Llámalo justicia, para justificar tu venganza
La reanudación de las declaraciones desmedidas, la irresponsabilidad de políticos y constituyentes, y el regreso de la violencia no son una buena señal. Esta semana, la Comisión de Constitución que analiza el indulto a los presos del estallido recibió a la Multigremial Nacional para escuchar su versión.
El protagonismo alcanzado por los denominados "presos de la revuelta" en los últimos días ha sido bastante llamativo, tomando en cuenta que precisamente la discusión por su condición y el apoyo de la Convención Constitucional a presionar por un eventual indulto ralentizó severamente la puesta en marcha de este organismo colegiado. A continuación, el debate siguió escalando cuando el exprecandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, responsabilizó a su entonces contrincante y hoy candidato a La Moneda de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de ser responsable de la suerte de estos "presos políticos", como firmante del Acuerdo de Paz del 15 de noviembre de 2019 y la Ley Antibarricadas. Mucho de ello, obviamente, redundó en la agresión sufrida el día viernes por el diputado en la cárcel Santiago Uno, lugar al cual acudió -de forma un tanto ingenua, claro está- a "interiorizarse" de la situación de los detenidos por los desórdenes que siguieron al estallido social del 18 de octubre de 2019.
Esta semana, asimismo, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado que analiza un posible indulto (que se acerca peligrosamente a una amnistía, como bien sentenció José Miguel Insulza) recibió a la Multigremial Nacional para escuchar de primera fuente los estragos causados por los saqueos y las vandalizaciones que, en la práctica, duraron casi cinco meses, como ocurrió en Valparaíso. Sorprendentemente, y tras oponerse a cualquier atisbo de indulto, el presidente de la agrupación Comercio Unido de la Ciudad Puerto, Héctor Arancibia, y su par de los Locales Nocturnos, Raúl Rojas, se enteraron por medio de este Diario que en la Región solo existen cinco detenidos en prisión por los desmanes de aquellos días y que ninguno de ellos tiene ni la más mínima relación con la destrucción, incendio y saqueo de los locales de calle Condell y la zona cero porteña. Esto, pese a que los comerciantes realizaron numerosas denuncias a la justicia e incluso colaboraron con datos, fotografías y videos para investigaciones que, ahora suponemos, quizás nunca se hicieron.
A fines de esta semana también pudimos ver cómo Fabiola Campillai, cuyo rostro resultara cobardemente desfigurado y perdiera la visión de ambos ojos tras ser atacada por un hoy excarabinero en un paradero del sector sur de Santiago, hizo un llamado a la violencia después de enterarse de que la Corte de Apelaciones de San Miguel revocara la prisión preventiva contra su agresor, formalizado por el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas. Pocas horas más tarde, la violencia arreció con los locales comerciales del barrio capitalino de Lastarria, quizás uno de los más azotados del país por la delincuencia y la pandemia.
Algo nos está pasando como país y, pese a lo que muchos puedan pensar, esto no va a terminar bien.