Sebastián Mejías O.

El corte de luz que por más de una semana afectó a casi 7 mil personas en Laguna Verde, dejó expuestas un sinfín de inconvenientes que los vecinos vienen reclamando desde 2010. Sin embargo, el principal problema se remonta a una década antes, cuando en el año 2000 comenzaron los loteos irregulares de terrenos, que llevaron al crecimiento exponencial de la población, pasando de los 3.500 a los casi 20 mil habitantes que hay actualmente.

El aumento de demanda que al día de hoy continúa creciendo, fue lo que provocó el corte general de suministro, una posibilidad que los vecinos anticiparon durante meses y por la que se manifestaron en innumerables oportunidades.

Raíz del problema

Desde el Movimiento por la Defensa de Laguna Verde sostuvieron que la raíz del problema está en los loteos brujos de terrenos, lo que mantiene a la zona divida en dos sectores claramente reconocibles: por un lado la parte baja que está urbanizada, que corresponde al 10% de la población y que tiene acceso a los servicios básicos de manera normal y, por otro, está la parte la alta, de terrenos considerados en su mayoría agrícolas y forestales, donde vive el 90% de la gente, la que debe pagar hasta 10 veces más por tener agua y luz cada mes.

La abogada del movimiento, Consuelo Requena, aseguró que "las responsabilidades en este caso son transversales, puesto que ni la Municipalidad de Valparaíso ni la Seremi de Bienes Nacionales se han preocupado por fiscalizar la venta irregular de terrenos. En los primeros noventa días de esta gestión, el alcalde nos prometió una respuesta al tema de incluirnos en el Plan Regulador Comunal, pero eso nunca ocurrió".

Una de las necesidades más urgentes que tienen los vecinos es que se trabaje en la modificación de ese PRC para que, así, los caminos puedan ser públicos. Enfatizan que es una de las piedras de tope a la hora de regularizar los servicios básicos. Esto se debe a que las empresas como Chilquinta no pueden hacerse cargo de la distribución de energía, en tanto el 90% del suelo siga considerándose rural.

Lo que tienen ahora son servicios de agua y luz cuestionados por quienes viven en la parte alta, donde el agua la cobran, en algunos casos, hasta por 20 mil pesos los mil litros.

En el caso de la energía eléctrica, "particulares, como la empresa Electrolaguna, vieron la posibilidad de negocio y por medio de Chilquinta pusieron un transformador con el que le revenden la luz a las personas. Si en la parte baja de Laguna Verde el empalme cuesta 170 mil pesos, en la zona desregulada el costo llega al millón y medio de pesos. Además, el servicio es inestable y se corta más de una vez al mes durante un día completo", sostuvo la abogada.

En el corto plazo

En cuanto a soluciones tangibles, desde la Seremi de Bienes Nacionales se plantearon algunas a corto y mediano plazo. Esto con el fin de terminar con las problemáticas contingentes, pero también acabar de raíz con la situación que viven las personas en Laguna Verde.

La seremi, Rosario Pérez, sostuvo que "como Gobierno primero presentamos una solución que busca abordar la emergencia, a través de la conformación de una mesa de trabajo entre el Gobierno, Chilquinta y los vecinos de Laguna Verde. Ese es un trabajo que ya se encuentra andando y con el que esperamos se pueda entregar la solución definitiva para que las familias de Laguna Verde no vuelvan a sufrir el corte de su suministro eléctrico".

En el mediano plazo la autoridad propuso disminuir las exigencias urbanísticas, para que así pronto Laguna Verde pueda iniciar el proceso de regularización de terrenos. En concreto, las familias deberán elaborar un plano junto a un arquitecto, para posteriormente presentarlo ante la Dirección de Obras Municipales para su aprobación. Una vez realizado ese trámite, será posible regularizar y entregar títulos de dominio, que permitirán el acceso a los servicios básicos de luz, agua potable y alcantarillado.

