Seis meses fue el plazo acordado en el reglamento para mantener la mesa directiva de la Convención Constitucional, periodo que finaliza hoy, por lo que durante la jornada los miembros del organismo que escribe la nueva Carta Magna deberán votar por nuevas autoridades. La presidenta saliente, Elisa Loncon, afirmó que se ha avanzado "en los grandes pilares que sostendrán el nuevo Chile".

"Mi salida de la (directiva de la) Convención responde a un acto democrático, quizás el más generoso de este proceso, que es compartir el poder, asumiendo que es un proceso de todos los chilenos", sostuvo ayer la representante del pueblo mapuche en la Universidad de Santiago (Usach), donde recibió la medalla de la casa de estudios en reconocimiento a su trabajo en el órgano constitucional.

Desde el 4 de julio, dijo la también académica de la Usach, "hemos avanzado en los grandes pilares que sostendrán el nuevo Chile: la paridad, la plurinacionalidad, la descentralización, la diversidad sexo-género y los derechos de la naturaleza. Será una Constitución muy distinta a la escrita en dictadura".

El vicepresidente de la entidad, Jaime Bassa, afirmó en TVN que "los únicos que tienen su proyecto de Constitución redactado es la gente del Rechazo, porque ese proyecto es la Constitución de 1980", es decir, mantener la actual. "Aquí nadie llegó con su nueva Constitución bajo el brazo, esa es una de las tantas mentiras que se han difundo en este proceso", agregó.

"Muchas veces se dice por redes sociales 'llevan seis meses trabajando y no han redactado ningún artículo'", reconoció el profesor de derecho constitucional, y explicó que "redactar un artículo es lo último que se hace, (...) antes de eso hay que cumplir con una serie de etapas", como la generación de reglamentos, presupuesto, participación, etc. "Hay que buscar puntos de acuerdo, y la última etapa del proceso es aprobar el texto de la nueva Constitución, eso va a empezar a ocurrir durante febrero, probablemente con mayor certeza durante marzo", dijo.

Pugna en frente amplio

La constituyente PC Bárbara Sepúlveda anunció en la tarde de ayer su renuncia a la candidatura a la presidencia de la Convención, pese a contar incluso con el apoyo de miembros del oficialismo, como la exministra Marcela Cubillos (UDI).

"Tengo la convicción de que la nueva política se construye con generosidad y sin personalismos", escribió Sepúlveda en Twitter, agregando que el apoyo a su bloque: "Chile Digno a la mesa adjunta", es decir, al representante diaguita Eric Chinga.

Otra candidatura es la de Beatriz Sánchez (FA), quien ayer dijo a radio Cooperativa que "mis expectativas en la conformación de una mesa directiva (nueve cargos en total) es que sea diversa y que vaya a disputar con fuerza y con ganas el relato de la Convención afuera".

Finalmente, la ex Presidenta Michelle Bachelet ayer se reunió con el Colectivo Socialista de la Convención, y desde su fundación señalaron que "pudo escucharlos en lo que ha sido su trabajo territorial, en las comisiones y el trabajo de la Comisión de Pueblos Originarios, a través de Ramona Reyes", quien es una de las candidatas favoritas para presidir la mesa.

"Un acto democrático (...) es compartir el poder, asumiendo que es un proceso de todos los chilenos".

Elisa Loncon

Presidenta de la CC

"Mi expectativa en la mesa (...) es que sea diversa y vaya a disputar con fuerza el relato de la Convención afuera".

Beatriz Sánchez

Candidata FA

Un grupo de convencionales constituyentes liderados por el exsubsecretario del Interior y exsenador Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo), presentó ayer un proyecto para que la Defensoría Penal Pública (DPP), organismo destinado a proveer de abogados a víctimas e imputados que no pueden costearlos, sea declarado un ente autónomo en la nueva Constitución, asegurando su independencia dentro del sistema judicial.

"Consideramos que es muy importante que en el proceso penal que ambas instituciones que participan (el Ministerio Público, que sí es autónomo, y la DPP) tengan igualdad de condiciones, porque la experiencia ha demostrado que el rol que ha jugado la Defensoría y el ejercicio autónomo de sus funciones dan cuenta de un grado de responsabilidad muy importante que amerita un reconocimiento de carácter constitucional", explicó Harboe.

A esto se suma que "no queremos que el día de mañana pueda llegar un Gobierno y que considere que en el rol de mantener la seguridad debilite el rol de la DPP, a través por ejemplo de reflexiones presupuestarias o de dejar sin efecto nombramientos. Para ello darle una autonomía constitucional creemos que es fundamental porque va a trascender al Gobierno de turno, va a ser una institución de Estado", sostuvo el convencional.

En la futura Carta Magna, explicó el abogado, "esta es una moción muy simple, que tiene un artículo único que crea la Defensoría Penal Pública y le deja a una ley la organización y sus atribuciones. Esta institución es autónoma, con patrimonio y personalidad jurídica propia y la ley establecerá su organización y atribuciones".

Acerca de quién liderará la DPP bajo la eventual nueva calificación legal, Harboe dijo que "a diferencia del Ministerio Público, nuestra reforma no contempla en la Constitución el sistema de nombramiento, justamente para que sea el legislador el que establezca cuál será el mecanismo de nombramiento. Recuerden que hoy el defensor penal público es elegido de un concurso en la Alta Dirección Pública, y finalmente lo designa el Presidente".

La iniciativa fue respaldada por, además de Harboe, los convencionales del Colectivo del Apruebo Agustín Squella, Eduardo Castillo, Luis Barceló, Rodrigo Logan y Miguel Ángel Botto; junto al RN Manuel José Ossandón; y el miembro de Independientes No Neutrales Helmuth Martínez.

Ossandón señaló que se trata de "una propuesta seria, concisa, que creo que le da el rol que merece a la Defensoría con un rango constitucional. El hecho de que la Defensoría tenga un rango constitucional le da cierta independencia, le da un rango que lo pone en igualdad de condiciones con el Ministerio Público, lo cual creo que es muy bueno, porque va a generar una competencia justa que va a mejorar la calidad de los proceso penales".

Martínez, en tanto, dijo que "con instituciones o entidades robustecidas, es decir, que tengan más atribuciones y sean más autónomas, también de alguna manera crece la democracia".