Tras el fallecimiento del destacado consejero regional y expresidente del organismo, el democratacristiano Rolando Stevenson, la Ley Electoral determinó que su reemplazo hasta el mes de marzo de 2022, fecha en que asume el nuevo Consejo y plazo para que el partido decida un nombre definitivo, fuera su compañera de lista, la socialista y excandidata a core, Valeria Carvallo Suma de Villa, conocida en San Felipe por haber ejercido diversos cargos municipales en esa comuna y en Putaendo, además de consultorías habitacionales en programas de vivienda financiados con subsidios estatales.

"Frente a la situación de Valeria Carvallo, siendo la única compañera de lista de Rolando en la elección del 2017, es quien debería asumir el cargo. Si ella acepta, no habría problema alguno y si ella no acepta, tendríamos -como partido- que elegir una terna para reemplazar a don Rolando", dijo entonces el presidente regional de la DC, Alex Avsolomovich, según consignó el diario El Observador a mediados de mes.

La desconexión entre el poder central y Aconcagua, sin embargo, se mostró más patente que nunca, por cuanto solo una vez después de su nombramiento saltaron las alarmas desde San Felipe alertando que Carvallo había sido despedida del municipio en mayo por haber presentado un título profesional falso de Trabajadora Social del Instituto Profesional AIEP cuando fue reclutada a honorarios para catastrar y detectar viviendas rurales con carencias de agua y alcantarillado bajo la anterior administración del alcalde Christian Beals.

El hecho motivó una demanda civil por parte del municipio de San Felipe para que Carvallo reintegre los $ 8 millones percibidos y una presentación ante la Contraloría General de la República. Asimismo, será formalizada el próximo 16 de febrero en el Juzgado de Garantía de San Felipe por falsificación de documento privado y ejercicio ilegal de la profesión.

Pero el inconveniente del hoy famoso diploma de Carvallo no es el único problema. También a mediados de diciembre la propia DC ventiló fuertes diferencias de criterio en torno al reemplazo de Stevenson, cuando el citado presidente Avsolomovich escribió una carta de los militantes interpretando que existía una "laguna legal" que no definía con claridad qué hacer en este caso (al momento de fallecer, Stevenson había ganado su reelección para el período 2022-2026). Así, Avsolomovich proponía "actuar con urgencia" y determinar una terna de candidatos ya establecida por la vicepresidenta Adelaida Escalona, otra sugerencia del core Roy Crichton, quien ponía sobre la mesa los nombres de los cores Roberto Burgos y Juan Arriagada, además del exdiputado Daniel Verdessi. Consultado al respecto, Crichton desmintió todo lo dicho por Avsolomovich y se mostró tristemente sorprendido por esta carrera por buscar reemplazo a Stevenson por parte de quienes "no lo acompañaron en su enfermedad y ni siquiera asistieron a su funeral".

Finalmente, debiera ser el Tribunal Electoral el que determine el nombre de quien asuma el cargo del respetado exconsejero sanfelipeño. Con todo, el Core y la Democracia Cristiana parecen explicar a través de estas instancias el porqué de la desafección ciudadana en la Región, en la cual la Falange se quedó por primera vez en su historia sin representantes en el Parlamento y el organismo colegiado sigue sin dar con el tono.

El siglo XXI se ha caracterizado por la irrupción masiva de la tecnología digital que le plantea a la sociedad entera grandes desafíos que, por su rapidez y magnitud, pocos han sabido dimensionar. La tecnología digital ha llevado a desarrollar la cuarta revolución industrial y ha modificado en forma definitiva y significativa la forma en que nos relacionamos entre nosotros, como personas, y con las instituciones y organizaciones que conforman nuestro entorno y país.

La pandemia puso de manifiesto que hay una brecha digital enorme, tanto en cobertura como en el conocimiento del uso de los medios digitales; y al mismo tiempo, ha acelerado en forma impresionante el avance de aplicaciones y servicios, procesos que de otra forma habrían tomado décadas en ser asumidos como parte de la cotidianeidad de los chilenos. Lamentablemente, el nivel socioeconómico ha favorecido a algunos y perjudicado a muchos otros en el acceso a la tecnología digital. En otros casos, la ubicación geográfica de nuestro país tricontinental ha generado que las personas que viven en las capitales regionales se vean más favorecidas, versus las que viven en rincones más aislados del país, a quienes se les dificulta la conectividad.

En comunas como La Pintana, Cerro Navia, Lo Espejo, San Ramón, Lota, Hualpén, Hualqui, Los Ángeles, Maule, Padre Las Casas, Constitución, Paine, Villarrica, Melipilla, San Carlos, Ovalle, San Vicente, Chillán Viejo, Rengo, Vallenar, Linares, Alto Hospicio y San Antonio, hay poca competencia de proveedores, bajos ingresos, poco acceso a redes de alta velocidad y poco crecimiento en los últimos seis meses, según el estudio presentado por la Subtel llamado "Radiografía de la Brecha Digital Comunal en Chile".

Hoy el Estado se está digitalizando, estamos avanzando hacia un gobierno digital y, por ende, todo se basa en datos e información. Es por este motivo que es muy relevante que las personas se puedan relacionar digitalmente con el aparato gubernamental sin moverse de sus casas, a través de dispositivos electrónicos.

Por lo mismo, debemos llegar incluso a declarar que el acceso a internet sea un derecho asegurado en la Constitución, más allá de ser un servicio público como lo es ahora, tomando en cuenta la necesidad de los ciudadanos de vincularse digitalmente con el Estado de Chile.

El futuro nos depara un desafío aún mayor y actualmente no es posible pensar en la administración del país sin acceso a internet. La aspiración es alcanzar el estatus de una República Digital que cambie la forma en que se ejercen los liderazgos, la forma en que se informa a la población, la forma en que las personas se vinculan con el Estado y la forma en que el Estado se pone al servicio de las personas. Esperamos que este derecho aparezca en la propuesta de Constitución Política que está en redacción, para hacer realidad la República Digital de Chile.