"No vamos a permitir que la calle Condell muera como le ocurrió a la calle Serrano hace algunos años". Las palabras del presidente de la Corporación Comercio Unido de Valparaíso, Héctor Arancibia, ante la comisión de senadores que analiza el proyecto que busca indultar a los presos del estallido social de octubre de 2019, fueron parte de los testimonios dados por los dirigentes gremiales de aquellos negocios más afectados por la violencia y el fuego.

El 40% de los locales de Condell resultó destruido o quedó inutilizable luego de cinco meses continuos de vandalismo y saqueo. Los pequeños establecimientos que podían seguir funcionando tuvieron que convertirse en verdaderos búnkeres: tapiaron las puertas con pesadas cortinas de fierro y atendían al público por estrechas rendijas, dando a las cinco cuadras que median entre las calles Aníbal Pinto y Molina un aspecto de ciudad abandonada posbombardeo, del que aún no se recuperan del todo.

Ante los senadores, Arancibia comentó que los comerciantes porteños, especialmente las mujeres que tenían a su cargo la atención, no podían olvidar el ruido de palos golpeando fierros, porque era el que en esos nefastos días hacían los palos blancos contratados por los saqueadores para anunciar su llegada o alertar de un local particularmente deseable.

Y si bien Condell fue quizás el epicentro del estallido en la Región, otras arterias con presencia de comercio detallista también sufrieron daños, pérdidas y detrimento debido a la acción vandálica de grupos, en comunas como Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Quillota y La Calera.

Por todos estos hechos es que resulta incomprensible que la moción parlamentaria pida la aplicación de un indulto sobre quienes "en calidad de autores, cómplices o encubridores" sean responsables de los delitos mencionados en el artículo 474° del Código Penal: "El que incendiare edificio (...) causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever".

Para los comerciantes del centro porteño, quienes han sido detenidos en las circunstancias de saqueo y quema de locales no son heraldos de un nuevo Chile ni precursores de un cambio constitucional. Ejemplo de ello es que las jornadas más duras vividas por los locales de Condell fueron los días 26 y 27 de noviembre, cuando ya se había zanjado el acuerdo parlamentario para abrir el camino hacia una nueva Constitución. De avanzar el proyecto sin modificaciones adecuadas, atendiendo los duros testimonios dados por los comerciantes víctimas de la violencia ocurrida en el estallido social, estaremos ante la paradoja de que quienes son responsables de daños y saqueos tendrán mayores beneficios que los afectados por dichas acciones, una situación que resulta incomprensible cuando buscamos construir una sociedad más justa.

Este 30 de julio se conmemora el Día Internacional Contra la Trata de Personas, flagelo que constituye una grave violación a los derechos humanos, en que las personas son consideradas un objeto, cosificadas como una mercancía, victimizando en especial a mujeres y niñas (Informe 2016, UNODC), en su mayoría, con fines de explotación sexual. La trata es considerada el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial.

Se considera un delito en Chile desde el año 2011 (ley 20.507) y consiste en captar, trasladar, acoger o recibir a una persona mediante violencia o engaño, para someterla a explotación sexual, pornografía forzada, mendicidad y/o trabajos forzados, servidumbre, uso de niños para la extracción de órganos o contextos de guerra (niños soldado).

A nivel mundial, así como en nuestro país, la trata suele ser muy invisibilizada, siendo un delito de escasa detección y condena. El actual contexto de pandemia no ha hecho más que acentuar dicha situación, dificultando su persecución y erradicación. Las condiciones de vida de las personas se han visto fuertemente afectadas, acrecentando las desigualdades y creando una crisis humanitaria. Si bien se ha visto restringida la libertad de movilidad, limitando las posibilidades de migrar para quienes se ven en la necesidad de buscar mejores horizontes, lo cierto es que las redes de trata y explotación que se benefician de las condicionantes descritas se adaptan utilizado vías alternativas, diversificando la "estrategia de negocio" (UNODC 2020).

Tal como se ha visto en la experiencia del programa ESCI OPCIÓN, la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual se mantiene activa desde las redes sociales y el uso de dispositivos como celulares o computadores, burlando barreras legales con las que cuentan diferentes países para detectarla. Dicha experiencia también nos ha mostrado la relevancia de explorar no solo las trayectorias de vida -en cuanto a historia familiar, de vínculos afectivos, de relaciones con pares y escolares- sino, también, las trayectorias de movilidad -como cambios geográficos tanto intra como transregional-, estableciendo rutas que muchas veces se mantienen inexploradas e invisibilizadas no solo por los servicios sociales y organismos encargados de su detección, sino también por la mismas víctimas, dada la imposición del secreto, del miedo a denunciar, o ser denunciado y devuelto al país de origen.

La trata y sus redes fomentan la sensación de soledad, promueven el temor hacia las instituciones del país de acogida, refuerzan el silencio en las víctimas, su aislamiento y la imposibilidad, por tanto, de que otros vean el propio sufrimiento.