Katherine Escalona M.

Con fecha 15 de julio del presente año, el estudio que asesora a la empresa Red Salud S.A., "Sargent & Krahn", envió una carta a la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) por "uso no autorizado de la marca y elementos gráficos" de la clínica y centros médicos en el proyecto de Red Salud Popular que lidera la entidad municipal.

En el documento queda establecido que la marca Red Salud, asociada "a centros médicos y clínicas dentales de la Cámara Chilena de la Construcción", utiliza los colores verde claro y verde azulado, más trazos característicos que -según la empresa- también se pueden identificar en la página web de www.redsaludpopular.cl.

Asimismo, consigna el escrito, "los elementos antes descritos en su conjunto permiten una fácil asociación con Red Salud, sus marcas comerciales registradas y los elementos gráficos" y aclaran que "este escenario puede inducir a confusión a los usuarios respecto de la naturaleza de los servicios médicos ofrecidos, así como también respecto de su origen o procedencia".

Por esto, solicitaron a la Cormuval el "cese completo e inmediato de toda campaña y material publicitario identificado bajo Red de Salud asociado a elementos gráficos de color verde y azul, (...) ya sea en forma presencial, impresa, audiovisual o vía internet" y "cesar en el uso y transferirnos el nombre de dominio redsaludpopular.cl que incorpora íntegramente Red Salud, elemento característico de nuestras marcas".

La empresa da una fecha de respuesta a la Cormuval para el 26 de julio o se vería en su derecho de activar acciones legales porque los actos descritos "podrían infringir los principios y disposiciones del Código Chileno de Ética Publicitaria".

"asombro" de director

La situación fue confirmada por el director de Salud de la Cormuval, Alejandro Escobar, quien afirmó que "con mucho asombro recibimos una carta del estudio jurídico que asesora a Empresas Red Salud S.A., perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción, en la que nos solicita el cese completo e inmediato de toda campaña y material publicitario identificado bajo Red de Salud, así como la prohibición en el uso y la transferencia a dicha empresa del nombre del dominio redsaludpopular.cl".

Recalcó que "lamentamos que se utilicen viejas prácticas de veto frente al avance de experiencias de salud que han beneficiado a más de 150 mil usuarios de los diferentes servicios populares de salud y que hoy suman cinco farmacias , dos ópticas, una ortopedia, un laboratorio y centro de especialidades médicas virtual".

Sobre el impasse detalló que "pensamos que más que la marca, tal vez el problema sea la incomodidad de ver cómo los municipios pueden desarrollar proyectos de desarrollo económico como el que Valparaíso ha venido produciendo en salud. Pero sobre todo lamentamos que se vea amenazada la disminución del gasto de bolsillo en salud de miles de porteños que, sin esta red de salud popular, estarían endeudados y pagando precios criminales".

Subrayó que ante la solicitud de la empresa "responderemos jurídicamente a este respecto y con la convicción del bienestar que esta estrategia ha producido a la ciudad durante estos últimos cuatro años".

La empresa manifestó que, tal como lo reiteran en la carta enviada a la Cormuval, "nuestro objetivo es que los usuarios no incurran en ningún tipo de error o engaño, especialmente considerando la naturaleza de los servicios involucrados", y explicaron que en ningún término la acción es para evitar el funcionamiento del sistema de salud municipal.

"Lamentamos que se utilicen viejas prácticas de veto frente al avance de experiencias de salud".

Alejandro Escobar, Director de Salud municipal

"Nuestro objetivo es que los usuarios no incurran en ningún tipo de error o engaño".

Red Salud S.A., Empresa

Dada una denuncia de presuntas irregularidades en torno a una contratación a honorarios para prestar los servicios de recuperación de reembolsos por subsidios por incapacidad de empleados de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), la Contraloría inició una investigación especial -el Informe Final de Investigación Especial N° 38, mayo de 2021-, en el que concluyó que había nueve observaciones.

Las dos primeras observaciones son altamente complejas (AC). En la primera la entidad de control precisa que se realizará un reparo por más de $13 millones, porque se da cuenta del pago de remuneraciones al funcionario entre los años 2018 y 2019, para efectuar una "evaluación al sistema de remuneraciones", situación que no habría sido acreditada.

La auditoría arroja que "los informes de actividades entregados por ese profesional y los antecedentes proporcionados por dicha entidad en su respuesta, sumado a las situaciones que se exponen, (...) no permiten acreditar que los servicios contratados hayan sido efectivamente prestados".

A esto suma que "los informes de gestión presentados en febrero de 2018 y febrero de 2019 -en los términos en que fueron redactados- no cumplen con lo estipulado en la cláusula tercera del contrato a honorarios analizado, que dispone que el objetivo de esos documentos era detectar, analizar y entregar información para la toma de decisiones respecto al proceso de remuneraciones y al subproceso de licencias médicas, en ámbitos de control interno, gestión presupuestaria y contable".

Otras observaciones

Si bien la mayoría de las conclusiones son de carácter administrativo, entre ellas se destaca que no se verificó "que los subsidios señalados como recuperados en los informes de gestión presentados fueron recobrados debido a las gestiones realizadas" y "no fueron proporcionadas las cartolas bancarias que acrediten el ingreso a las arcas de la Cormuval los cheques (...) por la suma de $25.751.000".

Además, "el manual entregado (por el profesional) corresponde a una copia textual del 'Manual de Procedimientos Sección Recursos Humanos Dirección Administración y Finanzas' de la Municipalidad de La Reina, el cual se encuentra publicado en el sitio web de esa entidad edilicia, sin que conste la utilidad que habría significado ese documento para la Cormuval".

Sobre el informe, el jefe de la unidad jurídica de la Cormuval, Rodrigo Vallejo, confirmó que "fue remitido a nuestra institución en mayo pasado", por lo que "se entregaron los antecedentes requeridos en el plazo correspondiente".

Afirmó que "en estos momentos se está a la espera de la respuesta de la Contraloría" y precisó que "debemos dejar claro que en el informe citado la Contraloría descartó la mayoría de los puntos de la denuncia y confiamos en que los antecedentes remitidos oportunamente le permitirán al ente contralor desestimar las observaciones formuladas".

"Confiamos en que los antecedentes remitidos (...) le permitirán al ente contralor desestimar las observaciones".

Rodrigo Vallejo, Jefe de la Unidad Jurídica

Una nueva arista surge en torno a la reforestación en las dunas, en el sector de las 20 hectáreas, dado que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) envió un documento a la Corte solicitando que no se acoja la orden de no innovar ya dictada contra Reconsa, puesto que afectaría el Programa de Cumplimiento (PDC) contra la empresa por los trabajos realizados en la calle Cornisa, en Concón.

El abogado de Duna Viva, Gabriel Muñoz, afirmó que "la SMA, a quien se le había pedido informar sobre su actuación -a nuestro juicio- negligente y culpable, no solo informa, sino que se hace parte defendiendo la actuación de Reconsa, lo que es insólito porque no fiscaliza, sino ampara".

En tanto, el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, precisó que parte del programa es "hacerse cargo de los efectos que corresponde a una medida de revegetación por la parte que se alcanzó a alterar del Santuario". Explicó que el cerco era para resguardar y luego sería retirado; y bajo este marco, dijo, la entidad se hizo parte en el recurso "porque el resultado del juicio le puede afectar a su decisión respecto de la aprobación del Programa de Cumplimiento".

Además, informó que ayer, en una causa paralela a la de la Corte de Apelaciones, el Tribunal Ambiental de Santiago "determinó que no existía un riesgo y negó la solicitud" de medida cautelar solicitada por la comunidad.