Aunque la agenda pública tiene pocos espacios para temas distintos a la contingencia electoral o constituyente, hay distintos procesos que se habían detenido con la pandemia y que la elección de nuevas autoridades comunales reactivó con fuerza, para bien de las distintas ciudades de la zona. Uno de ellos corresponde a la reflexión sobre las reglas urbanas que delimitan el desarrollo y crecimiento de una ciudad, un instrumento técnico que se conoce como Plan Regulador Comunal (PRC). En los últimos años, varias urbes lograron materializar una actualización de su PRC, pero en el caso de Viña del Mar el proceso quedó trunco, en parte porque hubo un atraso en el proceso de participación ciudadana y la pandemia conspiró para resolver mejor ese aspecto, pero también en parte porque los cuestionamientos a la gestión de la alcaldesa Virginia Reginato le impidieron generar un consenso amplio que asegurara su aprobación.

Conocedores de esta historia, un grupo de vecinos reunidos en la Coordinadora Viña del Mar Ambiental se presentaron esta semana en el frontis del municipio para exigir un nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) en la Ciudad Jardín. La petición no se reduce a la reactivación del estudio en curso, sino que la alcaldía que encabeza Macarena Ripamonti reformule "desde cero" el proceso. Dicen que el estallido social y el informe de la ONU sobre cambio climático modificaron las condiciones bajo las cuales deberían escribirse las normas urbanas viñamarinas y estiman que para garantizar un desarrollo adecuado de estas etapas se requiere un congelamiento de todos los permisos de obras, para "salvar lo poco y nada que va quedando del patrimonio ambiental en Viña".

La premisa inicial es correcta: Viña del Mar necesita una actualización urgente de su plan regulador, que data del año 2002 y desde entonces ha sufrido al menos 10 modificaciones y precisiones. Sin embargo, es importante recordar que el medioambiente es uno de los valores que el nuevo instrumento debe preservar, pero no el único. En los últimos veinte años, Viña del Mar ha crecido en su trama urbana más allá de lo pronosticado, pero las relaciones internas en la comuna se han complejizado al punto de transformarla en una pequeña metrópolis de 350 mil habitantes, con todos los inconvenientes que acarrea ello. Cualquier proceso de reformulación del plan regulador debe ser abierto a la participación vecinal, pero también debe anclar su elaboración a sólidas bases técnicas de especialistas en urbanismo, gremios viñamarinos, asociaciones de raigambre en la ciudad, académicos, etc. En su respuesta a los vecinos, la alcaldesa Ripamonti informó que la Secpla instruyó una mesa de trabajo con la Unidad de Asesoría Urbana para abordar el tema, aunque no precisó los plazos que tienen para definir el rumbo final de uno de los temas trascendentales que enfrentará Viña del Mar, uno que podría definir este periodo de cuatro años que encabeza Macarena Ripamonti.

Las divergencias y el consenso no son necesariamente términos opuestos. Los desacuerdos son ventajosos para la ley (en este caso la Constitución), pues genera la posibilidad de un intercambio de ideas, alcanzar consensos y lograr estabilidad. El Estado en las democracias occidentales ha pasado por altos y bajos y se fue consolidando en el transcurso del tiempo. Se fortalece en el compromiso, no libre de disputas, evoluciona y se consolida con el Estado de derecho. En la teoría del derecho, conflicto y consenso no son contradictorios, son dialécticos, son circunstanciales y ninguno existe sin el otro. Es por ello que el diálogo constituyente no puede ser de suma cero, cuando una idea se afirma negando a la otra. Las voces de minoría deben de buena manera aceptar el signo de los tiempos y las mayorías, no imponer, pues el resultado no será el mejor, sino, además, inestable. El consensus gentium es el acuerdo del pueblo.

John Locke, en el siglo XVII, se explayó sobre esta materia en sus "Dos Tratados del Gobierno y Carta sobre la Tolerancia" y en su obra "Ensayo sobre el Entendimiento Humano". Sostenía que la libertad se expresa como un pacto para instituir la sociedad política como decisión mayoritaria, para adoptar un régimen político o de gobierno. También, antes, Hobbes, en su "Leviatán" de 1651 y siendo mas pesimista sobre la naturaleza humana, habla de la necesidad del pacto social. Rousseau, en su "Contrato social" de 1762, plantea que únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos y que el ordenamiento jurídico debe promover la igualdad entre las personas. Según el jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio, la democracia es una forma de plasmar consensos de una mayoría sobre las decisiones a tomar y, antes que nada, la posibilidad efectiva de consentir y disentir. También dijo que antes de discutir hay que entender y que antes de condenar hay que discutir. Es por ello que el jurista, desde una perspectiva keynesiana, se ha identificado con el socialismo liberal pluralista. Según la comisión Internacional de Juristas, el Estado de derecho no solo debe proteger y promover los derechos civiles y políticos, sino también establecer las condiciones en las que se puedan realizar sus legítimas aspiraciones y la dignidad humana.

La democracia deliberativa encuentra precursores en la democracia ateniense, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, y como señala el filósofo alemán Jürgen Habermas, la legitimidad del derecho se encuentra en el procedimiento deliberativo y en el acuerdo de todos, que se logra con el intercambio de buenas razones entre ciudadanos libres e iguales. Sin proceso deliberativo, no hay derecho legítimo. Para John Rawls, en su "Teoría de la Justicia", es la ciudadanía, a través un procedimiento jurídico-político de consensualización, la que asume el orden institucional. En palabras del jurista Szabo, la ley es el resultado de un proceso "condensado o concentrado" de interacciones sociales, por lo que prácticamente nunca es impuesta sin alguna forma de negociación previa.

No es un juego de palabras afirmar que uno sabe que no sabe por qué funciona el sistema legal, pero también sabe que si este puede actuar es precisamente porque funciona. Es por ello que el método, o al menos la voluntad, es determinante: hay que ponerse de acuerdo de que nos tenemos que poner de acuerdo.