Agencias

Un año después del multitudinario ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, centenares de procesos tanto judiciales como políticos siguen buscando a los culpables materiales e intelectuales de lo sucedido, estrechando cada vez más el cerco sobre el ex Presidente Donald Trump.

Las investigaciones se dividen en dos grandes grupos: por un lado, la persecución policial (encabezada por el FBI) y judicial a centenares de personas que protagonizaron actos violentos o vandálicos en esa jornada; y por otro, el proceso político abierto en el Congreso de EE.UU. contra personas de la órbita del exmandatario.

Más de 700 acusados

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia ha presentado cargos contra más de 700 personas, residentes a lo largo y ancho de EE.UU., por delitos como atacar físicamente a policías, impedir el ejercicio de sus funciones o por destruir propiedad del Gobierno.

"Entrar al Capitolio sin permiso es una acusación muy menor, pero la violencia física puede conllevar varios años de prisión, especialmente si es contra un agente de la Policía del Capitolio", dijo a Efe el profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York Stephen Gillers.

La mayor condena emitida en lo que va del proceso -dada a conocer el 17 de diciembre- fue precisamente por este motivo, y recayó sobre un hombre que atacó a agentes de policía con un extintor y fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.

Mientras el FBI y la Justicia lidian con los ciudadanos anónimos que protagonizaron los hechos, la Cámara de Representantes lleva a cabo una investigación paralela sobre qué ocurrió el 6 de enero y los días precedentes en las más altas instancias del Gobierno.

A diferencia de los tribunales, el Congreso no tiene capacidad de sancionar a nadie. Ahora bien, si alguna de las personas llamadas a testificar se niega a hacerlo, el comité las puede declarar en desacato y luego corresponde al Departamento de Justicia presentar cargos.

Ese ha sido el caso de tres excolaboradores de Trump: su exasesor y exjefe de campaña Steve Bannon, su exjefe de gabinete Mark Meadows y el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark. Tras los tres casos está la figura del propio expresidente, que sigue intentando no revelar documentos sobre qué pasó el 6 de enero en la Casa Blanca y cómo fue manejado en la esfera del poder.

Un incendio desatado la madrugada de ayer domingo en el Parlamento de Sudáfrica estuvo más de 12 horas activo, pese al gran despliegue de los equipos de emergencia de Ciudad del Cabo, que no pudieron evitar el hundimiento de algunas partes del edificio.

"Mientras estas investigaciones continúan, pienso que estamos unidos como nación en nuestra tristeza por la destrucción del hogar de nuestra democracia", dijo el presidente del país, Cyril Ramaphosa, tras acudir al lugar para valorar los daños provocados por el fuego.

Tras el emotivo funeral de Estado celebrado el sábado para dar su último adiós al arzobispo emérito Desmond Tutu -fallecido el día 26 de diciembre a los 90 años de edad- los sudafricanos despertaron ayer con las redes sociales inundadas por imágenes de grandes llamaradas y una densa humareda elevándose sobre el Parlamento.

Las autoridades creen que el fuego comenzó en el edificio más antiguo del recinto (la "Antigua Asamblea"), cuya construcción terminó en 1884, para después extenderse al ala más nueva que aloja la Asamblea Nacional, la Cámara baja del parlamento sudafricano, donde el fuego aún estaba activo al caer la tarde del domingo.

"Todo el edificio (del Parlamento) sufrió grandes daños por el humo y el agua", dijo el responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Ciudad del Cabo, Jean-Pierre Smith.

En concreto, el techo de esa sección más antigua "se hundió", así como el tercer piso de ese inmueble, donde los servicios de emergencia temían que el fuego se extendiera rápidamente a causa de la decoración de madera, tapices y cortinas, si bien finalmente las llamas pudieron ser contenidas.

Después de que un primer contingente de 36 bomberos tratara de extinguir el fuego sin éxito y pidiera refuerzos, unos 70 efectivos fueron desplegados.

Aunque las causas del incendio no son aún conocidas, las fuerzas de seguridad detuvieron a un sospechoso de unos 50 años en el Parlamento, según confirmó la policía en sus redes sociales.

El hombre, que fue arrestado y entregado a la unidad policial de élite conocida como Hawks (Halcones), será llevado ante la justicia mañana, bajo los cargos de "allanamiento de morada y robo".

Este es el segundo incendio que sufre el recinto del legislativo sudafricano en el último año.

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en la ciudad haitiana de Gonaives durante el ataque de una banda armada contra el primer ministro, Ariel Henry, y su comitiva que salían de una iglesia tras el oficio de una misa en conmemoración del 218 aniversario de la independencia.

La persona, cuya identidad se desconoce, fue ultimada en medio del tiroteo entre miembros de una banda armada en el sector Raboto y las fuerzas de seguridad que protegían a Henry y a otros funcionarios, según reportaron medios haitianos.

En el interior de la parroquia Saint Charles de Borome no había fieles, solo autoridades locales y la delegación del Gobierno. La ceremonia se celebró a pesar de las amenazas del grupo armado, que advirtió a Henry que no se presentara en la ciudad.

Los atacantes fuertemente armados que controlan la zona disparaban en dirección a la delegación oficial, mientras las fuerzas de seguridad respondían la agresión y sacaban del lugar al primer ministro a toda prisa.

El ataque impidió a Henry completar los actos que tenía programados en la ciudad con motivo de la conmemoración de la independencia de Haití conquistada a Francia.

El país atraviesa por una grave crisis en prácticamente todos los órdenes, siendo uno de los más difíciles de superar la operación de bandas fuertemente armadas que controlan parte de Puerto Príncipe y otras zonas del país.

La situación, en el país más pobre del continente, empeoró aún más tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse por un comando que entró sin resistencia a su residencia la madrugada del 7 de julio pasado.

Investigan el magnicidio

Durante la jornada, el exprimer primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, dijo que el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, supuesto implicado en el asesinato del presidente Moïse y detenido en Jamaica, no será deportado a Haití por falta de pruebas en su contra.

"Es un duro golpe para la investigación. Lamentablemente, el equipo actual (Gobierno) no ha realizado ningún seguimiento (...) No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moïse", afirmó.