Pamela Boltei

Tras conocer la nueva estrategia investigativa para dar con los responsables de diversos delitos que el Ministerio Público indaga al interior de la Municipalidad de Viña del Mar, los abogados querellantes de las tres aristas que investiga el órgano persecutor valoraron la decisión instruida por la fiscal regional, Claudia Perivancich.

Como informó este Diario, el fiscal José Uribe, a cargo del caso, dio a conocer que esta semana iniciaron un reimpulso en las diligencias de la causa, en las que incluyeron, además de la revisión de antecedentes previos y de informes financieros, los informes de Contraloría y el expediente del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) respecto a la acusación por notable abandono de deberes contra la exalcaldesa Virginia Reginato, y entrevistas con denunciantes. Todas estas pericias, además de otras diligencias, están siendo ejecutadas por un equipo especial de la Policía de Investigaciones (PDI) compuesto por miembros de diferentes brigadas, especialmente de Delitos Económicos.

El persecutor ha tenido reuniones con algunos de los querellantes y continúa en ello. Además, ayer estuvo con la Dirección Jurídica de la Corporación Municipal de Viña del Mar y el equipo externo de exfiscales, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

Uno de los querellantes de las aristas de Viña del Mar, el abogado Ricardo Sacaan, comentó que la reactivación de la causa "resulta sumamente importante en este momento, atendido que la defensa de los imputados en la causa por la arista de las horas extras ha solicitado el sobreseimiento de la causa y para lo cual el tribunal fijó audiencia para el 14 de septiembre próximo, de modo que todas estas nuevas diligencias harán imposible el cierre de la investigación y el sobreseimiento que pretende la defensa".

En esa misma línea, señaló que "con estas nuevas diligencias será posible la ampliación del tiempo en que se cometieron los delitos, ya que actualmente solamente se contemplan los años 2014-2015, por lo que estas nuevas diligencias podrán permitir que abarquemos los años 2016, 2017 y 2018, con lo cual la cuantía de lo defraudado por los delincuentes es mayor, lo cual agravará las penas".

El abogado Paulo Pérez coincide: "Pedimos extender la investigación a los periodos siguientes, porque la formalización de los funcionarios por horas extra es solo de 2014 y 2015, pero no se ha investigado los años 2016, 2017 y 2018, que aparecen en el informe de 2019 de la Contraloría, y pedimos investigar la arista de cuentas públicas. Tenemos que presentar una querella separada, por lo que estamos conformes con la decisión de la Fiscalía", y añadió que "ya hay antecedentes más que suficientes para formalizar a Virginia Reginato"

Para Javier Gómez, también querellante, el tema debió haberse acelerado antes. "El Ministerio Público tiene los antecedentes desde el año 2012, cuando nosotros, como Viña Transparente, presentamos la querella por horas extra y, por tanto, habría que ver con obras y hechos, más que con anuncios, los nuevos cambios que se van a producir en las investigaciones".

Añadió que "ojalá que esta vez cambie el criterio, llegue a fondo la investigación y se cumpla con su deber constitucional legal, que es investigar de forma imparcial, sancionar a los delincuentes y obtener la restitución de los fondos".

El concejal Carlos Williams (RN), quien estuvo en el periodo anterior, dijo valorar la dedicación que anuncia la Fiscalía: "Sabemos que tiempo atrás todos los esfuerzos judiciales quedaron a mitad de camino, dando una señal de impunidad en las investigaciones realizadas por el fiscal a cargo. Esperemos que estas diligencias se realicen a fondo y la justicia actúe para sancionar a quienes sean responsables de los ilícitos, si estos son comprobados".

"Con estas nuevas diligencias será posible la ampliación del tiempo en que se cometieron los delitos".

Ricardo Sacaan, Querellante

"Ojalá que esta vez cambie el criterio, llegue a fondo la investigación y se cumpla con su deber constitucional".

Javier Gómez, Querellante

A través de una carta, seis sindicatos de funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso solicitaron al alcalde, Jorge Sharp, una reunión para abordar temas laborales, especialmente referidos a procesos sumariales producto de los cuales, en primera instancia, dos dirigentes sindicales serían desvinculados de la casa consistorial.

