El caso Pümpin y las consecuencias urbanas
El Concejo Municipal de Valparaíso rechazó la propuesta de conciliación de la Inmobiliaria del Puerto que reducía el número de edificios. Pese a que varias comunas del Gran Valparaíso tienen planes reguladores recién actualizados, persiste la pugna entre vecinos y las constructoras que proponen nuevos proyectos.
El rechazo dado por el Concejo Municipal de Valparaíso a la propuesta de conciliación elaborada por la Inmobiliaria del Puerto SpA, a instancias de la Tercera Sala de la Corte Suprema, para viabilizar el proyecto Parque Pümpin, en el Barrio O'Higgins, es el último ejemplo sobre la ausencia de mecanismos que permitan resolver a tiempo las controversias urbanas entre vecinos o autoridades locales y los gestores privados que buscan desarrollar ideas en una comuna.
La idea de un acuerdo en este tema surgió de los propios jueces supremos, quienes advirtieron que una sentencia definitiva favorecería a una de las partes, con un perjuicio mayor que el trato directo entre las partes, algo así como un camino intermedio. A instancias del juez Sergio Muñoz, encargado de supervisar el proceso de conciliación entre el municipio y la inmobiliaria, esta última aceptó reducir el proyecto de 23 a 15 edificios (con una altura máxima de 12 pisos), reducir la ocupación de las 10 hectáreas para darle prioridad a las áreas verdes de lo que antes era el Jardín Suizo, entregar la zona no usada al municipio en un comodato de cinco años y a los vecinos un permiso para el uso de la boletería del ex Estadio Chile Tabacos. El rechazo a la oferta aprobado por los concejales desechó esas opciones y abrió la puerta a que la inmobiliaria siga adelante con una demanda indemnizatoria por los gastos en que ha incurrido desde que recibió el permiso de obras otorgado por la DOM de Valparaíso hasta el minuto que el alcalde Jorge Sharp revocó dicha autorización.
Aunque cada uno tiene sus particularidades y diferencias, el caso Pümpin se suma a las crecientes controversias inmobiliarias que hay en el Gran Valparaíso: la oposición al proyecto de Parque Las Salinas, en Viña del Mar; el rechazo a la construcción de conjuntos habitacionales en Villa Alemana; y los recursos contra un edificio en la avenida Urmeneta, en Limache, entre los más sonados de los últimos años. En todos ellos los vecinos han recibido el apoyo de las autoridades edilicias recién electas para salvaguardar algún valor urbano o natural que ven amenazado ante la arremetida de las empresas constructoras. El problema es que muchas veces estas acciones terminan consolidando un nefasto círculo de deterioro: la falta de certezas aleja las iniciativas habitacionales de los núcleos residenciales consolidados y ejerce presión hacia los extramuros de las comunas, que en los últimos años han debido extender su mancha urbana (cada nuevo Plan Regulador ha servido, justamente, para justificar un crecimiento de los límites urbanos) hacia zonas rurales, muchas veces cercanas a zonas de alto valor natural.
¿Cómo equilibrar los intereses de vecinos y privados para evitar que el resultado sea un perjuicio mayor? ¿Cómo evitar que la planificación urbana quede obsoleta a los pocos años de ser promulgada? De no haber respuestas a estas interrogantes, todo indica que las controversias aumentarán.