Este miércoles, el fiscal nacional, Jorge Abbott, lideró la entrega del último informe -el sexto- del Observatorio del Narcotráfico en Chile, iniciativa encabezada por el Ministerio Público y que, en base a información de 2020 y 2021, identificó varias amenazas en materia de criminalidad asociada al tráfico de estupefacientes en el país.

Según el jefe de la Fiscalía Nacional el reporte revela que "nuestro país enfrenta por primera vez la amenaza de la instalación en Chile de carteles internacionales de la droga", asegurando que -de acuerdo a los antecedentes recabados por el órgano persecutor- "Chile dejó de ser un país de tránsito de droga" ya que, por ejemplo, "carteles mexicanos ampliamente conocidos intentan asentarse en Chile".

"Hemos iniciado la senda de aquellos territorios que albergan producciones locales de sustancias ilícitas y la instalación de carteles dentro de sus fronteras. A esto debemos ponerle freno ahora. No podemos permitir que siga profundizándose, ni que estas agrupaciones echen raíces en nuestro país", añadió Abbott.

CARTELES

Justamente una de las principales amenazas que identifica el documento, elaborado conjuntamente por el Ministerio Público, junto a la Policía de Investigaciones, Carabineros, Armada, Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería y el Ministerio del Interior, es la presencia de "al menos tres de las cinco más poderosas organizaciones criminales de América y cabecillas del narcotráfico regional", aseguró el fiscal Luis Toledo, jefe de la Unidad de Tráfico de Drogas de la Fiscalía.

Se refiere a los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además del cartel del Golfo de Colombia, los primeros dos vinculados a la instalación de infraestructura para producción de droga en la Región de Tarapacá -y a intentos de ingreso y tránsito de droga a través del puerto de San Antonio-; mientras que el segundo relacionado con envíos de marihuana al país.

"Vemos una presencia de organizaciones extranjeras que están empezando a aparecer en Chile, insistió el fiscal Abbott, quien dijo estar preocupado por "la forma en que bandas extranjeras han ido entrando a nuevas disputas territoriales para operar y ocupar el espacio de organizaciones nacionales, que hasta ahora monopolizaban el temor de las personas".

PRODUCCIÓN NACIONAL

Otra de las problemáticas evidenciadas por el reporte es el aumento en la producción nacional de drogas en el país, como consecuencia de la "disminución en la disponibilidad de marihuana y cocaína en el mercado nacional" tras el estallido y la pandemia. De allí que la Fiscalía destacó un aumento importante en las incautaciones de plantas de marihuana en el país y desmontajes de laboratorios en los que se extrae el componente activo de dicha planta para su comercialización.

Junto a ello, y pese a que el expendio de éxtasis -una reconocida droga sintética- cayó 87% en el último periodo, en contrapartida creció la circulación e incautación de otras drogas "fabricadas", como fármacos, la droga 2CB y su imitación en base a ketamina, un compuesto sobre el cual la autoridad llamó a evitar, dada a la adicción y "extrema peligrosidad" que su consumo provoca.

CÁRCELES

El informe también pone un foco en la presencia de los narcos en las cárceles y el establecimiento de lo que se denomina "sistema de dominación", que consiste en implementar grupos de poder y violencia en los penales, similares a los que instalan en barrios vulnerables, donde reclutan -a la fuerza- a otros reclusos para fines criminales. Este fenómeno explica, en parte, el alza en los homicidios intracarcelarios, que en los últimos años llegaron a crecer hasta en un 75%.

Asociado a este fenómeno, explicó el fiscal Toledo se logró detectar y desbaratar, por parte de Gendarmería, "el mayor intento de evasión jamás organizado antes en democracia", según el cual hasta dos mil reclusos se fugarían de varias cárceles en marzo de 2020.

La mañana de ayer, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta las dependencias del ex Congreso Nacional, con el objetivo de notificar a la presidenta del órgano redactor, Elisa Loncon, y al vicepresidente, Jaime Bassa, del requerimiento hecho por el fiscal Patricio Cooper, para interrogar a ambos en calidad de testigos respecto de la causa que indaga por el delito de perjurio contra el constituyente Rodrigo Rogas Vade.

Sobre este procedimiento, el director de la PDI, Sergio Muñoz, afirmó que "se recibió una orden de investigar para la Brigada de Investigación Criminal de Santiago y se están iniciando las diligencias pertinentes conforme a las facultades y a lo que se ha dispuesto en dicha orden de la Fiscalía".

Bassa llegó en horas de la tarde hasta el cuartel de la Bicrim en la comuna de Independencia, donde ratificó a los medios que su presencia se relacionaba con la concurrencia de funcionarios de la PDI a la sede del órgano constituyente.

"Esta mañana fuimos visitados en la Convención Constitucional por tres funcionarios de la Policía de Investigaciones y en cuanto tuvimos agenda disponible quisimos venir presencialmente a colaborar con la investigación y a dar un gesto de agradecimiento del trabajo que está haciendo la institución policial y también la Fiscalía", dijo el vicepresidente de la Convención.

Junto con asegurar que fue "una declaración de rutina", agregó que "venimos a ratificar la denuncia presentada por la mesa el día lunes. Hemos tratado de manifestar la mayor voluntad posible de colaborar y ahora esperamos que los procedimientos sigan su curso normal. Por nuestra parte, tenemos una semana muy intensa en la Convención Constitucional".

"No, nada, no ha habido comunicación con él (Rojas Vade)".

Jaime Bassa, Vicepdte. de la Convención