Sebastián Mejías O.

Tras ser aprobado con 93 votos a favor y 17 en contra en la Cámara de Diputados, al proyecto que modifica la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación en "diversas materias de orden laboral", solamente le restaba su promulgación por parte del Presidente. Sin embargo, desde el Gobierno decidieron presentar un veto supresivo a la iniciativa, provocando el descontento generalizado del Colegio de Profesores, que convocó a un paro de advertencia de 24 horas para mañana.

El proyecto implicaba la aprobación de siete indicaciones que, desde el magisterio, calificaron como claves. Entre las principales se encontraban modificaciones a la ley conocida como Estatuto Docente, así como también cambios a la ley conocida como Titularidad Docente, junto con la creación de dos artículos transitorios que resuelven problemáticas específicas del profesorado.

Explicando su decisión, desde el Gobierno consignaron que "es necesario contar con instrumentos eficaces que permitan evaluar la calidad y que generen los incentivos correctos para el desarrollo profesional de los docentes", por cuanto lo aprobado por el Congreso Nacional "contiene disposiciones que atentan contra este propósito y vienen a rigidizar el funcionamiento de los establecimientos educacionales, además de afectar la libertad de enseñanza".

Ante este anuncio, el Colegio de Profesores convocó a un paro de advertencia de 24 horas, esperando que el La Moneda "reflexione y recapacite sobre este veto". Aseguran que el consenso ante esta movilización es generalizado, incluso, entre aquellos profesores que no están colegiados, por lo que una posición inflexible de parte del Ejecutivo llevaría a "nuevas movilizaciones un poco más radicales que ésta".

Demandas históricas

Desde el Colegio de Profesores de la Región de Valparaíso, su secretario, Andrés Quiroz, mencionó que se trataba de una ley que al Estado "no le implica ningún costo ni tampoco readecuar el presupuesto nacional".

"Llama mucho la atención esta reacción del Ejecutivo, porque uno de los puntos centrales del proyecto, que es el de la titularidad docente que garantiza la estabilidad laboral a profesores que llevan diez, incluso treinta años a contrata y que podrán tener asegurada su estabilidad laboral, no significa ningún costo para el Gobierno", añadió.

El secretario del Colegio de Profesores de la Región de Valparaíso subrayó que la evaluación docente es otro de los puntos en torno al cual tienen miradas contradictorias con el Gobierno. Sobre este tema, dijo que lo que busca la modificación del proyecto, y que había sido aprobada por el Congreso, era terminar con el "carácter punitivo" de la evaluación.

Desde el punto de vista de Quiroz, "los docentes no nos negamos, en general, a ser evaluados. Ese rechazo no existe, sino que criticamos la forma en que está diseñado el instrumento evaluativo".

Otro de los temas que aborda el proyecto tiene que ver con los profesores que fueron evaluados en 2015 y que se vieron perjudicados con una reducción en el salario, además de la posibilidad de eximirse del proceso de evaluación docente a los profesionales de la educación que les falten tres años o menos para cumplir la edad legal para jubilar.

"acción torpe"

El momento en que se produce este veto presidencial llega, según Quiroz, en un momento de "total desprestigio y desaprobación ciudadana al Gobierno de Sebastián Piñera", por lo cual consideró esta acción como "torpe ante un proyecto que tenía mucha validez en el Parlamento, incluso entre diputados oficialistas".

Para Pablo Toledo, presidente del Colegio de Profesores de Viña del Mar, el veto tiene que ver más bien con "hostilidades" que se incentivaron en este tiempo de pandemia. Toledo cree que es más bien una forma de castigo al profesorado, "porque hay demandas que son históricas, relacionadas a tremendos abusos laborales, y el proyecto que vetó el Gobierno ponía en regla ciertas prácticas que afectaban el trabajo docente".

Asimismo, ve un apoyo transversal a este paro de advertencia, debido a que el veto "perjudica la labor docente en sus distintas etapas". La titularidad, por ejemplo, implica a los profesores que se encuentran en su etapa inicial; por su parte, la demanda por vacaciones es transversal; además de que hay un punto que exime a los docentes al borde de la jubilación de evaluarse.

"Nuestra movilización es justa, porque el veto no es más un gustito personal de Piñera contra un proyecto que tuvo un amplio respaldo en el Congreso. No le hace bien al país, después de todo el esfuerzo que han hecho los docentes, encontrarse con este retroceso legislativo que desde el Gobierno quieren impulsar", denunció Toledo.

"se Descuenta"

En tanto, la Seremi de Educación, Patricia Colarte, opinó que "realizar un paro no se justifica en la situación que está viviendo el sistema educativo. Hemos hecho como país un enorme esfuerzo por reabrir las escuelas y por recuperar la presencialidad".

Del veto presentado por el Ejecutivo al proyecto de Ley, la seremi aseguró que éste "apunta a normas muy específicas del proyecto de ley, no restringe ningún beneficio que hoy día tengan los profesores".

Una perspectiva similar manifestó el director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, Manuel Pérez Pastén, pues piensa que es "incorrecto que el veto aborda temas de titularidad docente, (...) esa norma ya está despachada del Congreso y el Ejecutivo no la objetó".

"El paro afecta aún más a nuestros estudiantes, que representan a la población más vulnerable de nuestra comuna y familias como estudiantes que esperan recuperar sus aprendizajes; por ende, funcionario que no se presenta en su jornada laboral, se descuenta. Ellos tienen derecho a manifestarse sin afectar el servicio educativo, nuestro deber es garantizarlo y actuar en propiedad", subrayó Pérez.

"Esta es una acción torpe ante un proyecto que tenía mucha validez en el Parlamento, incluso entre diputados oficialistas".

Andrés Quiroz, Secretario Colegio de Profesores Región de Valparaíso

"No le hace bien al país, después de todo el esfuerzo que han hecho los docentes, encontrarse con este retroceso legislativo que desde el Gobierno quieren impulsar".

Pablo Toledo, Colegio de Profesores Comunal Viña del Mar

"El veto no restringe ningún beneficio que hoy día tengan los profesores y tiene por único propósito resguardar la calidad del sistema educativo".

Patricia Colarte, Seremi de Educación

La nueva concesión del relleno sanitario de El Molle, según informó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, generará ingresos por al menos $3 mil millones en los 36 meses que dura el contrato.

Según un compromiso del municipio y un conjunto de ediles, el objetivo es que los recursos obtenidos sean destinados a obras e inversión social, lo que será reforzado con otras fuentes de financiamiento para concretar los proyectos aprobados por la comunidad en el marco de la actualización del Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco).

Sharp afirmó que "estamos avanzando en la recuperación de los recursos municipales y, de esta forma, ponerlos a disposición de la ciudad. Por eso los ingresos del nuevo contrato no se destinarán al pago de deudas, sino a obras para la ciudad y de sectores que han estado postergados por mucho tiempo".

En esa misma línea, la concejala Carla Sánchez dijo que "los recursos que se generen por la extensión de la concesión del relleno es pertinente invertirlos en la ciudad y sus alrededores, vivimos en un tiempo en que insisten múltiples demandas de la comunidad en general".

El alcalde y la concejala Zuliana Araya no descartan una "consulta ciudadana" para que sean los propios vecinos quienes decidan, a partir de los ejes del Pladeco, cómo priorizar los ingresos provenientes del nuevo acuerdo por el relleno sanitario.