Lavado de manos ante ataque a Municipalidad
Frente a la petición de condena a los acusados por el incendio a la sede consistorial de Quilpué, las nuevas autoridades adoptan una actitud indiferente. Es de suponer que la autoridad titular de la ciudad esté interesada en sancionar a los culpables, posición que adoptó el exalcalde Mauricio Viñambres.
La Fiscalía está pidiendo penas de 20 y cinco años de cárcel para los cuatro imputados por el incendio intencional que afectó al edificio de la Municipalidad de Quilpué el 29 de octubre de 2019. La acción, que causó graves daños en la antigua construcción, en su mobiliario y documentación allí conservada, motivó que tanto la Municipalidad, encabezada entonces por el socialista Mauricio Viñambres, y la Intendencia Regional de ese momento se hicieran parte en la querella correspondiente.
En esas condiciones, y tras investigaciones y peritajes, el Ministerio Público decidió solicitar 20 años de prisión para los acusados Sebastián González, Sergio Astudillo y Luis Corvalán, y cinco para Martina Morales, en ese año menor de edad.
Sin embargo, al iniciarse los alegatos de apertura la abogada Karla Ayala, en representación de la nueva administración municipal que encabeza Valeria Melipillán (Convergencia Social) mostró distancia con la parte acusadora.
Afirmó en su exposición que "confiamos en que el veredicto absolutorio o de condena se ajuste en todas sus partes a derecho, como corresponde a un sistema democrático". Buenas palabras, que intentan no comprometerse con que podría ser una contundente condena a "presos de la revuelta". Buenas palabras también para dejar conformes a los manifestantes que llegaron hasta el frontis del tribunal de Viña del Mar donde se lleva la causa.
Inspirada en el lavado de manos de Pilatos, la abogada se mostró partidaria de "no entrar en el fondo del asunto sometido a la decisión del tribunal".
La fiscal, Mónica Arancibia, sustenta sus pruebas en los testimonios de la policía que trabajaba en terreno en esa ocasión e identificó a los participantes en el ataque incendiario. Otra prueba es la rescatada desde una cámara de seguridad parcialmente destruida, grabación que, según demostrará la persecutora, comprueba la acción de los acusados.
El hecho concreto es que la sede municipal de Quilpué, situada en pleno centro de la ciudad, fue gravemente afectada por un incendio intencional y es de suponer que la autoridad titular de la Municipalidad esté interesada en sancionar a los culpables. Así lo entendió el alcalde Viñambres y así lo debe entender la actual jefa comunal, Valeria Melipillán.
En la política de defensa del patrimonio comunal, a veces muy mal cautelado, debe existir continuidad más allá de una discrecionalidad basada en determinada posición política.
La distancia que parece tomar la defensora municipal, que no se manda sola, es una pésima señal justamente en momentos en que han arreciado ataques a la propiedad pública y privada. Es alarmante para una comunidad que busca seguridad y tranquilidad, la réplica del sello de impunidad ante la violencia que desde hace tiempo se ha impuesto en Valparaíso con los lamentables resultados conocidos.