Contribuir al "empoderamiento popular y ciudadano en el marco del proceso constituyente de los y las habitantes de la comuna de Valparaíso y las organizaciones a través de las cuales participan". Tal es el objetivo de la ordenanza de participación ciudadana publicada por el municipio porteño el 6 de agosto, luego de que la propuesta hecha por la alcaldía, que lidera Jorge Sharp, fuera aprobada por el Concejo Municipal.

El documento también establece una serie de instancias y mecanismos que aplicará para facilitar la reunión de los vecinos y hace una descripción pormenorizada de cómo se movilizará una parte importante del aparataje municipal en pos de llevar adelante estas actividades. Cabildos, asambleas y mesas de trabajo son algunas de las instancias que podrán ser convocadas por los vecinos interesados en participar, quienes, a su vez, tendrán que completar los formularios que disponga la administración alcaldicia para estos efectos. A cambio, el municipio se compromete a disponer de una plataforma virtual, capaz de sistematizar los documentos de trabajo, las propuestas y opiniones que pongan en valor los habitantes de Valparaíso.

La idea recuerda los diálogos constituyentes que se transformaron en una de las principales preocupaciones del alcalde Sharp y su equipo de confianza, en aquellos días de octubre de 2019 en que Valparaíso ardía bajo la acción de manifestantes que, amarga decepción, nunca fueron detenidos.

Llama poderosamente la atención que en ninguna parte de la señalada ordenanza se especifican las fórmulas de financiamiento para todas esas actividades. Incluso, en caso de ser telemáticas, el municipio se comprometió a levantar actas y grabar todas las actividades. Dicho punto debe ser aclarado lo antes posible por las autoridades de Valparaíso, para evitar que las reasignaciones presupuestarias se transformen en un acto ilegal de potencial uso en una nueva acusación contra el alcalde.

Sin entrar al asunto de fondo de si al municipio le corresponde o no una disposición activa en el proceso constituyente, cabe cuestionar las prioridades que plantea este esfuerzo respecto de las otras necesidades de la comuna, que requieren igual o más dedicación. Esta pregunta sobre la pertinencia es la que fundamenta el recurso de ilegalidad que ingresó el abogado Rodrigo Díaz Yubero contra la ordenanza de participación constituyente. "Si bien el Estado reconoce a las personas el derecho a la participación, ello significa en este caso que el municipio debe establecer modalidades formales y específicas de participación de las personas y organizaciones, pero solo y exclusivamente en el ámbito de su competencia", expone Díaz Yubero, quien ya le ganó al municipio un recurso para poner orden en la plaza Aníbal Pinto. Quienes impulsan la ordenanza dirán que el abogado porteño busca coartar la participación en un proceso tan importante como la elaboración de una nueva Constitución. En verdad, lo que expone Díaz Yubero es mucho más simple: ¿por qué no usar esos mismos recursos, esfuerzos humanos y logísticos, en atender aquellos problemas urgentes que aquejan de hace mucho a los vecinos de Valparaíso?

La crisis económica y social derivada de la pandemia ha configurado un escenario especialmente desafiante para la Región de Valparaíso y para el país en general. Para enfrentarla, como Gobierno hemos impulsado el diálogo y los acuerdos con el Congreso y la sociedad civil. Gracias a este esfuerzo, logramos la aprobación de proyectos emblemáticos como el IFE Universal y el paquete de apoyo a las pymes, que constituyen una amplia red de protección social con las transferencias directas más cuantiosas de las que se tenga registro.

Solo en la Región de Valparaíso el Estado entregó el IFE Universal a casi 728 mil hogares, beneficiando a más de 1,5 millones de personas. Esto quiere decir que 85% de las personas que viven en la región recibió el IFE, con un promedio de $ 294 mil mensuales por hogar.

Asimismo, hemos generado una batería de medidas de apoyo para las pymes, entre los que se encuentran el subsidio al nuevo empleo, que se entrega a los trabajadores que tengan un nuevo contrato de trabajo; créditos con garantía estatal Fogape, para que las pymes puedan apalancar recursos e invertir; y el bono de alivio de $1 millón de pesos, que llegó a más de 90 mil micro y pequeñas empresas de la región. De ellas, un tercio son lideradas por una mujer, por lo que accedieron a un 20% adicional del beneficio.

En total, en Valparaíso desde el inicio de la pandemia el Estado ha apoyado en forma directa a las familias por más de US$ 1.412 millones, equivalente a un promedio de $602.846 por persona, entregando protección y tranquilidad a cada compatriota y micro y pequeña empresa que haya necesitado de un apoyo para salir adelante.

Ahora comenzamos una nueva etapa. Junto con el avance de la vacunación y el cumplimiento de las medidas sanitarias, necesitamos transitar hacia la creación de incentivos y reglas del juego que nos permitan sostener el impulso de crecimiento en el largo plazo, para lograr más inversión, mejores empleos y más bienestar para todos. En tal sentido, esperamos un positivo segundo semestre, refrendado por el histórico Imacec de junio del 20,1%, que muestra que nuestra economía ha sido capaz de adaptarse a la pandemia, lo que abre esperanzas para la reactivación y enfrentar uno de los principales desafíos que hoy tenemos como sociedad: la creación de un millón de empleos que aún nos falta por recuperar. Para ello, el crecimiento económico inclusivo es la mejor política social que nos permitirá tener empleos de calidad, estables y con buenas remuneraciones.

La recuperación de la economía la construyen los trabajadores y los emprendedores. Ellos son quienes empujan el carro del crecimiento y contribuyen a generar más y mejores empleos. Como Gobierno, continuaremos siempre con el acelerador a fondo apoyándolos en este desafío, porque paso a paso, y juntos, nos recuperaremos.