Sobre la querella presentada en 2019 por el Ministerio de Bienes Nacionales, en contra de quienes resulten responsables por los loteos irregulares, y de la cual los vecinos de Laguna Verde reclaman no estar en conocimiento en torno a sus avances, la seremi Pérez enfatizó que uno de sus logros es "que se propiciara un fiscal exclusivo para perseguir este tipo de delitos y para que las penas de cárcel se aumenten. Ese trabajo está funcionando y como servicio estamos derivando todas las denuncias a Fiscalía para que se inicien las respectivas investigaciones".

"En los primeros 90 días de gestión, el alcalde prometió incluirnos en el Plan Regulador Comunal, pero eso nunca ocurrió".

Consuelo Requena, Movimiento por la Defensa de Laguna Verde

"Se disminuirán las exigencias urbanísticas, para iniciar pronto el proceso de regulación de terrenos".

Rosario Pérez, Seremi de Bienes Nacionales

Un veredicto condenatorio dictó ayer el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar en contra de Gerardo Andrés Becerra Curín, tras acreditarse su autoría en los delitos consumados y reiterados de abuso sexual y violación en contra de dos menores de 14 años de edad y de violación propia de mayor de 14 años, ambas hijas de su cónyuge, hechos que cometió en distintas comunas de las regiones de Valparaíso y Los Lagos entre 2010 y 2018.

En su resolución, el cuerpo colegiado, integrado por los magistrados Cristóbal Lira (presidente), Viviana Poblete y Claudio Correa Zacarías (redactor), consignó que el sujeto perpetró los ultrajes "abusando de la calidad de cónyuge de la madre de las ofendidas, estando a cargo del cuidado y educación de las menores".

Desde los 7 años

De acuerdo a los antecedentes del proceso, la primera víctima de Becerra comenzó a sufrir de abusos en el año 2010, cuando solo tenía 7 años. Entre 2010 y junio de 2016, en fechas indeterminadas, al interior de distintos domicilios ubicados en Viña del Mar, Quilpué y Limache, el acusado, de manera reiterada, realizó acciones de relevancia y significación sexual en contra de la víctima. Asimismo, entre 2011 y hasta el 19 de junio de 2017, el sujeto accedió carnalmente a la menor, quien durante el periodo consignado tenía menos de 14 años de edad.

En tanto, entre marzo y el 15 de junio de 2018, en fechas indeterminadas, al interior de un galpón en que vivían, localizado en el sector de Colonia Río Sur, kilómetro 16, en la comuna de Puerto Varas, Gerardo Becerra, mediante el uso de la fuerza e intimidación, accedió carnalmente a la víctima, de 14 años en dicha época.

Segunda víctima

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar también dio por establecido que entre marzo y el 15 de junio de 2018, al interior del mismo galpón, el sentenciado violó en reiteradas ocasiones a la segunda víctima, en ese entonces de 13 años.

No obstante, previo a estos abusos, desde 2009, es decir, cuando la niña tenía solo 5 años, y hasta febrero de 2018, en viviendas de Viña del Mar, Quilpué y Limache, el sujeto también realizó acciones de relevancia y significación sexual en su contra.

El acta de deliberación señala que "de la prueba presentada quedó establecido que durante largos períodos, en la calidad de conviviente de la madre de las menores y luego cónyuge de la misma, el acusado tenía un rol de cuidado y protección de las menores, rol del que precisamente se aprovechó para proveerse de las oportunidades para cometer sus delitos".

La audiencia de comunicación de la sentencia, que será redactada por el magistrado Claudio Correa, quedó programada para las 15.00 horas del próximo miércoles 25 de agosto.

"Gerardo Andrés Becerra Curín, respecto a los hechos anteriormente relatados, los realizó abusando de la calidad de cónyuge de la madre de las ofendidas, estando a cargo del cuidado y educación de las menores".

Resolución, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar