El presidente del Banco Central, Mario Marcel, observa 2022 "como un año en el que existe la oportunidad de reducir mucho la incertidumbre que ha existido hasta ahora". Tiene razón Marcel, pues el año que se inicia será de definiciones importantes. La primera de ellas, la más cercana y concreta, es la llegada a la Presidencia de Gabriel Boric con todo su equipo ministerial y sus definiciones sobre las más diversas materias, entre ellas la economía, cuestión a la que se refiere Marcel al hablar de "incertidumbre", actitud dominante en ese sector.

Opina el directivo que reducir esa incertidumbre "permitiría compatibilizar mejor el reducir la inflación con una recuperación del crecimiento hacia adelante, haciendo menos necesaria una política monetaria restrictiva". Reducir la inflación es importante, pues en último término los más castigados con el aumento del IPC terminan siendo los que están más indefensos por bajos ingresos ante una necesaria demanda de bienes y servicios esenciales.

La reducción de la incertidumbre en terreno tiene nombre y apellido, en otras palabras, el del ministro de Hacienda. Es cierto que no es un soberano, pues debe aplicar el programa que llevó a La Moneda a Gabriel Boric, sin embargo importan su estilo, su formación y su capacidad para relacionarse con los diversos agentes económicos y con las fuerzas de la coalición oficial. Y es ese estilo lo que puede frenar la incertidumbre que domina su importante sector. Pero la definición de mayor profundidad de este 2022 es la constitucional, pues supuestamente la Convención habrá terminado el trabajo de formular el proyecto de una nueva Carta que será sometido a la consideración ciudadana mediante un plebiscito de salida, con voto obligatorio. La tendencial refundacional, "todo de nuevo", que puede incluir la propuesta constitucional ciertamente sería un factor de incertidumbre que no se limita únicamente a un periodo presidencial, pues es una normativa general de la institucionalidad del país llamada a mantenerse, al menos en teoría, por un largo periodo. Así deberían entenderlo los convencionales al momento de definir en concreto el articulado, buscando un efectivo entendimiento de voluntades más allá de consignas o posiciones ideológicas absolutas que llevan en su centro la raíz misma del conflicto.

¿Será mucho pedir que en la discusión definitoria predomine un ánimo de búsqueda de acuerdos democráticos?

Y como apéndice de este año de definiciones, el Año Nuevo en el Mar aparece como candidato a la guillotina. ¿Caerá así no más, sin juicio previo, víctima del voluntarismo?

Una incertidumbre menor, sin duda, pero que merece una definición democrática respetando el valor de un patrimonio fruto de la creatividad porteña que por años ha centrado el interés y el entusiasmo de cientos de miles de personas y, de paso, ha traído ingresos económicos a la decaída ciudad.

Una de las grandes presiones que está recibiendo el Presidente electo, Gabriel Boric, es la mejora sustancial de nuestro actual de sistema de pensiones que encabezan las AFP. El sentir popular, así como la cruda realidad, es que el actual sistema de AFP no ha logrado cumplir con las expectativas ciudadanas. Muchas personas asumen que las bajas pensiones son el producto de la naturaleza privada del sistema y, en esa lógica, creen que reemplazar el sistema actual por un sistema estatal de reparto sería la gran solución. El objetivo de esta columna es comparar nuestro actual sistema privado de pensiones con los sistemas de reparto, toda vez que en la opinión pública en general existe una suerte de idealización del sistema de reparto y, bajo esta lógica, sería la gran solución al sistema de pensiones chileno.

En primer lugar, es necesario definir que la tasa de sustitución del sistema de AFP es de alrededor de un 30%, vale decir, en promedio un trabajador recibe una pensión equivalente a poco menos de un tercio de sus ingresos como trabajador activo. En la OCDE la tasa de sustitución promedio es de un 50% aproximadamente. En España, uno de los países con mejores pensiones de la OCDE, la tasa de sustitución es de cerca de un 73%, con un sistema estatal de reparto.

Sin embargo, hay grandes diferencias entre el sistema español y el chileno, siendo la más importante la tasa de cotización. En Chile, un trabajador ahorra, en promedio, un 13% de sus ingresos para su pensión. En España las cotizaciones alcanzan un 28% del sueldo de los trabajadores, siendo esa la primera explicación de la alta tasa de reemplazo española o a la baja tasa de reemplazo chilena. A nivel OCDE, Chile es uno de los países con porcentajes de ahorro más bajo para sus pensiones. Si se extrapolara la situación española a la chilena, vale decir, si en Chile se ahorrara alrededor de un 28%, las pensiones crecerían y serían equivalentes a las españolas. Por lo tanto, ni el sistema de reparto español es más eficiente que el chileno ni el sistema privado de pensiones chileno es más ineficiente que el español, siendo la gran diferencia el bajo porcentaje de ahorro que se realiza en Chile.

Por otro lado, todos los sistemas de reparto exigen un mínimo de años cotizados para poder acceder a una pensión. En el caso de España, se requiere cotizar, a lo menos, por 15 años para poder tener derecho a una pensión. En Chile, dada la alta informalidad laboral, la mayor parte de los trabajadores no alcanzarían este mínimo y se quedarían sin pensión. No olvidemos que antes de las AFP existía en Chile un sistema de reparto. En este sistema, la tasa de cotización era superior al 20% y también se requería un mínimo de 15 años de cotizaciones para acceder al beneficio. De hecho, las estadísticas indican que alrededor del 50% de la masa laboral de aquella época no tenía derecho a pensiones bajo ese sistema, puesto que no cumplía el mínimo de años que el sistema requería.

En resumen, no hay magia en el sistema de reparto. Los sistemas de reparto a nivel mundial se sustentan con tasas de ahorro muy superiores a la chilena, así como mínimos de años cotizados. Esa es la gran explicación a su aparente éxito si se compara con las AFP. En esa misma línea, la naturaleza privada o pública de las pensiones, desde el punto de vista económico, no tiene relevancia. La solución está en aumentar la cotización, así como los años cotizados. La pregunta legislativa será: ¿estará dispuesto el trabajador promedio a sacrificar parte de su sueldo actual por una mejor pensión?