En lo que fue un procedimiento conjunto entre la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), Carabineros, Fiscalía y Aduana, se desbarató una banda delictual de raíces mexicanas y, posiblemente, ligada al Cartel de Sinaloa, que pretendía ingresar más de dos toneladas y media de droga, cuyo destino eran comunas de Santiago, a través del puerto de San Antonio.

La también llamada "Operación Jalisco" fue descubierta mediante el uso de técnicas especiales de investigación por parte de Directemar, con las que se pudo dar con la agrupación criminal que gestionaba y contactaba a proveedores en México, con el objetivo de internar marihuana tipo creepy, la que posee una alta concentración alucinógena.

Las primeras sospechas llegaron a raíz de las altas sumas de dinero transferidas al extranjero, que fueron descubiertas por el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de la Directemar. Misma entidad que luego determinó que el destino de estos depósitos era financiar tanto la compra de la droga como gastos relacionados a la importación desde el extranjero.

Maximiliano Krause, fiscal a cargo de la investigación, señaló que "por medio de agentes encubiertos, que simularon prestar el servicio de transporte desde San Antonio hasta Santiago, para llevar a cabo una técnica especial llamada 'entrega controlada', se logró establecer que este grupo estaba constituido por personas principalmente de origen extranjero y una de nacionalidad chilena".

En total, fueron cuatro las incautaciones realizadas de esta sustancia, en un periodo de nueve meses, desde que se inició la investigación. El primero de ellos en diciembre de 2020, cuando se detectaron más de 350 kilos ocultos en un contenedor, ingresado como "respaldos para asientos de automóviles.

Entre marzo y abril de este año el trabajo investigativo permitió decomisar otros 1.200 kilos. Y recientemente, el 2 de agosto, se descubrieron 1.100 kilos más de la droga, hallados al interior de un contenedor que ingresó al país declarando traer consigo "macetas de barro" típicas de la artesanía mexicana.

Uno de los líderes de la agrupación, Andrix Alexander Aquino Girón, era el encargado de coordinar la importación de los cargamentos, todos ellos provenientes de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Desde la Fiscalía aseguraron que tres de los imputados, entre ellos una mujer, tenían la labor de recibir la droga para almacenarla en un inmueble de Santiago. Los demás participaban en labores relacionadas al financiamiento, así como esconder la mercancía una vez que estuviera internada en territorio nacional.

LIGAZóN CON SINALOA

"Esta banda estaba apuntando hacia donde más nos duele, que son las poblaciones de Chile", sostuvo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien agregó que para el Gobierno "siempre es importante dar golpes certeros al crimen organizado, sobre todo cuando están presentes la droga, las armas y la violencia".

La autoridad se refirió también al origen de los nueve imputados, cuya biografía daba cuenta de una situación migratoria "irregular", junto con sus comprobados vínculos transnacionales, posiblemente ligados a algún cartel en México. "Efectivamente, podría ser que exista una ligazón entre esta banda y el Cartel de Sinaloa", dijo.

Por otro lado, la autoridad del Interior le bajó el perfil a una supuesta inseguridad en los puertos de Chile en temas de narcotráfico.

"Las cifras son contundentes: 110% más de decomisos que el año pasado, 34% más de detenidos ligados a este tipo de bandas. Y por eso es tan importante para nosotros poder estar en cada una de estas operaciones, porque estas bandas se apropian de los barrios e intentan captar a niños y adolescentes, para que trabajen con ellos y así poder tener un control sobre el territorio", enfatizó el secretario de Estado.

Lavado de activos

Desde Carabineros se entregaron las cifras detrás de la incautación a esta "organización criminal internacional", que superan los 49 millones de pesos y diez mil dólares, todo en efectivo.

Junto con el dinero se incautó relevante documentación financiera, que dio cuenta de transacciones internacionales a través de una "compañía de servicios de mercado de giros, encomienda y envío de divisas al extranjero".

Desde la institución aseguraron que el próximo paso a seguir será ir detrás de esta organización en el lavado de activos y así recuperar el dinero ilegal.

"Hay que quitarles el patrimonio a estos transgresores para que dejen de delinquir y las bandas puedan ser desbaratadas definitivamente", aseguró el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

En cuanto a la percepción en torno al trabajo en conjunto de las policías, Aduana, Fiscalía y el Ministerio del Interior, la autoridad máxima de Carabineros sostuvo que "de haber podido concretar su objetivo de ingresar al país y cumplir con el itinerario dispuesto, estos cuatro cargamentos de droga, que en total, equivalen a dos toneladas y media, se habrían convertido en tres millones de dosis".

