La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos del Gobierno del presidente Joe Biden y de clínicas abortivas sobre la posible inconstitucionalidad de la nueva ley de Texas que prácticamente prohíbe el aborto en este estado.

A lo largo de tres horas, el abogado de una coalición de organizaciones y clínicas que ofrecen servicios abortivos, y el Ejecutivo federal desgranaron sus argumentos en dos casos separados contra la norma.

Actualmente, la máxima instancia judicial del país tiene una mayoría conservadora, pero se encuentra dividida respecto a esta legislación, que veta el aborto a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas.

De acuerdo con las preguntas que hicieron, y según la impresión de los abogados que expusieron, la mayoría de los nueve jueces parece inclinada a permitir que las clínicas sigan adelante en su afán de impugnar la norma en tribunales.

La ley de Texas, estado controlado por los republicanos, entró en vigor en septiembre y no contempla excepciones para casos de incesto o violación.

EN MANOS DE civiles

Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares, y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación: cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.

Asimismo, anima a presentar denuncias al ofrecer una compensación de hasta 10.000 dólares a los demandante si ganan el juicio, lo que fue calificado tanto por el Gobierno de Biden como por las clínicas como un "botín" para implementar una ley, que tiene "un efecto paralizante" de los abortos.

Ese mecanismo hace más complicado llevar la norma ante los tribunales, lo que, para el Ejecutivo federal y los grupos proaborto vulnera la igualdad de los ciudadanos ante la ley y hace que sea inconstitucional.

En septiembre, la Suprema dejó que la legislación entrara en vigor en una decisión muy dividida, con el apoyo de cinco jueces frente a cuatro.

Dada la composición actual del máximo tribunal, donde hay seis jueces conservadores y tres progresistas, muchos analistas creen que la Corte puede apoyarse en el caso de Misisipi para anular el precedente establecido en 1973, lo que permitiría a cada territorio del país prohibir o permitir el aborto.

Sin embargo, los planteamientos expresados ayer por dos de los magistrados que en septiembre se opusieron a bloquear la norma, los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett -ambos nominados por Donald Trump- podrían indicar que están a favor de que organizaciones proaborto sigan adelante.

Los jueces Y LAS CLÍNICAS

El abogado Marc Hearron, del Centro para los Derechos Reproductivos, uno de los grupos demandantes, advirtió que la ley puede ser "una hoja de ruta" para otros estados y que puede ser empleada para "abolir derechos constitucionales". Por eso solicitó a la Suprema que emita una orden para evitar que los secretarios de juzgados en Texas comiencen a aceptar denuncias contra infractores de la norma.

Ayer, en una rueda de prensa posterior a los alegatos, Hearron se manifestó "contento" luego de ver que varios jueces están "seriamente preocupados con lo que está haciendo el estado de Texas".

El grupo Whole Woman's Health Alliance, que tiene cuatro clínicas abortivas en Texas y lidera la demanda, señaló que desde la entrada en vigor de la norma ha tenido que rechazar a cientos de embarazas que querían abortar. "Tenemos que decir no a pacientes a diario", lamentó su presidenta y directora ejecutiva, Amy Hagstrom Miller.

Otro demandante, The Afiya Center, indicó que las mujeres que más sufren los efectos de la norma son las afroamericanas, que en muchos casos no tienen medios para trasladarse a otros estados para abortar.

La Fiscalía de EE.UU. pidió a una corte de Miami desestimar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer pidió retirar los siete cargos de lavado de dinero y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito basado en las "garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición", que se concretó el 16 de octubre con la llegada de Saab a Miami.

La moción fue presentada ayer por Lunkenheime, día en que estaba prevista una audiencia en la que se le iban a leer los ocho cargos a Saab, pero finalmente fue pospuesta para el 15 de noviembre.

La Fiscalía declaró en el breve documento publicado en el sistema electrónico judicial estadounidense que la petición incluye solamente a Saab, y no al otro implicado en la causa, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal.

Según la acusación, desde mayo de 2019, más de un año antes de su captura en Cabo Verde en razón de una orden dictada a través de la Interpol, Saab está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente venezolano a través del sistema financiero estadounidense.

Los archivos judiciales de Estados Unidos también publicaron un documento firmado por Saab y por su abogado, Henry Bell, en el que el empresario colombiano renunciaba a comparecer ayer tanto en persona como en la versión de internet de la audiencia a través de la plataforma Zoom.

En la audiencia de ayer, en la que el abogado de Saab anticipó que se iba a declarar "no culpable", se preveía también que la defensa iba a solicitar la libertad bajo fianza.

El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó a reforzar la defensa nacional aeroespacial ante el avance de la OTAN hacia las fronteras del país y advirtió que los planes de Estados Unidos de desplegar misiles de corto y medio alcance en Europa, representa "un gran peligro y amenaza" para Rusia.

"Debemos seguir perfeccionando el sistema de defensa aeroespacial. Esto está directamente relacionado con el desarrollo por parte de las grandes potencias de prometedores sistemas ofensivos", dijo Putin. El mandatario ruso enfatizó que esto lo exige la actual situación político-militar, incluida la "creciente intensidad de los vuelos de la aviación de la OTAN cerca de Rusia".

"Y también la presencia en aguas del Báltico y el mar Negro de buques de la Alianza con misiles dirigidos", agregó y dijo que de la preparación y equipamiento de la defensa aeroespacial depende la seguridad del país y el mantenimiento de "la paridad estratégica".

Según Putin, la defensa aeroespacial debe ser capaz de detectar "a grandes distancias" objetivos hipersónicos y balísticos de todas las clases y después destruirlos "durante toda la trayectoria de vuelo".

Putin aseguró que Moscú es consciente de que "algunos colegas extranjeros no dejan de intentar romper la paridad" estratégica, como "con el despliegue de elementos de la defensa antiaérea global muy cerca de nuestras fronteras".

"No podemos no percibir esas amenazas para la seguridad de Rusia y reaccionaremos adecuadamente a la situación creada", apuntó.

En ese sentido, recordó los planes de Estados Unidos de desplegar misiles de corto y medio alcance en Europa, lo que representa "un gran peligro y amenaza" para Rusia.

"Ahora, como saben, un buque de EE.UU. (USS Mount Whitney) se adentró en el mar Negro. Podemos mirarlo rápidamente con unos prismáticos o a través de la mirilla de los sistemas de defensa correspondientes", comentó.

En los últimos cuatro años destacó que las Fuerzas Armadas rusas han recibido 25 sistemas antiaéreos S-400 y subrayó que el objetivo es que para 2027 el 80% del armamento sea moderno.