De acuerdo a fuentes municipales, se espera que comiencen a trabajar a la brevedad en investigar las denuncias de funcionarios respecto a pagos indebidos y la acusación que hace la propia alcaldesa respecto a una red de crimen organizado al interior de la institución.

Las conversaciones ya están hechas y hoy viernes se cerrará el contrato para sus servicios.

"Nos encontramos con una estructura completa, principalmente en la Corporación, para hacer defraudación de los dineros públicos y no tenemos la expertis para hacernos cargo de manera personal y, por eso, lo que estamos haciendo es abrigándonos con un equipo técnico especializado y este viernes llega ese equipo a trabajar", precisó Ripamonti.

Los abogados Gajardo y Norambuena son especialistas en investigación sobre corrupción. El primero, abogado de la Universidad de Chile, fue fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente 2014-2018 con especialidad en delitos económicos, informáticos, lavado de activos y corrupción. Entre los casos que ha investigado, se encuentran, además del financiamiento irregular de campañas políticas respecto al caso Penta, la indagatoria a los dineros entregados por Soquimich a parlamentarios y Corpesca, entre otros.

También fue abogado del Consejo de Defensa del Estado entre los años 1998 y 2001, y hoy, tras salir del Ministerio Público en enero de 2018 junto a Norambuena, tras estar en desacuerdo con la decisión de la suspensión condicional de procedimiento contra Iván Moreira, armaron el estudio de abogados que indagará en Viña del Mar.

Por su parte, Norambuena es abogado de la Universidad Central de Chile. Fue fiscal en Ñuñoa y Providencia, en la Unidad de Delitos Económicos entre 2005 y 2014, además de persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente (2014-2018). Es especialista en delitos económicos, informáticos, lavado de activos y corrupción.

La Fiscalía de Viña del Mar informó, al ser consultada sobre las denuncias anunciadas por Ripamonti, que inició investigación "por eventuales delitos de exhumación o traslado de cadáveres y hurto agravado tras la presentación de una querella", a cargo del fiscal Stefan Kramar. "Se encuentra vigente y en etapa investigativa, donde se han ejecutado una serie de diligencias y otras siguen en desarrollo". Además, en junio de este año se abrió una nueva causa la que fue asignada por la fiscal regional a la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), tras recibir una denuncia respecto a la comisión de eventuales delitos de espionaje, sabotaje informático y de malversación de caudales públicos, a partir de pagos realizados a distintos funcionarios de la Corporación Municipal de Viña del Mar".

Pamela Boltei

Diputados que han sido parte de investigaciones relacionadas a la Municipalidad de Viña del Mar, como algunos de los ediles que presentaron la acusación por notable abandono de deberes contra la exalcaldesa Virginia Reginato coincidieron en el diagnóstico preliminar hecho por la alcaldesa Macarena Ripamonti respecto a la Corporación Municipal.

Marcelo Díaz (UNIR) solicitó a la Fiscalía Nacional Económica indagar respecto a la licitación para el nuevo operador del Terminal de Buses de Viña, como también presentó antecedentes en la Contraloría. "Me parece bien, creo que es importante actuar con transparencia y ella lo está haciendo y está dando cuenta públicamente de la realidad que se encontró al asumir el municipio. Me parece bien que, en la medida que ella tiene sospechas de eventuales irregularidades, delitos que se pueden haber cometido en el municipio, se actúe ante las instituciones que corresponde, que es el Ministerio Público. Es lo que se esperaba de su gestión, así que respaldo las decisiones que está tomando", señaló.

Agregó que "cuando uno hace una presentación a la Contraloría es por la sospecha de que las cosas no se están haciendo bien, por eso solicitamos la investigación respecto al déficit, a las cámaras de televigilancia. No me sorprende mucho que la alcaldesa Ripamonti diga que encontró esta realidad en el municipio, habían antecedentes que hacían sospechar de esto".

Rodrigo González (PPD), por su parte, indicó que "hay un grupo de operaciones que son absolutamente opacas y totalmente poco transparentes y que se parece a lo que se podría llamar una suerte de mafia. Esa gente ha hecho actos que son absolutamente reñidos con la ley, la ética y que merecen el calificativo que le dio la alcaldesa".

