Cartas
Buena fe
Uno de los principios esenciales del Derecho es el de buena fe, que opera como directriz y límite a la actuación de todos quienes llevan a cabo actuaciones con trascendencia jurídica. Supone una salvaguarda de la confianza y de las legítimas expectativas, y sus efectos se irradian no solo al ámbito de las relaciones entre sujetos privados, sino que también a la actividad de todos los órganos del Estado. Entre éstos se cuenta, obviamente, la Convención Constitucional, encargada de redactar ni más ni menos que la norma jurídica más relevante del país, la Constitución.
Como se sabe, este órgano surgió en virtud de un acuerdo suscrito por la mayor parte de las fuerzas políticas democráticas y está regulado por el Capítulo XV de la actual Constitución. Los preceptos de este Capítulo establecieron la forma en que debía generarse la Convención, su composición y las reglas y límites a los que debe ceñirse con el objeto de cumplir con el único y preciso fin para el que fue creada: redactar un proyecto de nueva Constitución.
Los ciudadanos elegimos a los miembros de la Convención para que nos propongan un nuevo texto constitucional conforme a aquellas reglas y límites. Por ende, la buena fe exige que la Convención respete el quorum de aprobación de normas de 2/3, la prohibición de intervenir o ejercer funciones o atribuciones de otros órganos o autoridades, la prohibición de atribuirse la soberanía y el deber de que el texto que elabore respete el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
José Ignacio Martínez Estay Profesor de Derecho Constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes
Funciones y atribuciones
La Convención Constitucional se transformó en un órgano no democrático. Se declararon soberanos, autónomos, originarios, no reconocen a la República que los eligió y se arrogan funciones y atribuciones que no les compete. ¿Qué clase de instituciones tenemos que no reaccionan ante ello?
Jorge Porter Taschkewitz
Derecho a la vida
Se está discutiendo en el Congreso la despenalización del aborto y, la verdad, es que da lo mismo si se hace a las 14 semanas o menos. En el fondo, se trata de interrumpir una vida. Y no puedo dejar de pensar en el doble estándar de algunas personas.
Desde hace más de un año que empezó la pandemia y hemos lamentado la pérdida de vidas humanas a causa del covid-19, entre ellos niños y niñas. No obstante, sin ningún escrúpulo o cuestionamiento, nuestros parlamentarios "discuten" sobre el derecho a la vida del que está por nacer. El derecho a vivir está consagrado en nuestra legislación y Constitución, y más allá de que un grupo de constituyentes la quieran cambiar, hoy es una Constitución vigente.
Reconozco que la maternidad en algunos casos y para algunas mujeres se hace difícil y angustiante, pero como sociedad debemos apoyar y dar acompañamiento a estas madres para que la crianza fluya en armonía.
Por otro lado, también se requiere educación para nuestra juventud y el entendimiento de que la sexualidad plena no necesariamente va acompañada de la maternidad o paternidad. Por otro lado, ninguna mujer que aborta lo hace sin secuelas psicológicas y un cuestionamiento posterior, algo que en el ejercicio de mi profesión ha sido tema y motivo de muchas depresiones.
Debemos tener espacios de conversación y acompañamiento, pero la discusión sobre el derecho a la vida del que está por nacer hace mucho tiempo que quedó zanjada. Hoy no cabe más que rechazar enfáticamente la destrucción de la vida de inocentes que no pueden defenderse.
María Ester Munnier Psicóloga y exdirectora regional del Sernameg
¿Hasta cuándo?
¿Imaginan que alguien sea capaz de robar el acceso a la educación de los niños y niñas menores de 4 años? Robar en un jardín infantil es eso, es dejar a los párvulos sin posibilidad de aprender, jugar y alimentarse, sin la posibilidad de compartir con sus pares. Cuando alguien roba cañerías de cobre, plastilina, juegos didácticos o alimentos, no solo roba algo material, sino que roba sueños, roba ilusión y más que afectar a una institución pública, daña a las familias de los sectores afectados.
En las últimas semanas dos de nuestros jardines han sido víctima de robos. Si bien hemos hecho campañas de sensibilización, hemos pedido apoyo a vecinos, vecinas y policías, estos terribles hechos delictuales siguen ocurriendo, obligando incluso a suspender actividades por semanas, mientras se licitan y ejecutan los arreglos. Si sabemos que al robar un jardín infantil dejamos a cientos de niños sin educación, yo me pregunto, ¿hasta cuándo?
Elizabeth Alarcón Rojas Directora regional Junji Valparaíso
Trato humanitario
Nuestro territorio, a pesar de ser una larga y angosta franja de tierra, tiene suficiente espacio. Si bien la caridad empieza por casa, esa caridad la podemos compartir de una forma justa y ordenada con quien ven en nuestro país la posibilidad de trabajar y tener una vida digna. Lo único exigible es respetar nuestras leyes y ser un aporte.
Los lamentables incidentes ocurridos en Iquique nos deben hacer reflexionar y ser más empáticos con una situación que por el momento creemos nos perjudica, pero que a largo plazo nos puede entregar la satisfacción de haber sido parte de una acción humanitaria.
La zona norte es ideal para construir lugares habitables y dignos sin necesidad de perjudicar a quienes ya están establecidos. La pampa nortina ha sido testigo del florecimiento y auge de pueblos y ciudades.
Entonces, ¿por qué no podría ser factible poner en marcha una iniciativa que favorezca a chilenos que viven en campamentos y a migrantes que quieren ser parte de nuestra sociedad?
Jorge Valenzuela Araya
Condena sin ambages
Los hechos ocurridos en Iquique en contra de familias migrantes son repudiables y condenables en su totalidad. Sin embargo, me sorprende ver que grupos políticos critiquen con vehemencia estos actos, pero ante otros no han hecho más que guardar silencio.
No dijeron nada en contra de las familias y trabajadores afectados por los daños ocurridos desde las manifestaciones del 18 de octubre, tampoco lo hicieron con los trabajadores que han sido víctimas de ataques incendiarios en La Araucanía y mucho menos con las familias que han perdido a un ser querido por estos ataques.
La violencia se debe reprochar siempre, pero para estos sectores parece que solo cuando les conviene.
Martina Claro