Constanza Peña Moya

Mediante una carta en la que exponen una serie de demandas hacia la alcaldesa y el Concejo, un comité medioambiental conformado por vecinos de la comuna de Viña del Mar hizo llegar sus reparos frente a una expansión inmobiliaria que, a su juicio, es riesgosa y explosiva. Según indican, son al menos doce los proyectos que podrían amenazar tanto al entorno natural como a comunidades del sector, y a los cuales piden examinar en detalle, teniendo en cuenta el eventual impacto de cada uno.

"Los riesgos indicados en los estudios del Premval (Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso) son explícitos en señalar que intervenir las pendientes en quebradas con presencia de agua pueden generar remoción en masa, deslizamientos aguas abajo, entre otros. (...) De igual forma, la circular N°0350 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre las zonas de riesgo de incendio permite a las autoridades comunales ampliar dichas zonas de riesgo y limitar el tipo de construcciones que puedan desarrollarse", dice la misiva.

Elaborada por Ekuwün, pero firmada por alrededor de una decena de agrupaciones locales, añade que tres de estos proyectos ya se encuentran instalados. "Dos de ellos están en el sector de Agua Santa, a la altura del paradero 12 1/2, y el otro en el sector de Villa Real. Además, se empezó a perimetrar otro de esa misma inmobiliaria a la altura del paradero 5, en la Av. Borinquén", explica Víctor Costa, vocero del comité. Las empresas a cargo, tal como lo señalan en la carta, son las inmobiliarias Silos y Playa Mansa, que estarían avanzando "literalmente, a toda máquina".

Desafío urbano y vial

Aunque el foco está puesto en asegurar una protección del medioambiente, los diversos grupos también argumentan en base al impacto en la calidad de vida de los vecinos. "El ejemplo más gráfico es el de la Av. Agua Santa, la cual ya vive colapso vial en los horarios punta en toda su extensión. Pese a esto, ya son dos los proyectos inmobiliarios que se realizan en sus alrededores, y un tercero que proyecta construir un mall en un cerro con pendiente y en zona de curvas", señalan.

"Son diversos los proyectos inmobiliarios y urbanísticos que comenzaron a aprobarse de manera acelerada cuando se vio que iba a asumir el actual municipio. Es decir, quedaron amarrados por la administración anterior", acusa, por su parte, Daniel Espinoza, vocero de la agrupación Agua Santa Verde.

"Muchos se emplazan en las quebradas, que son parte de la identidad de barrio de estos sectores, que además son muy residenciales: muchas familias viven aquí desde hace años y han decidido quedarse porque es relativamente tranquilo", agrega.

Plan de acción

Según comenta Espinoza, ya hay "una coordinación a nivel de todo Viña en relación a la parte medioambiental, porque hay un tremendo conflicto en la ciudad en cuanto a proyectos inmobiliarios". Explica que, si bien, "entendemos que en primera instancia siempre hay intereses políticos de por medio, sobre todo si entramos en períodos de campaña", han tenido hasta el momento una muy buena recepción por parte de las autoridades comunales e incluso regionales.

Durante la sesión del Concejo del pasado viernes 10, el edil Alejandro Aguilera (CS) hizo un llamado a "revisar" el hecho de que "hay una infrasestrutura de proyectos inmobiliarios que hoy están interviniendo una serie de quebradas que son parte de nuestro patrimonio" y respaldó la solicitud de que se estudien opciones -como declarar Parques Urbanos vía decreto alcaldicio- para velar por estos sitios.

En tanto, la alcaldesa Macarena Ripamonti aseguró que en los próximos días se examinarán en detalle las demandas, que irían en la línea programática del Municipio de Cuidados.

Un nuevo prc

Pese a que este Diario intentó contactar a las dos empresas inmobiliarias mencionadas, hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una reacción de parte de ambas ante las críticas realizadas por las agrupaciones vecinales.

Por otro lado, consultada la oficina regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el organismo sostiene que serán revisados los antecedente -en términos legales, pero también técnicos- para luego determinar si resulta pertinente realizar un pronunciamiento oficial frente a la situación.

