En un proceso marcado por la transparencia y la preocupación por los detalles, la Empresa Portuaria Valparaíso adjudicó a la firma Agencias Universales S.A. (Agunsa), la operación del Terminal 2 de Valparaíso, por los próximos 4 años, a contar del 16 de marzo de 2022. La propuesta de Agunsa superó las presentadas porel controlador de TPS (Neltume Ports y Contug Terminals) y DP World -actores ya presentes en el sector portuario de la Región de Valparaíso-, Marítima Valparaíso Chile SPA (Marval) y el consorcio integrado por Cointer Chile S.A. y Estibadora Chilena SPA. La decisión forma parte de una estrategia mayor diseñada por EPV para lograr la tan necesaria expansión del Puerto de Valparaíso, que sufrió un tropiezo desalentador con el atraso del proyecto T2 -cuya aprobación ambiental se entrampó en los cuestionamientos y las decisiones sorpresivas-, la renuncia del concesionario encargado de materializar dicha iniciativa y la persistente oposición de algunos ciudadanos a cualquier alternativa que implique construir más espacio en la explanada del actual Espigón.

Agunsa se hará cargo de administrar la operación de los 3 sitios de este frente de atraque en lo que se ha llamado una operación de transición, a la espera de que se resuelvan las controversias relacionadas al gran proyecto de ampliación pendiente en Valparaíso, pensado este para aumentar la capacidad de transferencia y mantener la competitividad de la industria portuaria de la comuna por los próximos 20 años. Para allanar este camino, EPV ha sostenido una serie de encuentros con distintos actores vinculados a la ciudad: autoridades locales, agentes del ámbito marítimo, empresarios y gremios asociados al trabajo portuario, comerciantes y académicos. Cualquier atisbo a la historia de casi 500 años de Valparaíso mostrará los estrechos lazos que existen entre el desarrollo de su terminal portuario y los movimientos de auge y caída de la urbe. Cada vez que el puerto brilló, también lo hizo la ciudad, en un movimiento coordinado de avances y mejoras que, en última instancia, redundó en que una serie de adelantos se dieran antes en Valparaíso. "El nuevo concesionario permitirá agregar competencia al puerto de Valparaíso en su conjunto, lo que implica, también, mejores condiciones para una operación que potencie el comercio exterior de la zona central del país, genere nuevos puestos de trabajo e impulse a todas las vocaciones productivas de la ciudad", dijo ayer el presidente del directorio de la Empresa Portuaria Valparaíso, Fernando Ramírez, al comentar la adjudicación a Agunsa. La medida impone una cuota de necesaria certeza a una economía local y regional marcada por la incertidumbre, pero también emplaza implícitamente a todos aquellos que han puesto reparos a las actuaciones del Puerto de Valparaíso, al punto de poner en duda su real intención con la ciudad. El escenario actual exige mucho más de todos ellos, porque al final de cada jornada, como muestra el proceso zanjado ayer por EPV, el futuro se juega más en los actos que en las palabras.

Nuestra actual legislación establece que las personas que no hayan sido condenadas a pena aflictiva -es decir, a una pena impuesta desde los tres años y un día- o por delitos terroristas pueden votar; por lo tanto, actualmente los reos que cumplen prisión preventiva o condenas inferiores a la antes señalada no pueden ejercer su derecho constitucional de sufragio. Esto, porque ni Gendarmería ni el Servicio Electoral de Chile (Servel) han tenido la voluntad suficiente para concretar un cambio, basándose en reglamentos o en problemas de logística, principalmente.

Recordemos que uno de los pilares de la democracia es justamente el derecho a votar; por lo tanto, la nueva Carta Fundamental tiene un desafío mayor que, por supuesto, va dentro del urgente cambio que se requiere implementar en todo el sistema penitenciario: incluir la adopción de medidas concretas que aseguren el "voto preso".

Este es un tema que, a pesar de su relevancia, no es abordado por el mundo político en atención a que no es un tema popular. Históricamente, los candidatos se han referido de manera muy acotada respecto a la población penitenciaria, esto, por el famoso "populismo punitivo" que no es concordante con entender a este grupo de seres humanos como sujetos de derecho.

En nuestro país los candidatos temen a que su popularidad baje por el riesgo de ser considerados como "defensores de los delincuentes". En la actual carrera presidencial, nuevamente se ha mencionado solo mínimamente la obligación del Estado en garantizar a los internos imputados el poder ejercer su derecho a sufragio y también en temas más de fondo, como terminar con la dispersión normativa que actualmente existe en esta materia y que incide directamente en una actual desprotección de los derechos fundamentales de quienes están recluidos.

El Estado Chileno tiene una deuda profunda y de larga data con la población penal. Las condiciones carcelarias rayan en la inhumanidad; no existe una visión real ni esfuerzos en ese sentido para darle el carácter resocializador a la condena con privación de libertad. Así, la vulneración al derecho de sufragio de los internos de diversos penales es un punto más dentro de un amplio catálogo de vulneraciones diarias que sufre esta población del país.

Ante esta vulneración, hoy Gendarmería de Chile, el Servel y el Poder Judicial deben involucrarse conjuntamente en este desafío, sin mirar desde afuera cómo las medidas necesarias para asegurar el "voto preso" son omitidas. Quizás es necesario acarrear sanciones para quienes incurren en el desacato, como también sancionar a nivel social esta transgresión de garantías fundamentales que sigue permaneciendo elección tras elección.