En un libro del año 2013, que parece una profecía sobre lo que vive el mundo en este último lustro, el politólogo venezolano Moisés Naím postulaba que el poder ya no era -ni iba a ser- lo que había sido en el tiempo de los grandes imperios, de los Estados dominantes o de las burocracias modernas. El poder en el siglo XXI, decía Naím, es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y muy fácil de perder. Esta transformación fundamental afecta a todas las organizaciones que solían luchar eternamente por obtenerlo, desde los partidos políticos hasta las grandes corporaciones. Las democracias también, por supuesto, sufren de este cambio acelerado y Naím interpreta este movimiento como un traslado desde los poderes centrales hacia los poderes regionales.

Esta latosa introducción sirve para poner en contexto este gallito permanente desatado entre los gobernadores regionales recién electos y los delegados presidenciales, porque ambas son figuras que representan en sí mismas esta transformación fundamental en este ejercicio del poder, definido como la capacidad para influir en la vida de los otros, no solo en su ámbito material, sino también simbólico. Aunque haya quedado sumergida bajo otras urgencias, la pugna entre gobernaciones y delegaciones se mantendrá hasta que el proceso de regionalización en curso termine de consolidarse, es decir, hasta que el Congreso logre zanjar sus diferencias y apruebe el proyecto de reforma constitucional para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país. Hoy por hoy, esa iniciativa se encuentra en comisión mixta, luego del rechazo que obtuvo en la Cámara de Diputados. También está pendiente el proyecto sobre descentralización financiera, pero dicho cuerpo legal está recién en su primer trámite, con urgencia simple, sin evidencias de que vaya a tener un reimpulso en la actual administración, pese a las promesas hechas por el propio Presidente Piñera.

El largo periodo que aún resta para esta lucha soterrada y pública entre Rodrigo Mundaca y Jorge Martínez (o quien sea su sucesor a partir de marzo de 2022) amenaza con ser bastante improductivo, porque, si hacemos caso a la tesis del venezolano Naím, ambos están sometidos a reglas del juego que en vez de empoderarlos, los limitan en su capacidad de acción. Allí resulta interesante la idea planteada por el investigador de la Fundación Piensa, Maximiliano Duarte, en orden a que el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, debería activar en marzo del próximo año el procedimiento administrativo que le permite exigir al gobierno central la transferencia de atribuciones (competencias) en materias de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural. Con un rol difícil de configurar debido a su falta de competencias legales, la capacidad de sonsacarle al poder central algunas atribuciones puede transformarse en una buena forma de evaluar al gobernador regional.

El retorno a clases genera distintas emociones: por una parte, la alegría del reencuentro luego de tanto tiempo sin verse, o incluso sin conocerse y, por otro lado, el desafío y la incertidumbre de volver a clases en medio de una pandemia que no tiene fecha de término exacta. Ambas emociones son tremendamente legítimas, por lo que nuestro llamado es a comprenderlas, atenderlas y conversarlas. No existe una por sobre la otra, son sensaciones y emociones con las que tendremos que convivir por un tiempo indefinido.

¿Volver a clases presenciales es una necesidad? De todas maneras y eso jamás ha estado en duda. No es solo el hecho de lograr un aprendizaje efectivo, integral y comprensivo. Las escuelas, para muchos estudiantes de nuestro país, son una vía de escape a la pobreza y a la vulneración. Son espacios de resguardo, confianza y atención, por lo que se transforman en instituciones que van más allá de lo pedagógico.

Los efectos de la pandemia en los y las estudiantes son catastróficos: más de 40 mil niñas, niños y jóvenes han abandonado el sistema educativo, un 88% de los estudiantes en promedio no ha logrado los aprendizajes esperados para su nivel educativo, un 77% de los estudiantes más vulnerados ha manifestado complicaciones de conexión para seguir sus clases y la desnutrición infantil aumentó de un 0,8% a un 2,6%, según las últimas cifras del Colegio de Nutricionistas.

Entonces, ¿para qué volver a clases presenciales? Para que los estudiantes puedan acceder a su derecho de una educación integral, los docentes puedan ejercer su trabajo con las condiciones adecuadas, las familias puedan retomar ciertos grados de rutinas. Pero cada comunidad debe hacerlo en la medida que sus condiciones lo permitan y por eso es importante que ellas puedan generar los espacios para organizarse, según lo que cada una requiera, escuchando las voces de todos quienes las integran.

El retorno a clases es un anhelo para todas las comunidades educativas, pero debemos brindar las condiciones necesarias para desarrollar un retorno efectivo y seguro. Hoy tenemos algunas que no cuentan con las condiciones físicas, sanitaras y psicológicas para un retorno seguro. Esta es una realidad y debemos hacernos cargo de ella.