Correo
Desigualdad
Pareciera que debemos leer estudios de afuera para darnos cuenta de nuestra catástrofe local. El impactante informe de la Escuela de Economía de París nos dio una gran cachetada: "Chile suma 120 años de desigualdad extrema". No es una nebulosa, no es un enjambre incierto ni una nube cegadora: la desigualdad es concreta y tiene cifras reales en Chile. Hablar de desigualdad en nuestro país significa globalmente como si nos dividiéramos en dos.
Pero ¿cuán desiguales somos?, ¿dónde nos posicionamos a nivel mundial? El estudio mencionado es claro: la mitad de la población con menos recursos acumula una riqueza apenas sobre el 0%, mientras que el 1% más rico posee casi la mitad de ella. Somos uno de los países más desiguales en América Latina, con niveles comparables a los de Brasil.
Algunos se preguntan si existe realmente la tan mentada clase media que hace que vivamos ese espejismo de la no pobreza. La pandemia expuso a las familias y la retrató sin adornos ni colores. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son muy claros respecto a Chile: un 53% correría el riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos.
Venir marcado por la cuna se hace insostenible, las consecuencias son nefastas e incalculables, sobre todo después de la aparición del covid-19. Una caminata por la realidad puede alumbrar el paisaje y convertir las cifras en rostros, para avanzar con humanidad, sobre todo en épocas de elecciones y promesas.
Carlos Schneider Yáñez
Desarrollo y acuerdos
Dicen que se trata de la elección más polarizada de los últimos 30 años. Qué duda cabe. Desde mi punto de vista, Chile necesita concretar cambios urgentes en materias de vital relevancia: sistema previsional, salud, educación, vivienda y seguridad. Y estoy seguro que los cambios van a llegar. Sin embargo, tales reformas deben realizarse sobre la base de los acuerdos y no de las imposiciones, sobre la base del conocimiento y no de la experimentación, sobre la base del desarrollo y no de la involución, sobre la base del Estado de derecho y no de las incertezas jurídicas.
Sebastián Gutiérrez V.
Mercado y municipalidades
La solución a los problemas de abusos de precios, colusiones, etc., es que haya más y mejor competencia. No se trata de crear nuevos actores a la fuerza, se trata de generar condiciones favorables para que esos actores surjan y se desarrollen espontáneamente.
Algunas municipalidades han hecho noticia últimamente por escándalos de corrupción en forma directa o a través de las corporaciones municipales. Por otra parte, las municipalidades también han hecho noticia por su incursión, con loables propósitos, en farmacias populares, librerías populares y ópticas populares, sumando ahora la intención de distribuir el llamado gas popular. Exceptuando esta última iniciativa, los resultados de estos emprendimientos, evaluados en forma independiente, no se conocen, solo se sabe que la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) tiene más de mil millones de pesos en deudas y su representante legal también deberá responder por otras situaciones adicionales, como giro doloso de cheques.
Así como se han creado las figuras de farmacia popular, librería popular, etc., queda la duda de por qué no se ha inventado aún la pastelería popular. La razón es que no funcionaría. ¡Pastelero a tus pasteles!
José Luis Hernández Vidal
Ley Tamara
Avanzando en el Congreso se encuentra un proyecto de ley que busca reforzar la protección penal a personas vulnerables. Para ello, la iniciativa aumenta las penas, establece agravantes y en algunos casos excluye la posibilidad de la pena mínima en caso de que delitos violentos sean cometidos contra menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. La iniciativa, conocida como "Ley Tamara", en honor a Tamara Moya, pequeña que murió baleada cuando su familia sufrió una encerrona, será ahora analizada en particular por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, para que los parlamentarios puedan mejorar su texto.
¿Por qué? Necesitamos avanzar resguardando que no tenga ningún problema de constitucionalidad, que sea un proyecto viable y que no pueda ser cuestionado por infringir derechos fundamentales. Toda iniciativa que aumenta penas debe ser diseñada con cautela, con el objeto de proteger la proporcionalidad punitiva que debe existir entre los diversos delitos. Además, la sanción de estos únicamente con presidios perpetuos niega la capacidad de resocialización del individuo, lo cual requiere de una profunda justificación.
Estamos frente a un proyecto necesario que reconoce la debida protección a los integrantes más vulnerables de nuestra sociedad. Sabemos que hay muchas familias que han sufrido muchísimo y que esperan contar pronto con una ley promulgada, pero por eso mismo debemos cuidar que esta pueda cumplir sin cuestionamientos el fin para lo cual fue propuesta.
Francisco Javier Bedecarratz Doctor en Derecho Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile
Seguridad privada
Hemos visto cómo las necesidades urgentes de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad se han convertido en el eje central y en el desafío estratégico de las candidaturas presidenciales que pasaron a segunda vuelta. Enhorabuena. Las personas por años han aspirado a vivir en una sociedad donde la seguridad sea una preocupación central de las autoridades.
Se acaba de dar un paso importante en esta materia, la aprobación del proyecto que establece mecanismos de control financiero y disciplinario de las policías. Sin embargo, queda aún por avanzar y, en ese sentido, el próximo gobierno debe terminar la tarea: regular la seguridad privada. Si los planes de los candidatos no contemplan a la seguridad privada, estarán absolutamente incompletos.
Desde hace años que somos un coadyuvante de la seguridad pública. Desde ese rol vemos que podemos contribuir enormemente al resguardo ciudadano, no solo descomprimiendo la carga de las policías, sino que, además, colaborando en diversos otros aspectos, siempre que exista un marco regulatorio adecuado. En ese sentido, existe un proyecto de ley en el Congreso que se encuentra sin avanzar desde hace más de 10 años. Esperemos que el nuevo mapa político garantice que la seguridad no sea de relevancia coyuntural, sino una política de Estado, ya que no hay seguridad sin el componente privado.
Aldo Vidal Vocero Asociación de Seguridad Privada y Transporte de Valores (Aseva)