La misiva precisa que "le expresamos nuestra gran preocupación por la gravedad de las medidas disciplinarias aplicadas a funcionarios municipales, de destitución, entre ellos a dirigentes" y "creemos que tales sanciones administrativas son injustas, (...) por tratarse de funcionarios de carrera que siempre han sido calificados con máxima distinción".

Esto, según los dirigentes, ha generado un clima de tensión y preocupación. El presidente de la Asociación de Funcionarios Auxiliares Municipales de Valparaíso (Afamuv), Osvaldo Aránguiz, precisó que "la carta tiene la intención que el alcalde nos reciba y, básicamente, exponerle la preocupación que existe de los gremios por estas últimas situaciones que han ocurrido".

Detalló que "creemos que es importante, a lo mejor, que dé alguna señal por lo menos de preocupación hacia los funcionarios. Pensamos que esto se interpreta como ciertas señales en donde estimamos que el poder conversar podría llegar al camino de buscar tranquilidad para los funcionarios porque hay muchos que tienen temor y se genera mal clima laboral que poco contribuye a efectuar una labor adecuada".

No hay línea directa

Los dirigentes puntualizaron que "hace mucho tiempo" no tienen una reunión con el alcalde para ver temas de los funcionarios. El presidente del sindicato de trabajadores de Aseo de la Corporación Municipal de Valparaíso (Sicoaval), Patricio Carvajal, señaló que "hace mucho tiempo que no nos hemos podido reunir con el alcalde, sí con sus colabores, pero es necesario reunirse con la autoridad máxima por el clima laboral que hay en estos momentos, que no es el mejor".

Aseveró que, por lo ocurrido, "llegan rumores que van a haber despidos por parte de la Corporación de la planta municipal, por eso creemos que es necesario reunirnos con la autoridad para ver si es así realmente. Se necesita claridad para dar la tranquilidad a los dirigentes y los trabajadores".

Asimismo, el tesorero del sindicato de trabajadores de Cementerios de Valparaíso (Sitracem), Ivo Vuskovic, recalcó que "mandamos ese comunicado porque como dirigentes estamos preocupados por los sumarios que hay contra nuestros compañeros. Lo que más nos preocupa que no sean medidos con la misma vara que son medidos los cercanos al alcalde, me refiero a casos de acoso sexual, por ejemplo".

Agregó que "no es normal que él no se junte con nosotros. Nunca nos hemos juntado con él, salvo para el contrato colectivo, pero no hemos tenido reunión. Es lamentable porque en el segundo periodo pensamos que iba a ser diferente y es lo mismo". Consultado al municipio sobre el tema, afirmaron no poder referirse porque los sumarios están aún en curso.

"Es necesario reunirse con la autoridad máxima por el clima laboral que hay en estos momentos".

Patricio Carvajal, Presidente de Sicoaval

"La carta tiene la intención que el alcalde nos reciba y, básicamente, exponerle la preocupación".

Osvaldo Aránguiz, Presidente de Afamuv

El 22 de junio de este año se efectuó la audiencia de preparación del juicio oral contra los acusados Mario Ulloa Saavedra y Miguel Soto Cruces -que están en prisión preventiva- por los delitos de sustracción de menor, homicidio y violación contra Pascale Alvarado, de 17 años, joven que desapareció en noviembre de 2011, en Puchuncaví.

En la ocasión se detalló que el juicio oral contará con más de 50 testigos, quienes declararán en la audiencia que el Tribunal Oral en lo Penal fijó para el 4 de noviembre, pero esta semana la Fiscalía Regional confirmó una nueva arista en el caso.

En este sentido, el Ministerio Público confirmó que abrió una investigación paralela por el delito de prevaricación contra los abogados defensores de Ulloa y Soto. A través de una declaración, precisaron que "dados los antecedentes ventilados en audiencia del Juzgado de Garantía en presencia del fiscal jefe de Quintero y la presentación que el abogado querellante de la familia de Pascale Alvarado hace ante la Fiscalía Regional, se resolvió abrir una investigación por el delito de prevaricación del abogado en contra de ambos defensores de la causa".

Para llevar a cabo el proceso, manifestaron desde la Fiscalía, "la fiscal regional, Claudia Perivancich, nombró al fiscal jefe de Quillota, César Astudillo, para llevar dicha causa, la que se encuentra vigente, en etapa investigativa y desformalizada a la fecha".