Para Ricardo Yáñez las cifras hablan por sí mismas. "Cuando se dice qué es lo que están haciendo las policías, que si hacen mucho o si hacen poco, la verdad que nosotros podemos dar cuenta que llevamos más de 17 toneladas de droga incautada durante el presente año, hemos hecho más 2.500 intervenciones en los barrios a nivel nacional con el objetivo de desarticular organizaciones que se dedican al narcotráfico", sentenció.

"Efectivamente, puede ser que exista una ligazón entre esta banda y el Cartel de Sinaloa".

Rodrigo Delgado, Ministro del Interior

"Hay que quitarles el patrimonio a estos transgresores para que dejen de delinquir y las bandas puedan ser desbaratadas definitivamente".

Ricardo Yáñez, General director de Carabineros

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana admitió a tramitación una querella presentada en contra de la alcaldesa de dicha comuna, Javiera Toledo, por haber contratado como asesor comunicacional, con un sueldo de 1 millón 600 mil pesos, a su pareja, el sociólogo Alexis Sanzana, caso que hace tres semanas fue denunciado por concejales y derivó en la renuncia del hoy exfuncionario municipal.

Los abogados que presentaron la querella son Juan Luis Tobar, Alan Díaz y Leonardo Contreras. Este último explicó que persiguen "el delito de tráfico de influencias, el de negociación incompatible y el de prevaricación administrativa, porque la alcaldesa, Javiera Toledo, contrata a Alexis Sanzana, con quien no solo tiene una relación de convivencia informal, sino que también tiene un vínculo familiar, porque tienen un hijo en común".

Contreras planteó que la jefa comunal "vulnera el principio de probidad, en el sentido de que ella no cumplió con el deber de abstención al momento de hacer la contratación, y la hace directamente ella".

Respecto del motivo de presentar esta querella ahora que Sanzana presentó su renuncia hace tres semanas y ya no ejerce el cargo en cuestión, el jurista explicó que "no fue una decisión de la alcaldesa el poner término al contrato revisando su ilegalidad, sino que es una renuncia del asesor, o sea, la alcaldesa fue contumaz con su acción ilegal".

Consultado sobre si persiguen un fin político, considerando que los tres abogados están vinculados a Renovación Nacional, Contreras expuso que "en lo personal, como abogado he patrocinado y he sido parte de las causas que se han iniciado en Viña del Mar por las horas extra, junto a Javier Gómez. Hoy día tenemos una querella por prevaricación judicial en contra de una magistrado del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, que declaró sobreseída una causa en contra de Virginia Reginato en su momento, y posteriormente, en otra causa donde eran parte funcionarios municipales y el actual seremi de Salud de la Región de Valparaíso, dicha jueza se inhabilitó por mantener una relación estrecha de años, tanto con Virginia Reginato, como con su familia. Entonces, estamos hablando de que acá no importa el color político, estamos hablando de que la corrupción sea extirpada de nuestros órganos administrativos más cercanos a la ciudadanía, que son los municipios".

Inhabilitarla para el cargo

Contreras espera que el Ministerio Público inicie una investigación sobre la causa y subrayó que "el objetivo es que si hay una infracción en el orden penal, los que la cometieron sean sancionados con las penas que establece el Código Penal", agregando que, de tener éxito en su acción judicial, la alcaldesa incluso podría ser removida de su cargo, "porque hay una pena asignada a los delitos que se están planteando, que podría ser sobre los tres años y un día, que es la pena aflictiva que denomina la ley, y que dejaría de cumplir los requisitos para poder ejercer el cargo".

El director jurídico de la Municipalidad de Villa Alemana, Ramiro Vargas, planteó que "los antecedentes relatados en la querella se refieren a hechos que fueron abordados y resueltos oportunamente por parte de la administración. Sin perjuicio de lo anterior, hacemos presente que se prestará la debida colaboración en las diligencias que se determinen por parte de los tribunales, velando siempre por el respeto de los derechos y el debido proceso".

"Ella no cumplió con el deber de abstención al momento de hacer la contratación y la realiza directamente".

Leonardo Contreras, Abogado querellante