La fragilidad del sistema ambiental
Un grupo de vecinos, a quienes se sumaría el gobernador Mundaca y cuatro alcaldes, se manifestará hoy contra el proyecto Los Rulos. La termoeléctrica bajo cuestionamientos obtuvo su aprobación ambiental en marzo de 2017. Esto revela las debilidades de un procedimiento creado, justamente, para zanjar las disputas en torno al impacto de grandes proyectos.
Un grupo de vecinos que se opone al proyecto de central termoeléctrica Los Rulos se congregará hoy en la plaza Brasil, de Limache, como forma de presionar al Comité de Ministros que debe pronunciarse en las próximas semanas sobre las reclamaciones que buscan revocar la autorización ambiental de la iniciativa. Según anunciaron los convocantes, la actividad contará con la presencia del gobernador regional, Rodrigo Mundaca, además de los cuatro alcaldes de las comunas pertenecientes a la Provincia del Marga Marga: Quilpué, Villa Alemana, Olmué y la mencionada Limache.
Los Rulos está pensada como una central de ciclo combinado que ocupará el gas natural licuado que llega al país por el puerto específico de GNL, en Quintero, aunque tiene previsto usar carbón en aquellos momentos en que el suministro del primer producto sufra alteraciones. "Lo anterior contribuirá a dar mayor estabilidad y seguridad de abastecimiento de energía eléctrica en el SIC", expone la empresa Cerro el Plomo S.A. sobre la propuesta, que contempla una inversión aproximada de 500 millones de dólares y que recibió su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en marzo de 2017.
Desde esa fecha, el proyecto ha enfrentado varios recursos administrativos y apelaciones que escalaron al grupo de ministros encargado de dirimir estas objeciones. ¿Es posible que un proyecto pueda avanzar y materializarse pese a las objeciones planteadas por las autoridades del lugar donde se emplazará o la opinión contraria de algunos de los vecinos que viven en las zonas de impacto? La respuesta a esa pregunta existe en la forma de un procedimiento de evaluación y calificación ambiental, que reúne las opiniones técnicas y políticas en torno a cualquier emprendimiento que lo amerite, a lo que suma las observaciones hechas por la comunidad mediante actividades de participación ciudadana. El mecanismo surgió, precisamente, como una forma de dirimir las controversias que surgían hace algunas décadas con proyectos de alto impacto ambiental, pero sin obligaciones de compensación o mitigación adecuadas. El problema surge porque el procedimiento está bajo cuestionamiento, de la misma manera que están bajo impugnación las aprobaciones hechas por direcciones de obras -Viña y Concón son comunas emblemáticas en este ámbito- que se rigen por planos reguladores. El gesto rotundo de que un gobernador y cuatro alcaldes se reúnan en oposición a Los Rulos demuestra la fragilidad del sistema creado, justamente, para validar decisiones ambientales.
Tal como ocurre con la aprobación de nuevas obras en las comunas, el visado ambiental de grandes iniciativas debería responder a un nuevo procedimiento, uno capaz de garantizar el respeto al medioambiente, pero también de dar certezas a las inversiones necesarias para sustentar el crecimiento económico de nuestro país.