Fallas en controles en caso Barros Luco
Los sucesivos fracasos en los trabajos de restauración de la histórica escuela porteña totalizan un gasto de $8.000 millones. El abandono de las obras ha permitido aumento del deterioro del histórico edificio y también la sistemática destrucción de su mobiliario, todo ello a pasados del Congreso Nacional.
No es la primera vez que ocurre, pero la repetición del caso debería significar que este tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir. Es el caso del edificio de la Escuela Ramón Barros Luco de Valparaíso. Por tercera vez se destinan recursos públicos para la restauración de la tradicional construcción situada en el sector Almendral, edificación gravemente dañada por el terremoto del 27-F. La escuela, construida tras el terremoto de 1906, edificio de gran calidad similar a otros levantados en la región destinados a la educación pública, cumplía una importante labor docente.
Además, su ubicación central, con fácil conectividad mediante transporte público con todos los sectores de la ciudad era un factor más para acelerar su restauración en beneficio de cientos de estudiantes. Se emprendieron obras en dos oportunidades, las cuales quedaron abandonadas por quiebras e incumplimiento de las constructoras. Es decir, como dijimos, se repitió el caso en una misma obra, situación producida en varias ocasiones en otros trabajos donde junto a la responsabilidad de las empresas que se han adjudicado los trabajos, está la responsabilidad de los organismos públicos que deben realizar un análisis a fondo de los postulantes y de la marcha y calidad de las obras. Esa importante función no se cumple en forma debida. Los hechos así lo comprueban. Las explicaciones pueden ser muchas, pero las exigencias de control cuando se trata de fondos públicos deben tener alto rigor.
Estos sucesivos fracasos han permitido un aumento en el deterioro del edificio que tiene la patente de histórico y también una metódica destrucción de su mobiliario y su ocupación como refugio para personas en situación de calle, asociado todo ello al consumo de drogas y alcohol. Todo esto a metros del Congreso Nacional y en medio de un barrio como el Almendral que debería ser uno de los ejes de la recuperación de la ciudad, mirando especialmente el uso habitacional.
Para este nuevo intento de restauración el Consejo Regional aprobó $ 2.359 millones, cantidad que se suma a los recursos no gastados en las paralizadas obras anteriores, totalizando con ello $4.669 millones. Considerando la seguidilla de licitaciones se llega a un gasto final de recursos fiscales por $8.800 millones. Elevada suma si recordamos la crónica falta de fondos para obras públicas de importancia en rubros como educación o salud.
Para asegurar la continuidad de las obras del Centro de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, el Ministerio de Obras Públicas ha designado un inspector fiscal con dedicación exclusiva. Una fórmula similar, de alta exigencia, se debería aplicar en este caso, para evitar nuevos derroches de dinero fiscal y nuevos retrasos en la recuperación de un importante centro educacional.