Constanza Peña Moya

A más de tres años del inicio de la indagatoria, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar dictaminó ayer el cierre de la investigación en contra de los tres imputados por el presunto pago irregular de horas extraordinarias en el municipio. De forma paralela, la audiencia denegó la solicitud de su defensa para que fuesen sobreseídos, luego de que los motivos que se argumentaban fuesen desestimados por parte del magistrado.

El fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade -a cargo de una buena parte de las causas relativas a la municipalidad-, explica que pese a concluirse que los hechos constituirían un delito, "el pronunciamiento definitivo con respecto a su situación procesal se va a tener que ver en un juicio oral". Asimismo, señala que el fin de la indagación puede no ser definitivo, teniendo en cuenta que "uno de los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó una reapertura de la investigación".

"Hay diligencias pendientes que fueron solicitadas oportunamente y no se han realizado, situación que amerita reabrir el caso", es uno de los argumentos esgrimidos por el CDE Según se detalló, los trámites "apuntan a acreditar los hechos que son materia de la formalización, especialmente el perjuicio", lo que ahora se debatirá la próxima semana.

Mientras para el jueves 23 de septiembre quedó fijada una audiencia para definir si se lleva a cabo la reapertura, el viernes 24 se agota el tiempo máximo que tiene la Fiscalía para presentar su acusación a los imputados. "Creemos que en este caso se está vulnerando tanto la función pública -en el orden de velar por la correcta administración de los fondos fiscales-, como también, y en definitiva, todo lo que es el patrimonio de, en este caso, la municipalidad de Viña del Mar", manifiesta Andrade.

Los argumentos

Si bien nadie se opuso al cierre de la causa, que correspondía desarrollarse en términos de plazos, sí generó una amplia oposición la posibilidad de que se sobreseyera a los imputados. Se trata de Pablo Staig, quien ejercía como administrador y director de Administración y Finanzas; Manuel Echeverría, quien dirigió el departamento de Finanzas; y Javier Garrido, exfuncionario municipal de la sección de remuneraciones; quienes autorizaron el pago de horas extra a otros trabajadores -con licencias médicas o en períodos de vacaciones- por un monto total avaluado en $ 56 millones.

"Los argumentos dan cuenta de una imposibilidad física de haber realizado esas horas extraordinarias, además de que los imputados tenían una posición de garante de los bienes públicos y la probidad en cuanto a la correcta administración de justicia, y de que es precisamente en esa función que -dolosamente y faltando a sus facultades públicas-, ellos defraudan al Fisco y particularmente a la municipalidad", sostuvo el representante del Consejo de Defensa del Estado.

A estos planteamientos se sumó Ricardo Sacaan, abogado querellante en delegación de la exconcejala Marcela Varas. De igual manera, agregó que la defensa -cuando indica que no existe una responsabilidad que pueda adjudicarse a los tres funcionarios-, "olvida un gran detalle, que es que para llegar al alegato de clausura es necesario hacer un juicio previo". Los antecedentes actuales, dijo, no bastan para hablar de la inocencia o culpabilidad de ninguno de los imputados.

Próxima APELACIÓN

"En realidad fueron varios los motivos para la resolución", explica por su parte -sobre la negativa al sobreseimiento- el fiscal jefe de SACFI (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos), José Uribe. "Primero, un tema de forma, del estándar de que el juez no estaba en condiciones ni de confirmar ni de descartar lo que decía la defensa (...) y atendiéndose también a que había indicios de un mal uso de los recursos públicos. Por ello se rechaza el sobreseimiento, pero hay que tener en cuenta que la defensa aún tiene plazo para apelar", precisa.

Consultado al respecto, el abogado de los imputados, Miguel Alfaro, confirma que optará por esta alternativa. "Voy a recurrir de apelación contra la resolución que hoy (ayer) dictó el Tribunal de Garantía, rechazando mi solicitud de sobreseimiento definitivo, y el fundamento es que tenemos la convicción de que los hechos investigados no son constitutivos de delito", dice.

"Lo que se les imputa a mis representados -participar en el pago de promedios de horas extra a estos trabajadores que hicieron uso de sus vacaciones y sus licencias médicas- es una forma normal de pagos de las remuneraciones que se hicieron en la Municipalidad de Viña del Mar durante muchísimos años, y que cuando Contraloría estimó que eso no estaba bien, inmediatamente se cesó por parte del municipio", agrega.

Finalmente, argumentó que "los trabajadores obtuvieron de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, posteriormente, de la Corte Suprema, una resolución que ordenó que se siguieran haciendo los pagos. ¿Cómo puede ser posible que estén imputados como autores de conductas que han sido totalmente avaladas?, confiado de tener éxito en su nuevo recurso judicial.

"Creemos que en este caso se está vulnerando tanto la función pública como también, y en definitiva, todo lo que es el patrimonio de la Municipalidad de Viña del Mar".

Cristián Andrade, Fiscal jefe Valparaíso

"Argumentos dan cuenta de una imposibilidad física de haber realizado esas horas extra; los imputados tenían una posición de garante".

Tomás Palacios, Abogado del CDE

"Voy a recurrir de apelación contra la resolución que dictó el Tribunal de Garantía, rechazando mi solicitud de sobreseimiento definitivo".

Miguel Uribe, Abogado de imputados

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La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se sumó a la satisfacción de los querellantes contra los imputados por el caso "horas extra" respecto a la decisión de no sobreseer la investigación.

"Estamos muy contentas", señaló, subrayando "que hay hechos constitutivos de delito que investigar y también hay participación de personas que hoy día están siendo imputadas por horas extra".

Siguiendo esa misma línea, la autoridad comunal valoró la labor del Consejo de Defensa del Estado, "que está representando de manera brillante al Municipio de Viña del Mar, pidiendo que se investiguen todas las diligencias para que se otorgue cada una de las pruebas". "Estamos trabajando con la PDI con dedicación exclusiva, con la Fiscalía Regional, y con nuestro equipo de investigación, para que la responsabilidad y la justicia sean la costumbre, y no la impunidad", añadió.

EL ROL DE REGINATO

De manera similar, aunque con un tono más directo, el diputado y exalcalde Rodrigo González valoró que no se haya acogido la solicitud de la defensa de los funcionarios involucrados. "La justicia, aunque lentamente, va avanzando en el caso de horas extra. (...) La parte acusada, que son tres altos directores formalizados, pidieron el sobreseimiento el cual fue rechazado porque sin duda hay responsabilidad y culpabilidad en este caso que se utilizaron recursos que le pertenecen a todos los viñamarinos para beneficio personal", dijo.

El legislador y exalcalde agregó que, sin embargo, "la responsabilidad principal está en la alcaldesa, que es quien firma los decretos y otorga las horas extra: son miles de millones de pesos que se han desperdiciado". "Esperamos que la justicia siga caminando y se logre sancionar a los responsables", concluyó.