Katherine Escalona M.

Once años han pasado desde que la Escuela Ramón Barros Luco de Valparaíso, declarada Monumento Histórico Nacional, sufrió graves daños producto del terremoto de 2010. Tras dos licitaciones fallidas -porque las empresas quebraron- las obras de restauración quedaron en total abandono.

Sin embargo, tras el esfuerzo conjunto del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, nuevo sostenedor del establecimiento, y el municipio porteño, se logró obtener una nueva Recomendación Favorable (RS) del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) - tras el último abandono de las obras en marzo del 2019-, acción que permitiría una tercera licitación.

La ficha de Mideso da cuenta que la solicitud de financiamiento es de $8.805.448, en un plazo de ejecución de 49 meses (4 años). Tanto la comunidad educativa como el SLEP esperan que los trabajos puedan retomarse este año para terminar la emblemática construcción.

En 2012 fue licitada por la empresa Vesia S.A. y luego, en 2018, por Puerto Principal. Ambas quebraron y dejaron los trabajos inconclusos con un 50% de avance.

Importancia de rs

El director ejecutivo del SLEP Valparaíso, Manuel Pérez, explicó que el haber obtenido la RS "nos permite avanzar" y destacó que "estamos todos conscientes de que en la medida que trabajemos coordinadamente podemos adelantar procesos, debemos colaborarnos mutuamente en una muy buena alianza estratégica".

Asimismo, la directora del establecimiento, Berenice Martínez, reconoció que tras la aprobación del Mideso "esta es la tercera licitación que se estaría pidiendo" y ahondó que "acá habría que evaluar qué es lo que se hizo realmente en la escuela con las otras dos empresas y esperemos que en este nuevo proceso se fiscalice bien y que se entregue la obra. Que sea alguien externo al municipio la fiscalización. Si el municipio será el mandante, tiene que exista una fiscalización externa y rigurosa".

La educadora precisó que en la segunda licitación se habló de daños por el estallido social en el establecimiento y "solo fueron la quema de unos palos, nada más, la gente no se metió a la escuela ni nada", por lo que la directora planteó que la finalidad es terminar el emblemático establecimiento.

Mientras, el director de la Secpla de la Municipalidad de Valparaíso, Daniel Ramírez, precisó que por la importancia de la obra "hemos puesto a disposición todos los recursos técnicos, administrativos y legales para que esta iniciativa se pueda reactivar a la brevedad".

Financiamiento

Pero la RS es solo un paso. Con el documento aprobado ahora se espera el financiamiento. En este sentido, Daniel Ramírez afirmó que "ya debemos generar la petición formal al Gobierno Regional -hoy presidido por el gobernador Rodrigo Mundaca- de la entrega de recursos para la ejecución (...) y con ello esperamos que esta iniciativa pueda ser priorizada a la brevedad posible por el Consejo Regional".

Manuel Murillo, core por Valparaíso y presidente de la bancada PPD, aseveró que la voluntad "siempre ha estado y se ha financiado esta obra emblemática para una escuela patrimonial de Valparaíso. No tengo dudas de que vamos a estar disponibles para poder financiar, pero eso significa que lo haremos con financiamiento del 2022, porque este año no hay recursos frescos del presupuesto 2021 para financiar obras de envergadura mayor a los $ 4 mil millones".

Sin embargo, insistió en que "hoy día la responsabilidad no la tiene el Consejo Regional, creo que la responsabilidad la tiene el Ministerio de Educación, ya que ellos debieran solucionar ahora que está en proceso la aprobación de los recursos presupuestarios para el año 2022 de incorporar la obra. Si el Mineduc no tuviera la voluntad política de hacerlo, ahí el Consejo iría a salvar la iniciativa".

Consultada la seremi sobre financiamiento, no hubo respuesta a este Diario.

"Si el municipio será el mandante, tiene que existir una fiscalización externa y rigurosa".

Berenice Martínez, Directora Escuela Ramón Barros Luco

Los vecinos de Laguna Verde, en Valparaíso, no lo pasan bien. Sufrieron un corte de luz por más de una semana por un conflicto entre privados -tema que mayoritariamente se había solucionado ayer-, pero también llevan años con problemas de contaminación, abastecimiento de agua potable y malos accesos.

