente Palominos y Luis Corvalán " junto a un grupo de individuos hasta ahora no identificados, concurrieron previamente concertados hasta el sector de la Municipalidad de Quilpué, en Vicuña Mackenna N°684, lugar donde actuando coordinadamente, procedieron a incendiarla".

Luego, Corvalán "se acerca al sector de la plaza por donde hay una pileta, saca desde el interior de una mochila que portaba una botella, con esa se dirige al frontis de la Municipalidad entregando la botella a otro sujeto, hasta ahora no individualizado, quien la toma e ingresa al interior de la Municipalidad atendido que las puertas fueron forzadas y con el elemento que contenía la botella entregada por Luis Corvalán, lo arroja al interior de la Municipalidad contribuyendo a la propagación del fuego. Posteriormente, don Luis Corvalán se traslada por el exterior de la Municipalidad y coordina e incita a otros sujetos a destruir una de las cámaras".

El caso ha generado críticas de exautoridades hacia la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, ya que ésta se abrió a la posibilidad de rebajarle la medida cautelar de prisión preventiva al imputado Sergio Jaramillo.