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Informe de Contraloría desata batalla judicial entre municipio y Casino

VIÑA DEL MAR. Severas conclusiones llevaron a la alcaldesa a cobrar boleta de garantía por $ 500 millones y Casino irá a tribunales.
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Pamela Boltei

Difíciles están las cosas entre la Municipalidad de Viña del Mar y el Casino Enjoy, luego del informe que emitió la Contraloría Regional de Valparaíso y que detectó una serie de irregularidades tanto de parte de la empresa como de la fiscalización que debió haber hecho la administración municipal anterior entre 2017 y 2018.

A partir del resultado entregado por el órgano contralor, el municipio decidió cobrar la boleta de garantía por más de $500 millones a Enjoy, situación que generó que la aludida anunciara acciones judiciales contra la casa consistorial por considerarlo "arbitrario e ilegal".

El organismo fiscalizador evidenció una serie de inconsistencias en la concesión del casino a la empresa AMC, relacionadas con la recaudación por concepto de entradas al edificio y por varios ítems donde la empresa no habría cumplido su contrato, por lo que la Contraloría efectuará un sumario en la Municipalidad de Viña del Mar.

En específico, el documento explica que, tras la denuncia hecha por la entonces concejala PPD Marcela Varas, se detectaron diferencias significativas entre la venta de entradas al lugar y la recaudación efectiva entre enero de 2017 y julio de 2018. En dicho periodo se registró un total de 8.369 tickets vendidos por el municipio; sin embargo, el estimado de entradas que se debieron haber vendido en ese rango de fechas es de 439.641.

"El monto que el municipio pudo percibir por la venta de tickets debió ascender aproximadamente a $1.670 millones, monto que dista considerablemente de la suma efectivamente percibida por el ente edilicio por dicho concepto, ascendente a $31 millones", dice el escrito, apuntando a la empresa AMC, subsidiaria de Enjoy S.A. a través de su filial Enjoy Gestión Ltda., como responsable.

Entre dichas irregularidades detectadas por el organismo fiscalizador de parte de esa subsidiaria están la falta de implementación de un sitio web de fomento al turismo, el retraso en la autorización del nombramiento del nuevo gerente general de la empresa por parte del municipio y que el número de mesas de juego y de máquinas tragamonedas que AMC mantenía operativas era menor que las estipuladas en el convenio.

Además, observó que se dio de manera subrepticia la explotación de la concesión del Casino a Enjoy S.A. por intermedio de Enjoy y Gestión Limitada, sesión que es contraria a las estipulaciones del contrato y a las bases generales de la licitación, por lo que era posible que la municipalidad declarara el término del contrato de concesión, y mencionó que envió una copia del informe al Servicio de Impuestos Internos (SII) por considerar que la falta de cobro de entradas a las salas de juego habría afectado el IVA que debe aplicarse y el impuesto fiscal estipulado en la ley.

Por lo anterior, la Contraloría determinó que "instruirá un sumario administrativo a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos descritos".

El abogado Ricardo Sacaan, quien asesoró a Marcela Varas en la denuncia que presentó, explicó que "Enjoy S.A. consolidó los estados financieros con los de Enjoy Gestión Limitada e informa la concesionaria Antonio Martínez y Compañía, que es la concesionaria del casino, como una filial de Enjoy S.A., lo que, por una parte, constituye una cesión encubierta del contrato de concesión, lo que estaba prohibido en el mismo contrato".

Por otra parte, indicó, "se acordó que AMC cedió la administración u control a Enjoy Gestión Ltda., la que, a su vez, es controlada por Enjoy S.A., haciendo aparecer como parte de su patrimonio la concesión del Casino, lo que adultera su real patrimonio, engañando a sus accionistas. Asimismo, mediante esta figura, Enjoy S.A. paga remuneraciones e indemnizaciones de su propio personal con cargo a los recursos que provienen de la concesión del Casino, pagos estos que se traspasan a la municipalidad rebajando el monto de la suma de dinero que esta última debe percibir por concepto de explotación del Casino".