Uso de fondos SEP

Al profundizar en eso, señaló que "se ha usado la ley SEP para objetivos que están reñidos con la ley y que no corresponden al uso que se les debiera dar a esos recursos y eso debe ser investigado a fondo. En algún momento lo conversé con la propia alcaldesa y con personas del municipio y estoy trabajando para buscar todos los antecedentes para entregarlos. El fraude que se ha hecho ahí es que se han usado para objetivos impropios los fondos destinados a los niños más vulnerables. Deberían estar destinados a las escuelas, pero han sido usados para pagar sueldos de funcionarios, y eso es una malversación de fondos porque no son los objetivos para los cuales fueron destinados. Lo segundo es que en el cementerio he detectado situaciones de carácter delictivas que ya denuncié".

El edil reelecto, Carlos Williams (RN), quien estuvo en el periodo anterior, señaló que "las afirmaciones hechas por la alcaldesa Ripamonti dejan al descubierto una gravísima irregularidad que, aparentemente, constituirían delitos. Los funcionarios, tanto de la Corporación como del municipio, después de muchos años soportando presiones, se han sentido con la confianza y libertad denunciando hechos irregulares, sabiendo que no tendrán represalias. Creo que la determinación adoptada por la alcaldesa, de contratar un equipo externo, con la expertise en este tipo de materias, ha sido muy acertada. Por lo tanto, apoyo esta moción con la convicción que los responsables sean judicialmente perseguidos".

Investigar a fondo

Su par Sandro Puebla (Ind. pro PS), quien también fue reelecto, comentó que "se tiene que investigar a fondo y determinar quiénes son responsables, con nombre y apellido, del tremendo perjuicio que se le ha hecho a la ciudad. Yo en lo personal vengo hace años denunciando, de hecho obtuvimos una sanción ejemplar en contra de la exalcaldesa Reginato por abandono de deberes. Ahora debe investigarse quiénes actuaron amparados por ella para perjudicar el patrimonio de la municipalidad. De algo estoy claro, esto no fue casual ni un simple descuido, acá existía una organización destinada a mantenerse en el poder a cualquier precio".

La exconcejala Marcela Varas (PPD) coincide con Ripamonti, respecto a su diagnóstico, "en cuanto a los graves hechos acontecidos al interior del municipio liderado por la alcaldesa Reginato y su círculo de hierro, encabezado por su jefa de Gabinete, María Angélica Maldonado, así como la forma en que operaba la Corporación Municipal de Viña".

Esa fue la razón, afirmó, por la cual "en el transcurso de mis 4 años como concejala cumplí con mi rol fiscalizador y pedí a la Contraloría Regional una investigación respecto al déficit municipal y las irregularidades del casino municipal y en paralelo -presentando junto a mi abogado Ricardo Sacaan- una querella criminal en julio del 2018, cuya arista horas extras está en curso y avanzando, según lo informado en reunión vía Zoom que sostuvimos el 8 de julio del presente año con el fiscal José Uribe".

"Se ha usado la ley SEP para objetivos reñidos con la ley que no corresponden al uso que se les debiera dar a esos recursos".

Rodrigo González, Diputado PPD

Luego de que el municipio de Viña del Mar presentara sus descargos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el diputado Andrés Celis (RN) criticó duramente a la nueva administración por la respuesta dada al recurso de protección presentado por vecinos de la comuna, que buscaban asegurar la construcción del futuro Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR).

"Los descargos realizados por la Municipalidad de Viña del Mar dan a entender que a la alcaldesa Macarena Ripamonti no le interesa la construcción del SAR de Miraflores. Lo único que hace en sus descargos es desligarse de responsabilidades, endosar aquella a otras autoridades públicas y negar que los vecinos hayan sido afectados en sus derechos fundamentales", dijo.

Añadió que "los municipios sí tienen responsabilidades en los asentamientos irregulares. (...) El retraso en la construcción del SAR afecta a los vecinos".