Con el estallido de violencia del 18 de octubre de 2019 y el reguero de destrucciones, incendios y saqueos que lo continuaron en los meses siguientes, quedó a la vista cuán profundo había calado la prédica contra el modelo de desarrollo al cual Chile y los chilenos, incluidos los violentistas, le debemos el enorme progreso que hemos tenido en los últimos 45 años. En el desprestigio de aquel modelo participaron los ataques que durante los últimos 30 años le dirigieron grupos socialistas y comunistas, pero también, y principalmente, la indefensión en que lo dejaron quienes lo recibieron como herencia del régimen que lo organizó y lo puso en marcha -el régimen militar- y que terminó su período en 1990; y esos otros quienes, a pesar de haber sido contrarios a tal régimen, gobernaron después felices de contar con ese modelo, como fue el caso de los gobiernos denominados de la Concertación.

Este modelo puso a Chile a la cabeza de los países del continente y, mientras se aplicó, se sostuvo sobre un gran pilar: la confianza en que el ejercicio de la libertad por parte de las personas constituye la principal palanca de progreso. No se trata, por cierto, de cualquier libertad sino de aquella que, fundamentada en el conocimiento, se orienta al servicio del bien común y que, por ende, va acompañada indefectiblemente de responsabilidad. En ese marco, abrir espacio para su ejercicio significó poner en juego la creatividad de muchas personas, significó disponer de sus esfuerzos y de sus sacrificios como factores del progreso de todos. Esa fue la base sobre la cual Chile construyó su crecimiento y lo distribuyó entre sus habitantes. Una vía por la cual tantos chilenos vieron cómo la expresión "derechos humanos" dejó de ser una expresión retórica y se convirtió para ellos también en una realidad tangible. La pobreza que anteriormente afectaba a cerca de la mitad de la población, disminuyó hasta llegar en 2017 a no más de un 8,5%.

Es lo que el socialismo y el comunismo no han podido soportar: el éxito del ejercicio de la libertad sobre la cual los chilenos hemos afianzado nuestro crecimiento, nuestra independencia y autonomía. Y, por eso, acusan a esa libertad de todos los males habidos y por haber. Según ellos, la libertad en manos de las personas reales y concretas no puede ser sino un arma de explotación de unos por otros. Por eso, en los programas de los partidos que encarnan esas ideologías, el odio a la libertad y su consiguiente destrucción ocupan un primer lugar. Desde luego, suprimiendo o entrabando la propiedad, instrumento indispensable para el ejercicio de esa libertad y de la creatividad de las personas. Es así como derechamente la eliminan o la cargan de tal manera con impuestos que, al final, se hace imposible su gestión. Por esta vía no solo naufragan emprendimientos de tipo industrial o comercial, sino también otros, como los educacionales, terminando así con todo rastro de libertad de los padres para elegir la mejor educación de sus hijos. Son campos en los cuales el estado socialista o comunista apunta a detentar un monopolio total.

Utilizando el nombre del "pueblo" quienes manejan ese estado o aspiran a manejarlo y los partidos que ellos dominan, quieren reservarse porciones cada vez más importantes de los recursos de un país sustrayéndolos de una gestión creativa para reducirlos a parcelas de poder de los funcionarios de estos partidos con grave detrimento de su productividad y de su capacidad de beneficiar a toda la población. Es el origen de la extrema pobreza que termina siendo consustancial a los regímenes comunistas y socialistas.

Provoca un enorme hastío señalar lo anterior, cuando el fracaso de las doctrinas socialistas y comunistas quedó plenamente a la vista hace ya más de 30 años con la caída del Muro de Berlín. Pero parece haber pasado mucho tiempo y ese fracaso comienza a caer en el olvido. Es necesario recordarlo ahora cuando, como en nuestra patria, sus mentiras y falsedades han vuelto a entusiasmar a tantos de nuestros compatriotas.

Es una de las tareas que el momento nos impone.

por gonzalo ibáñez s.m.

abogado

El régimen de Nicolás Maduro y la oposición han iniciado negociaciones en México con miras a solucionar la gravísima situación política, humana -con más de cinco millones de venezolanos forzados a emigrar- y económica, con hiperinflación y carencias de todo tipo.

No es la primera vez que las partes conversan; han fracasado tres intentos anteriores. En los encuentros, el régimen no dio señales reales de ofrecer elecciones libres con control externo. La oposición después de mostrar hace más de dos años capacidad de movilización, control de la Asamblea y reconocimiento a su líder Juan Guaidó como Presidente provisorio, ha perdido fuerza y tuvo dificultades para fijar estrategias comunes. Las sanciones norteamericanas afectaron, pero no provocaron una división al interior del régimen. Este contexto llamaría al escepticismo.

Sin embargo, también hay motivos de esperanza. Existen diferencias entre este esfuerzo y los anteriores como el auspiciado por el Vaticano y los de República Dominicana, Barbados y Noruega. México, país sede, es una potencia regional. Venezuela está afectada por sanciones que le han impedido controlar sus reservas de oro en Reino Unido. La oposición se ha presentado en las negociaciones como "Plataforma unida" dirigida por el exalcalde Gerardo Blyde y el gobierno por el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. A ello se une Noruega como facilitador, el acompañamiento de Países Bajos por la oposición y Rusia al régimen.

Un punto novedoso: la firma del 13 de agosto de un Memorando de Entendimiento que postula un "proceso de diálogo y negociación integral" que detalla un cronograma que incluye temas como elecciones, sanciones y otros. Una señal será si la oposición y su plataforma aceptan participar en elecciones regionales y locales en noviembre, competir con el oficialista PSDV, lo que requiere garantías claras y control internacional. Las partes se volverán a reunir el 30 de agosto.

¿Hay motivos para esperar éxito esta vez? Al parecer, sí. Una mayor institucionalidad nacional e internacional. Y la esperanza que EE.UU., la Unión Europea y sancionadores tomen nota de sus avances. Además, en Venezuela no hay democracia, pero sí sociedad civil que con dificultades hace sentir su presencia.

¿Qué podrían hacer los países del Grupo de Lima, entre ellos Chile? Buscar formas renovadas para aportar. El propio gobierno peruano cambió de posición. Estrategias tipo Cúcuta y de envío masivo de alimentos no dieron frutos. Y el propio Guaidó apoya el diálogo. A nuevas realidades, nuevas políticas.

Chile puede adaptarse al nuevo escenario, mantiene legación en Caracas -actualmente aloja a un importante opositor- y tiene en Chile a la comunidad venezolana, el grupo de inmigrantes más numeroso, que aportan al país y requieren trato digno. Y merecen también una Venezuela mucho más digna para vivir.

por raúl allard neumann

director del MagÍster en

relaciones internacionales pucv