Mejorar control en las municipalidades
La alcaldesa Ripamonti presentará hoy un equipo de abogados que apoyará persecución penal de irregularidades en el municipio de Viña. Más allá del caso viñamarino, resulta clave reformular el sistema municipal de administración de recursos, cuya fragilidad queda al descubierto cada vez que una gestión se eterniza en el poder.
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, hizo la noche del miércoles una transmisión en directo por la plataforma Instagram, para dar a conocer los próximos pasos de su administración. Con marcado conocimiento de los tiempos y espacios que exigen las redes sociales y usando un lenguaje jurídicamente cuidadoso, pero suficientemente apelativo para cautivar a la audiencia que siguió en vivo sus palabras, la jefa comunal alertó por los últimos hallazgos hechos sobre eventuales irregularidades en la gestión de la alcaldesa Virginia Reginato. Con inteligencia mediática, Ripamonti habló de sumarios escondidos en cajones de escritorios, asociaciones criminales para defraudar al Fisco, prácticas generalizadas de abuso laboral y funcionarios que solo ahora se atreven a hablar tras vivir años asustados por las represalias. Ante la gravedad de los indicios descubiertos, la alcaldesa expuso la necesidad de reforzar la capacidad del municipio para ejercer acciones penales contra los responsables. Para ello el municipio contrató a un equipo de especialistas que estará liderado por los abogados y exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ambos especialistas en delitos económicos, lavado de activos y corrupción. Ambos, también, marcados en su paso por el Ministerio Público debido a la investigación que hicieron de los casos Penta y SQM, además de su bullada renuncia en enero de 2018, cuando acusaron al fiscal nacional, Jorge Abbott, de cambiar los criterios persecutorios en aquellos casos vinculados al financiamiento de la política.
En Viña del Mar, las irregularidades más complejas estarían ancladas en la Corporación Municipal, un signo de que el actual modelo de organización consistorial cruje catastróficamente cuando es sometido a un ejercicio mínimo de transparencia financiera. Un análisis del marco jurídico de las Corporaciones Municipales en Chile, realizado por el Observatorio del Gasto Fiscal, advertía en 2017 que "un aspecto que alerta sobre un potencial riesgo de conflicto de interés, es el hecho de que las corporaciones pueden recibir donaciones de carácter privado sin que exista la obligación de individualizar pública y explícitamente quiénes las entregan, cuáles son sus incentivos y cuál es el destino final de ellas, dificultando así el análisis y escrutinio público sobre las mismas". Pero ese es solo un botón de muestra de la serie de resquicios que existen en municipios y corporaciones para mantener parte de su funcionamiento fuera del control de los organismos responsables. Pese a ser falencias de larga data, el Congreso Nacional no se ha movido con rapidez para ajustar las normativas de municipios y corporaciones a las nuevas exigencias de probidad y transparencia que demanda la ciudadanía. Más allá de opinar del caso Viña del Mar, los parlamentarios deberían aterrizar las preocupaciones a marcos legales que permitan a los vecinos tener más confianza en el buen uso de los recursos.