En el contexto de la acusación por abandono de deberes que un grupo de exconcejales realizó en contra del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, la defensa del jefe comunal porteño presentó un recurso de reposición para que el Tribunal Electoral Regional (TER) corrija la resolución en la que fijó 35 puntos a probar por parte de los acusadores.

El requerimiento fue presentado en noviembre del año pasado en época de elecciones municipales por los concejales Carlos Bannen (UDI), Marcelo Barraza (DC), quienes eran candidatos a la alcaldía por Valparaíso; Daniel Morales, Ruth Cáceres (RN), Luis Soto (UDI) y Eugenio Trincado (DC). Y este año, se sumaron los ediles Iván Vuskovic (ex PC), Pedro Solís (UDI), Jaime Bahamondes (UDI), Marina Huerta (DC), Yuri Zúñiga (Ind.) y Claudio Reyes (Ind.), quien también fue candidato a alcalde.

"de carácter político"

Para la jefa de Gabinete del alcalde, Karla Huerta, "lo primero que debemos recordar es que esta acusación fue liderada, en medio del último proceso electoral, por concejales que en aquella época a su vez eran candidatos, y finalmente no fueron electos por la ciudadanía". A su juicio, "nos encontramos frente a una acusación de carácter más bien político".

Respecto a la acción de la defensa del alcalde Sharp, su abogado, José Antonio Ortiz, planteó que "por diversas razones, la resolución deja a nuestro representado en indefensión, es por eso que en tiempo y forma interpusimos un recurso de reposición a fin de que el TER enmiende conforme a derecho la resolución recurrida. Ahora, en caso que el recurso sea rechazado total o parcialmente, se interpuso un recurso de apelación subsidiario, siendo el Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones, quien en definitiva determinará cuáles serán los hechos a probar en esta causa", añadió el abogado del jefe comunal.

Ortiz concluyó afirmando: "Resuelto que sean los recursos de reposición y apelación subsidiaria, se podrá dar inicio al período de prueba, momento en que se acreditará la total improcedencia de cada una de las acusaciones formuladas en contra del alcalde Sharp en requerimiento de la causa".

Alegaciones de forma

Por su parte, el abogado Rodrigo Flores, que representa a los concejales acusadores, explicó que "ellos están diciendo que el auto de prueba no se ajusta a su estrategia de defensa, y están pidiendo que se modifique. Si el TER rechaza en primera instancia esa reposición, procede que la causa se vaya nuevamente al Tricel, en Santiago, para que éste determine si el auto de prueba está bien dictado o no, con lo que se suspende toda la causa en Valparaíso y volvemos a los temas procedimentales, alegaciones de forma, y nuevamente no entramos al fondo. Ahora, ellos están en su derecho de presentar los recursos legales, lo único que consiguen con esto es atrasar que se vea la causa".

A su vez, el exconcejal Iván Vuskovic recordó que "yo participé también en la acusación por notable abandono de deberes que se le hizo a Jorge Castro, ahí fueron 12 puntos", por lo que reconoce que "efectivamente, 35 puntos son demasiado, y se supone que el tribunal, de alguna manera, debiera allanarse a que se unifiquen puntos, para que sea más expedito".

"hechos concretos"

Con respecto a lo afirmado por el municipio, de que la acusación no es más que una maniobra política, Vuskovic sostuvo que "todo ha sido político, qué duda cabe, pero aquí el tema es que son hechos concretos, específicos, como por ejemplo, que se hizo un concurso de directores de colegios que fue tan mal hecho que al final ellos mismos tuvieron que desistir de las nominaciones, y eso significó una pérdida de 60 millones de pesos".

Otro de los puntos, agregó, es que "modificaron el sistema de las colaciones para los niños en los colegios, no se compró mal, sino que se usaban las que se fabricaban en los dos colegios respectivos, luego la Contraloría hizo una investigación y dice que ahí se malversaron cerca de $900 millones. Es un hecho claro, específico, imagino que sin mala intención, pero el resultado está a la vista".

En un hecho inusual, el Segundo Juzgado de Garantía de Valparaíso admitió a tramitación una querella criminal presentada contra una magistrada. Se trata de Ingrid Alvial, jueza de Garantía de la misma comuna, a quien la abogada de derechos humanos Mónica Araya acusa de "ignorancia inexcusable".

El texto de la querella, en la que Araya representa a Teresa Cornejo, ambas pertenecientes a la Asociación "Madres Por la Justicia", la jurista detalla que Alvial "por ignorancia inexcusable cuya entidad la asimila al dolo, ha omitido tramitar dentro del plazo de 24 horas, como impone el artículo 176 del Código Procesal Penal, la denuncia en contra de los fiscales de La Calera, del Fiscal Regional de Valparaíso y de funcionarios de Carabineros, por obstrucción a la investigación, entre otros crímenes, relacionada con una manifiesta y confesada alteración del sitio del suceso, que se vincula al asesinato del Sr. Juan López-Baldomá Carretero".

La abogada agrega que "la jueza imputada paralizó la denuncia afirmando que esta no cumplía con los requisitos exigibles a una querella. Confundió, para explicarlo de una manera elegante, las manzanas con las peras, es decir las denuncias con las querellas. No se percató de las diferencias existentes entre los artículos 172 y siguientes del Código Procesal Penal, aplicables a las denuncias; y el 111 y siguientes del mismo cuerpo normativo, referidos a las querellas".

Recuerdan otro caso

Añade que a las querellantes "esto, lamentablemente, nos evoca el cuestionable proceso dirigido por la misma jueza Alvial, en donde se encubrieron las violaciones de menores pobres cometidas en Valparaíso por soldados extranjeros de la Operación Unitas".

Este Diario intentó obtener una versión de la jueza Ingrid Alvial, pero no fue posible, y desde el Poder Judicial indicaron que "la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirma que fue interpuesta una querella criminal en contra de la magistrada aludida, la que fue declarada admisible por el tribunal y sigue su correspondiente tramitación".

La Municipalidad de Valparaíso informó ayer que trabaja en la recuperación y pronto funcionamiento de los cuatro semáforos que se encuentran apagados desde el 18 de octubre, ubicados en las intersecciones de avenida Pedro Montt con Francia, Francia con Victoria, Pedro Montt con Freire y Chacabuco con Edwards.

El director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Daniel Ramírez, comentó que el proceso tiene un costo aproximado de $32 millones, ya que no solo se deben reparar postes y luminarias, sino también algunos elementos tecnológicos fundamentales para el funcionamiento de los semáforos.

"Vamos a demorar aproximadamente tres semanas en esa reparación. La empresa que está a cargo es Auter. Pero ya se hicieron todas las gestiones y esos trabajos ya comenzaron", detalló Ramírez.

El municipio instaló señalización de advertencia en aquellos cruces más peligrosos y ofició a Carabineros para que "puedan cooperar y prestar ayuda con su personal, para que haya un carabinero dirigiendo el tránsito en las intersecciones que son más complicadas, particularmente en la avenida Francia con Pedro Montt". Asimismo, comenzó la cotización de semáforos móviles para adquirirlos y, en caso de que este tipo de eventos vuelva a ocurrir, permitan estar preparados.