En tanto, son varios los concejales viñamarinos que aseguran tener una postura definida sobre este tipo de conflictos, que dicen haber visto anteriormente -aunque con ciertas diferencias- en el caso de otras emblemáticas iniciativas como el megaproyecto que se contempla para Las Salinas, la la Autopista Urbana en calle 6 Oriente, o la construcción de 12 torres residenciales en el sector de Canal Beagle. El actual Plan Regulador Comunal, desde la perspectiva de estos, daría pie al surgimiento de este tipo de problemas.

"Creo importantísimo que podamos prontro tener un plan reguldor informado y que refleje la opinión de la mayor cantidad de gente de nuestra comuna: de otra forma van a continuar apareciendo estos enfrentamientos", plantea el edil RN Carlos Williams, quien cree que pese al primer esfuerzo por consultar a los vecinos sobre el tema durante la administración anterior, aún permanece al debe la ejecución de "un proceso informado, que asegure la participación de una cantidad representativa de los habitantes de la comuna".

Su par, Pablo González (PC), añade que "no debería pasar de fin de año el inicio del proceso para un nuevo Plan Regulador". "Hoy Viña está a expensas del mercado inmobiliario", dice, sugiriendo que en tanto se desarrolla el proceso, "hay que mejorar los mecanismos de control, sobre todo en cuanto al control informal por parte de la población, así como los mecanismos sancionatorios, y si es necesario, también declarar seccionales o áreas protegidas".

La edil Nancy Díaz (Ind-RD) defiende el mismo planteamiento,y acota sobre la necesidad de revisar la entrega de permisos de obras por parte de la DOM. Asimismo, Antonia Scarella (Ind-UDI) considera que "lo urgente es revisar que estos proyectos cumplan con la normativa correspondiente según instrumentos actuales de ordenamiento territorial, con todo lo que eso significa en cuanto a estudios de impacto ambiental, vial, etc". Ambas concuerdan en que el proceso de actualización del PRC será largo, por lo que es necesario también considerar medidas a corto y mediano plazo.

"Muchos se emplazan en las quebradas, que son parte de la identidad de barrio de estos sectores, que además son muy residenciales".

Comité Ekuwün

El hallazgo de un matadero ilegal en Quilpué, en el que se detectaron especies es muy malas condiciones además de los faenados sin control santiario, reactivó una iniciativa del core Manuel Millones para solicitar una glosa especial en el presupuesto para que ONGs y protectoras puedan cuidar a animales que sufren maltrato.

Sobre todo porque los animales hallados en el lugar -12 caballaos y tres vacunos- fueron entregados al Servicio grícola y Ganadero (SAG) para que se hiciera cargo de estos, a pesar que el organismo no cuenta con recinto ni recursos para poder cuidar y alimentar a dichas especies.

Un problema que no es de ahora. Por ello, el año pasado el core e integrante de la Comisión de Medio Ambiente propuso establecer una glosa especial dentro de ley de Presupuesto, para poder ir en ayuda de organizaciones y grupos animalistas que pudieran hacerse cargo de las diferentes especies rescatadas, auque no hubo avances al respecto.

Para Millones, lo sucedido en Quilpué "nos vuelve a poner en el tapete este problema. No existe un recinto público temporal para las especies y animales decomisados y salvados. Han sido reiterados los casos en que la autoridad judicial ordena al SAG mantener, custodiar o poner en refugio a especies que se han encontrado debido a denuncian por maltrato animal, sin embargo, no existe un recinto para cuidarlos y el SAG no tiene recursos para alimentar a dichas especies".

A lo anterior, se debe sumar que a pesar de las buenas intenciones de las ONGs y agrupaciones animalistas, "tampoco pueden solventar los gastos que conlleva cuidar mascotas o las distintas especies con sus propios recursos", aseveró el core.

Por esta razón, Millones insistirá con su proyecto para que el Gobierno agregue un presupuesto definido para poder rescatar y mantener a las diferentes especies que son sujetas de abandono, maltrato o de mataderos clandestinos como el caso mencionado en Quilpué.

"Lo peor que puede seguir pasando es que los animales sigan quedando en manos de los mismos sueños infractores de la ley y acusados por maltrato, después de haber detectado la denuncia", finalizó.