Katherine Escalona M.

Ayer, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, se realizó la audiencia de formalización en contra de un carabinero de dotación de la Prefectura de la Ciudad Jardín, identificado con las iniciales L.E.M.F., quien cercenó dos dedos de su cónyuge, también funcionaria de Carabineros, que se desempeña en Santiago, tras una discusión en la vivienda que compartían, amenazándola de muerte con un arma de fuego.

En la audiencia, el fiscal Pablo López confirmó que el efectivo fue formalizado por el delito de lesiones graves gravísimas en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) e informó que, por la gravedad del caso, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares anticipadas de no acercarse a la víctima bajo ningún término, hacer abandono del hogar y prohibición de tenencia de su arma particular, a lo que sumó la petición de arraigo nacional y firma quincenal.

Tras escuchar lo que ocurrió la tarde del 11 de agosto pasado, en la casa que ambos funcionarios compartían, la magistrada Loreto León concedió solo el arraigo nacional para el victimario, al no existir certeza que por pandemia se esté aplicando la medida de firma cada quince días, y decretó un plazo de 120 días de investigación a petición de la Fiscalía.

A su vez, ratificó las medidas cautelares anticipadas, afirmando que "además voy a agregar el arraigo nacional. No voy a decretar la firma quincenal porque entiendo que por la pandemia no sé si estarán recibiendo las firmas en la Fiscalía, pero me parece innecesaria si se cumplen fielmente las otras medidas cautelares que sí van en beneficio de protección de la víctima".

Violencia extrema

Los antecedentes vertidos en audiencia por el fiscal López son de extrema violencia. Detalló que todo ocurrió el 11 de agosto, en la mañana, donde "el imputado comenzó, como lo había hecho en ocasiones anteriores, una discusión con la víctima que venía de la noche previa".

El imputado, dijo el persecutor, "manipuló su revolver particular, marca Taurus, calibre 9 milímetros, e insistió en lo mal que se encontraba, en un condición anímica en la que refirió en ese momento de encontrarse muy mal y, además, señaló su intención de matar a la víctima y luego matarse él, exhibiendo en todo momento el arma de fuego".

López manifestó que lo descrito "generó en la víctima cierto temor de que se pudiese concretar, por lo que la víctima sacó el arma de fuego, que el imputado mantenía debajo de su almohada, e intentó salir del departamento, pero fue seguida y alcanzada por el imputado".

El imputado, "para evitar que la víctima huyera y en pleno conociendo del contenido y las consecuencias que su acción conllevaría -de forma intencional- empujó hacia atrás a la víctima, tomó la puerta y con fuerza la quiso cerrar completamente a sabiendas de que la mano izquierda de la víctima se encontraba allí, impactando de lleno en la extremidad indicada".

Tras el golpe con la puerta la víctima, reconoció el fiscal, "perdió en el mismo lugar y parcialmente la parte superior del dedo medio y sufrió la pérdida en su estructura y forma del dedo índice, ambos casos de la mano izquierda. Lesiones de carácter grave gravísimas que suponen de suyo una incapacidad superior a 30 días y que, en estos momentos, la mantienen hospitalizada en el Hospital Naval de Viña del Mar".

Defensa e imputado

En todo momento de la audiencia el imputado se encontraba de perfil y asintió cada una de las preguntas que hizo la magistrada León. Manifestó que tenía claridad de los cargos que se le imputaban y reconoció que ya hizo abandono del hogar de ambos funcionarios, en Viña del Mar, y ahora pernoctaba en la Subcomisaría de Gómez Carreño.

El abogado defensor, Ciro Sáez, argumentó que lo descrito por el fiscal "es un hecho absolutamente accidental" y consultó por qué se incautó el celular a su representado. El fiscal explicó que se pidieron diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI) porque "la víctima no solo refiere al episodio, sino que también acciones anteriores donde fue agredida y amenazada".

"Se cumplen fielmente las otras medidas cautelares que sí van en beneficio de protección de la víctima".

Loreto León, Magistrada

Esta semana se dio a conocer la posibilidad de licitar por tercera vez la reconstrucción de la emblemática Escuela Ramón Barros Luco de Valparaíso, luego que el proyecto obtuviera la resolución favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso).

Con esto, en la ficha técnica de la iniciativa se estimó que se necesitaba una inversión sobre los $8 mil millones para terminar la obra, que ha tenido dos fallidas licitaciones tras el terremoto del 2010. Ambas empresas abandonaron la ejecución por quiebra.

Planteado este escenario la pregunta es de dónde saldrá el financiamiento, duda que despejó el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien confirmó que el Gobierno Regional (Gore) está abierto para hacer las gestiones y dar el financiamiento a la infraestructura para continuar su ejecución.

Para la autoridad, la Escuela Ramón Barros Luco "es una escuela de un valor patrimonial incalculable". Por eso detalló que "el Gobierno Regional ha financiado en dos ocasiones ya la reparación, la restauración precisamente de esta escuela, y nuevamente hoy día el Gore se abre a la posibilidad de presupuestar los recursos necesarios para poner en funcionamiento la escuela".

La autoridad explicó que "es difícil que sea con recursos del año 2021, sin duda, pero nos vamos a ampliar a fondo para poder dar respuesta a una necesidad de la comunidad educativa y, particularmente, a varias generaciones de niñas que han estudiado en esa emblemática escuela y que hoy día están al frente de la defensa de la educación".

En tanto, la seremi de Educación, Patricia Colarte, dijo que "consideramos que es fundamental que se respete el convenio ya firmado y el compromiso del Gobierno Regional para financiar este proyecto. Sin embargo, como ministerio entendemos que puede existir una diferencia presupuestaria en relación al proyecto inicial, por lo que estamos disponibles para evaluar un eventual apoyo financiero por esta diferencia desde el Servicio Local de Educación (SLEP)".

"El Gobierno Regional se abre a la posibilidad, nuevamente, de presupuestar los recursos".

Rodrigo Mundaca, Gobernador regional

El 23 de julio pasado, seis reos de la cárcel de Valparaíso se fugaron y desde ese entonces existe una intensa búsqueda para dar con su paradero. El mismo mes se logró la detención de uno de los fugados, en Zapallar, pero aún cinco de ellos están sin paradero conocido.

Consultada la Fiscalía sobre el caso, la fiscal Lorena Ulloa reconoció que continúan en una intensa búsqueda para reincorporar a los condenados y confirmó que se está investigando una segunda arista donde podría configurarse el delito de evasión.

"A diario se están realizando una serie de diligencias que tienen como objetivo principal ubicar el paradero de los prófugos y lograr su captura. Para ello se está trabajando de manera paralela con todas las policías y coordinado día a día la labor en terreno, que está ejecutando personal de la Biro de la Policía de Investigaciones, SIP y OS-9 de Carabineros, tanto en la región como en otras del país", precisó la persecutora.

Delito de evasión

Agregó que "además, de forma paralela, estamos investigando una segunda arista de este caso, que tiene relación con el posible delito de evasión de detenido".

Para saber más el respecto se precisó que el delito de evasión está descrito en el artículo 302 del Código Penal y establece que se configura el ilícito "cuando la evasión o fuga de los presos o detenidos se efectuare por descuido culpable de los guardianes, se aplicará a éstos una pena inferior en un grado a la que les correspondería en caso de connivencia según los artículos anteriores".

Para claridad de los antecedentes, hasta el momento no se sabe si se configura este delito o no, dado que el Ministerio Público está en las primeras indagaciones en esta línea, pero de encontrar que sí hay antecedentes necesarios para que éste se configure, la Fiscalía podría presentar eventuales formalizaciones.