Nueva arista penal

Varas, la denunciante, expuso que el informe "reafirma lo que durante mis cuatro años de concejala manifesté respeto a la nula fiscalización de parte de la antigua administración a la concesionaria Antonio Martínez. Ocultaron o disimularon por años una serie de maniobras financieras y económicas que perjudicaron patrimonialmente a la municipalidad y a los vecinos de nuestra ciudad".

Además, indicó que el resultado obtenido por la Contraloría "se asemeja a los procedimientos irregulares que se han detectado para defraudar al municipio, lo cual podría formar parte de la arista fraude al Fisco que se encuentra abierta en el Ministerio Público", por lo que presentarán los antecedente a la causa en tribunales.

Cobro de boleta

Por todo esto, la alcaldesa Macarena Ripamonti contó que ya inició el proceso del cobro de la boleta de garantía, que suma más de $500 millones. "Son más de 9 puntos de incumplimiento, pero los más graves son dos: el primero, que se echó mano a un fondo de indemnización que era para finiquito de trabajadores que se utilizó de mala manera, incluso en contra de nuestra Unidad de Control, se toleró que se utilizaran $ 1.300 millones de ese fondo; dos, se toleró que, deliberadamente, se dejaran de cobrar entradas, lo que afectó por más de $ 1.600 millones los ingresos del municipio, y así diferentes incumplimientos que debieron haber hecho que la administración anterior iniciara cobros, juicios y multas, y sobre todo, cobrar boletas de garantía. La Contraloría nos dio una orden, 30 días para iniciar juicios civiles, exigir cumplimiento de multas y exigir el cumplimiento de la boleta de garantía, que es de más de $ 500 millones, lo que hicimos el día de hoy (ayer)".

Irán a la justicia

Debido a esto, Antonio Martínez y Cía. (AMC), exsociedad concesionaria del Casino, informó que la compañía se encuentra iniciando acciones legales contra el municipio, aludiendo "un claro abuso, arbitrariedad e ilegalidad patente, sin siquiera existir notificación previa de algún incumplimiento, un proceso administrativo o una sentencia judicial que haya dado lugar u ordene el cobro de la totalidad de la referida garantía".

"Esto, sin duda, nos toma por sorpresa. Entendemos que es una administración que recién se está instalando y puede pecar de inexperiencia en su actuar. Por la misma razón, la ciudadanía espera que sean aún más rigurosos en su proceder en caso que esto se trate de un error, en momentos en que estas señales son muy dañinas para la confianza entre el sector público y privado, donde se pueden sentar malos precedentes de credibilidad y confianza", agregaron desde la exconcesionaria.

"Se asemeja a los procedimientos irregulares para defraudar al municipio y podría formar parte de la arista fraude al Fisco".

Marcela Varas, Exconcejala y denunciante

"La Contraloría nos dio una orden, (...) exigir cumplimiento de la boleta de garantía, que es de más de $ 500 millones, lo que hicimos ayer".

Macarena Ripamonti, Alcaldesa de Viña del Mar

"Un claro abuso, arbitrariedad e ilegalidad patente, sin siquiera existir notificación previa de algún incumplimiento".

Antonio Martínez y Cía (AMC), Exsociedad concesionaria

$ 500 millones y fracción es el valor de la boleta de garantía que cobró el municipio al Casino de Viña.

$ 1.670 millones debió percibir el municipio entre 2017 y 2018, por pago de tickets de entrada.

"

conclusiones

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Diferencia entre la venta de entradas al lugar y la recaudación efectiva entre enero de 2017 y julio de 2018.

Falta de implementación de un sitio web de fomento al turismo.

Retraso en la autorización del nombramiento del nuevo gerente general de la empresa.

Número de mesas de juego y de máquinas tragamonedas que AMC mantenía operativas era menor que las estipuladas en el convenio.

Se dio de manera subrepticia la explotación de la concesión del Casino a Enjoy S.A. por intermedio de Enjoy y Gestión Limitada.

Falta de cobro de entradas a las salas de juego habría afectado el IVA que debe aplicarse.