Agrupados en el "Movimiento para la Defensa de Laguna Verde", buscan acciones urgentes por parte del municipio, entidad con la cual llevan una mesa de trabajo por acuerdo del Concejo Municipal anterior. Para tener soluciones concretas, ahora invitaron al alcalde Jorge Sharp a una reunión.

La presidenta del sector El Membrillar, comité Tierras Rojas de Laguna Verde, Karina Jilef, afirmó que la presencia del alcalde es para solicitar "que el municipio nos entregue los caminos públicos, acción que nos solucionaría un montón de cosas que tiene Laguna Verde, como el agua y la luz".

Añadió que "ellos (la municipalidad) nos reenviaron un esquema, pero nosotros ya llevamos mucho tiempo esperando soluciones, esperamos que los tiempos sean acotados".

La abogada del movimiento y residente, Consuelo Requena, afirmó que "el llamado al alcalde es a hacerse presente no solo a través de la administradora, sino que él esté preocupado por Laguna Verde. Hemos tenido una conversación fluida con la administradora, pero no hemos tenido ningún gesto del alcalde y necesitamos el compromiso concreto a los problemas que tenemos que son de derechos básicos".

La presidenta de la Junta de Vecinos N° 137, Julia Poblete, aseveró que "el llamado al alcalde se generó porque en el en último Concejo no tuvo unas palabras muy alabadoras hacia nuestras organizaciones, siendo que la concejala Camila Nieto le expuso de la mesa de trabajo y en qué estábamos. Lo invitamos a solucionar y trabajar para dar soluciones reales a corto plazo y no seguir esperando más. En el tema de la luz, por ejemplo, la solución está en que la alcaldía designe camino de uso público la ruta que llega al faro y ahí Chilquinta puede entrar. Ahora no es posible porque es privado y lo mismo pasa con el agua".

Reunión y acción legal

Este Diario consultó al municipio sobre esta situación y el alcalde Jorge Sharp confirmó que el tema del agua y la electricidad requieren un "tratamiento integral", detallando que "como municipio podemos apoyar cumpliendo un rol, con camiones aljibe, presionando a las autoridades a cargo del suministro eléctrico, pero es un problema que nos supera como municipalidad".

Sobre la falta de luz, aseveró que "vamos a ejercer medidas legales como administrativas para perseguir la responsabilidad de estos privados que no han cumplido con el servicio que les han prometido a los vecinos y a las vecinas de Laguna Verde".

Además, la autoridad instó a una mesa de trabajo. "Lo que tenemos que hacer es la constitución de una mesa interinstitucional, donde tenga participación la comunidad, la delegación presidencial, donde esté la Gobernación Regional, el municipio". Esto, porque reconoció que "el nivel de intervención excede a las facultades municipales". Desde el municipio no confirmaron respecto a si el alcalde iba a concurrir a la reunión pactada.

"El llamado al alcalde es a hacerse presente no solo a través de la administradora, sino que él esté preocupado".

Consuelo Requena, Abogada

"Debemos constituir una mesa interinstitucional".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

Ayer, la Fiscalía de Viña del Mar confirmó que existe una investigación en curso y se pidieron medidas cautelares anticipadas respecto a la denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) que vivió una funcionaria de Carabineros que presta servicios en Santiago y, en ese contexto de agresión, perdió uno de sus dedos.

Afirmaron que el "13 de agosto se recepcionó una denuncia por Carabineros en relación a una causa por lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, cuya víctima se encontraba internada en el Hospital Naval". Ante esto, "el fiscal de turno de Viña del Mar encargó diligencias al OS-9 de Carabineros y solicitó de manera anticipada medidas cautelares para la protección de la víctima", las que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantía.

Las medidas, precisó la Fiscalía, consisten en la orden de abandonar el hogar, la prohibición de acercarse a la afectada y la prohibición de porte y tenencia de arma de fuego.

En la causa hay diligencias en curso y la víctima está bajo protección. Además, se informó que el fiscal del caso, es Stefan Kramar, "se encuentra evaluando los pasos a seguir en materia procesal".

Paralelamente, este Diario pudo constatar que el victimario es un carabinero de la Prefectura de Viña del Mar, por lo que la institución inició una investigación sumarial y lo desvinculó inmediatamente de su cargo, ante la gravedad de los hechos y en vista a no tolerar este tipo de conductas.