Derechos humanos y la seguridad ausente
La suma de situaciones de violencia de todo género daña a toda la sociedad y justifica la consagración de la seguridad como un derecho. "En Viña del Mar y Valparaíso tenemos en estos días graves hechos de sangre, con muertos, heridos y repudiables ataques a mujeres. Es la inseguridad que también golpea a las puertas de nuestras casas".
El reportaje de un canal de televisión mostraba la airada queja de vecinos de comunas populares de la Región Metropolitana debido a que sus barrios no contaban con supermercados. Tenían, pero habían sido saqueados e incendiados en el llamado estallido social de 2019. Debido a esa carencia, el abastecimiento es complejo para los habitantes de esos sectores y a la falta de esos establecimientos se suma la desaparición de farmacias. Para lograr abastecimiento variado y mejores precios, deben recorrer largas distancias y gastar en movilización y en tiempo, situación crítica para los adultos mayores. En vez de supermercados, hay escombros y sitios eriazos. Las empresas que los operaban no retornan por falta de seguridad.
En otro frente, aquí, en Viña del Mar y en Valparaíso, tenemos en estos días graves hechos de sangre con muertos y heridos y repudiables ataques a mujeres. Es la inseguridad que también golpea a las puertas de nuestras casas, amenazando integridad y calidad de vida, sin olvidar la violencia que ha pasado a ser parte de la rutina de varias regiones del sur. La seguridad es un valor perdido, un problema que va cubriendo ciudades y campos.
Así, con toda razón, un amplio grupo de personas cuyas vida y actividades han sufrido grave daño en los últimos tiempos ha ingresado a la consideración de la Convención Constitucional una propuesta para establecer una norma que garantice el derecho a la seguridad.
La propuesta representa a muchos grupos, desde comerciantes hasta empresarios agrícolas, pasando por particulares que han sido víctimas de la violencia en sus múltiples expresiones. Está entre los proponentes el padre de una niña muerta en una encerrona en Huechuraba; estan también el propietario de un local de comida rápida del centro de Santiago y la viuda de un carabinero asesinado en una emboscada en La Araucanía. Son muchos los que exigen un pronunciamiento firme, sin vacilaciones de los convencionales. La condena a la violencia hasta ahora ha sido una piedra en el zapato en la Convención Constitucional, partiendo con la presidenta, doña Elisa Loncón, quien con una excusa absurda -no tengo el estándar de Mandela- eludió pronunciarse. Y el tema ha llegado a la campaña presidencial en segunda vuelta y lo que antes se eludía, ahora se toma como bandera de lucha. ¿Hasta qué momento se mantendrá esa bandera en alto? Pregunta pertinente cuando algunos sectores estiman que dentro de la feria de los derechos se debería incluir en la nueva Constitución, con ropaje democrático y superioridad moral, el derecho a la violencia. Lo que no se puede eludir es el derecho a la seguridad, que está en la raíz misma de los derechos humanos pues es la base de la garantía a la vida y a las actividades de las personas.