Profundos cambios aplicó ayer Gendarmería de Chile para enfrentar las deficiencias que permitieron la fuga de seis reos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, el viernes pasado. Las repercusiones del escape, el más grave ocurrido en el penal porteño desde que en agosto de 1999 un grupo de cinco presos vulneró las rejas del recinto, seguirán por bastante tiempo y contemplan una serie de medidas que tienen como principal objetivo fortalecer la capacidad logística y operativa del sistema penitenciario en toda la región.

Por lo pronto, Gendarmería aceptó la renuncia de los oficiales a cargo del complejo de Valparaíso: el director regional subrogante a la fecha de la fuga, coronel Luciano Chávez; la alcaide y jefa operativa del establecimiento penitenciario, teniente coronel Romina Campos, y la directora regional de la institución, coronel Sandra Toledo. El hecho no es baladí en un país donde las responsabilidades administrativas son perseguidas en largos juicios sumarios y las sanciones suelen ser aplicadas a destiempo, cuando el error y el daño causado ya han quedado tan atrás que la ciudadanía -incluso los propios funcionarios de la institución- no logra identificar el ejemplo punitivo que busca todo ejercicio de justicia.

Pero el proceso no quedará en el mero descabezamiento de las jefaturas del complejo. La institución confirmó que iniciará una intervención integral del sistema de cárceles en la región, para lo cual puso a cargo al subdirector operativo, Pablo Toro Fernández. Su tarea será realizar un diagnóstico general de las operaciones, recursos y situación de los establecimientos penales de la zona, aunque los sindicatos funcionarios ya anticiparon algunos datos que le servirán para el análisis y que se resumen en un problema crónico de baja dotación. La profundidad de la intervención da cuenta de la magnitud del problema que enfrentará Gendarmería, que solamente este año ha visto funcionarios desvinculados por colaborar con el tráfico de drogas y errores en el manejo de la pandemia, al punto de que juicios emblemáticos han debido postergarse debido a contagios masivos entre los reos involucrados. Sin embargo, más allá del caso puntual gatillado por la fuga ocurrida hace menos de una semana, es hora que el Estado tome en serio una reforma global al sistema penitenciario chileno, no solo para evitar que los reos primerizos salgan de su primera condena como avezados, sino porque los penales son una parte integral de todo el Poder Judicial. Esto requiere más recursos, sí; más dotación en cada recinto, sí; pero también una mirada capaz de abordar el problema de la delincuencia con un horizonte más acorde a la segunda década del siglo XXI.

En nuestro país, al menos unas 200 mil personas son celíacas, es decir, no pueden consumir alimentos que contengan gluten (trigo, cebada, avena y centeno). Hasta ahora no era una obligación su etiquetado, por lo que claramente el que se incluya el sello de la espiga tachada en aquellos productos libres de esta proteína contribuirá no solo a prevenir la contaminación cruzada, sino también a mejorar el acceso a la información.

Sin embargo, para verificar que este tipo de políticas públicas y otras tengan los resultados esperados se requiere dar un paso más: el análisis y tratamiento de datos precisos haciendo uso de la interoperabilidad, es decir, con certeza jurídica de esos actos. Por ejemplo, en el ámbito de iniciativas sobre el acceso a la información, si bien la Ley de Etiquetado de los Alimentos, promulgada en 2012, ha regulado este derecho respecto del contenido calórico y de azúcares, entre otros aspectos, buscando proteger a los niños y adolescentes de la publicidad de alimentos "ALTOS EN" nutrientes relacionados con la obesidad y otras enfermedades no transmisibles, nuestros niños siguen siendo obesos y los estudios lo dicen.

De acuerdo a la Encuesta de Vulnerabilidad Junaeb 2020, el 54% de los estudiantes consultados se encontraba en el grupo de sobrepeso y obesidad, mientras el nivel que sobrepasó a todos los otros cursos con la mayor prevalencia de obesidad total fue kínder. Este último dato me parece tremendamente grave y preocupante y me confirma la urgente necesidad de introducir mejoras a las políticas públicas en materia de salud con ayuda de la interoperabilidad y del uso de inteligencia artificial para el intercambio y tratamiento de la información; ello, de manera coherente, sin que se pierda su significado.

¿Cuántos niños obesos se proyectan en Chile en la próxima década? ¿Qué enfermedades prevalecen más en determinada zona y región del país? ¿Qué patologías que están en el AUGE se podrían reclasificar? ¿En qué grupo etario se requiere focalizar el tratamiento del cáncer? Son todas preguntas que pueden ser resueltas con el correcto intercambio y manejo de cifras.

Es importante recalcar que la interoperabilidad trabaja con datos de menores de edad anonimizados, por lo tanto, se vela por su uso responsable y protegido. Para este tema he trabajado la idea de una "Infraestructura Integrada de Datos" junto a profesionales del Laboratorio de Gobierno de la U. Adolfo Ibáñez y de universidades del consorcio formado para apoyar esta iniciativa y que son parte del Comité Asesor Ministerial de Datos de Interés Público creado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Las primeras conclusiones apuntan a que su alcance es factible y será muy útil para el desarrollo de políticas públicas basada en datos y no en encuestas.

La interoperabilidad tiene un potencial tremendo y sus beneficios son comprobables. En el fondo, es sacar el máximo provecho a los datos, bajo el principio de solicitarlos una sola vez para su almacenaje y correcto tratamiento. Es hora de que los gobiernos, sin importar el color político, hagan suyo este desafío, pues necesitamos avanzar hacia una República Digital donde cada ciudadano se relacione digitalmente con el Estado, ya que ese es el gran futuro que nos espera si aspiramos a convertirnos en un país desarrollado.