Sebastián Mejías O.

Con la idea de que los municipios incrementen considerablemente sus facultades y, por ende, los recursos a los que hoy día tienen acceso, se presentó ante la Convención Constitucional la Coordinadora Municipalista Constituyente que, de la mano del alcalde Jorge Sharp y otras once autoridades, entre las que se cuenta la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, y el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, llevaron la propuesta de norma constitucional llamada "Gobiernos locales y democracia plurinacional participativa".

En cuanto a su contenido, el texto propuesto a la Convención Constitucional se fundamenta en la idea de que "la distribución de los recursos e inversión pública y el acceso a bienes comunes entre los territorios, ciudades y pueblos es injusta".

De ahí que se hable de afectaciones a las "condiciones de vida digna y derechos sociales", pero también a que hay territorios convertidos en "zonas de sacrificio" que carecen de regulación industrial, o a la "excesiva privatización y concentración de la propiedad del suelo", así como a la "ausencia de planificación urbana y rural con poca participación de las comunidades". En fin, los once alcaldes firmantes piden que los municipios pasen a ser organismos más autónomos.

Reclaman, además, que es la forma de financiamiento que el Estado tiene respecto a los municipios lo que ha provocado severos déficits. Según indican cifras adjuntas a la iniciativa, y en base a estimaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades, hasta el 2020 el déficit total de las comunas, a lo largo del territorio nacional ascendía a 792 mil millones de pesos.

Al menos 20 facultades

Uno de los que lideró el trámite ante la Convención Constitucional fue el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien está convencido de que la lógica de potenciar a los municipios es un ejemplo que nuestro país debe tomar de otras constituciones en el mundo.

Tiene la "convicción" de que el nuevo texto constitucional "debe consagrar a las municipalidades como verdaderos gobiernos locales". A su juicio, la propuesta presentada también piensa en la "participación de la comunidad en la toma de decisiones de los territorios, avanzando a una lógica del cogobierno".

Es en el artículo 4 de la iniciativa donde se plantea que los municipios tendrán, al menos, veinte facultades. Se destacan la capacidad de aprobar el presupuesto, pero también fomentar el desarrollo económico, elaborar políticas comunales de vivienda hasta, incluso, la autonomía para crear empresas públicas, "basadas en sistemas de producción fundados en criterios de justicia social y ambiental".

Altas expectativasOtro de los once firmantes de la idea fue el alcalde de Concón, Freddy Ramírez. Si bien reconoce que se trata de transformaciones progresivas, tiene la "esperanza", sostuvo, de que su administración se beneficie de algunas de las iniciativas que queden plasmadas en la nueva Carta Magna.

La descentralización fue uno de los temas en los que más profundizó Ramírez, tanto en la campaña que lo llevó a erigirse alcalde, así como en sus proclamaciones de apoyo al Presidente electo, Gabriel Boric, en medio de la disputa por la segunda vuelta presidencial.

"Es fundamental que la nueva Constitución transite hacia una descentralización que sea realmente efectiva, objetivo que solo es posible de conseguir si las municipalidades dejan de ser vistas como meras administradoras de recursos", enfatizó Ramírez.

Referéndum revocatorio

Una propuesta llama la atención dentro de la iniciativa, relacionada a la capacidad máxima de reelección que tendrán tanto jefes comunales como concejales. Todos ellos serán elegidos por sufragio universal, durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos hasta por dos periodos más. Luego de eso, se menciona que "cesarán en su cargo conforme al ejercicio de la voluntad popular del 'Referéndum Revocatorio', conforme a lo señalado por la Constitución y la Ley".

Lo anterior habla del intento, tal como dijo el alcalde Freddy Ramírez, de "potenciar la incorporación de las voces de los vecinos y vecinas de la comunidad", "razón por la cual -añadió- iniciativas como los plebiscitos comunales, las consultas indígenas y los cabildos barriales jugarán un rol preponderante".

Es en el artículo 17 de la iniciativa, donde se mencionan una serie de instrumentos de participación ciudadana. Desde Servicios Populares Cogestionados o Consultas Ciudadanas que podrán ser convocadas de diferentes formas y con el objetivo de debatir temas de interés, hasta la posibilidad de implementar Iniciativas Populares de Proyectos, que cuenten con el patrocinio de, al menos, el 0,1% de las personas que participaron de la última elección municipal. Entre todas estas alternativas, el Referéndum Revocatorio se alza entre las más interesantes.

En caso de que la ciudadanía esté en desacuerdo con una gestión municipal que supere los dos años en el mando, podrá solicitar, con el respaldo del 30% de los que participaron en la última elección local, una votación especial que será vinculante si en ella se hace presente el voto del 50% del padrón comunal.

En cuanto a la materialización de la iniciativa, es decir, cuánto de lo presentado podrá llegar a discutirse en el pleno para, finalmente, convertirse en texto de la nueva Constitución, dependerá de la deliberación en las comisiones. Antes de que eso ocurra, la iniciativa deberá juntar 15 mil firmas que podrán ser ingresadas hasta el 1 de febrero. Sin embargo, como el texto también será patrocinado por los convencionales de la Coordinadora Popular Constituyente, de todas formas llegará a discutirse, reúna o no los 15 mil apoyos.

"La descentralización es posible (…) si las municipalidades dejan de ser vistas como meras administradoras de recursos".

Freddy Ramírez, Alcalde de Concón

"La nueva Constitución debe consagrar a las municipalidades como verdaderos gobiernos locales".

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por las familias de 103 internos que cumplían condena en el Centro Penitenciario de Valparaíso, quienes fueron trasladados a recintos de reclusión ubicados en el sur del país, ordenando su reingreso en cárceles cercanas.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, Rodrigo Biel, Raúl Mera y la abogada Pía Tavolari, estableció el actuar desproporcionado e ilegal de Gendarmería, al trasladar a los amparados a ciudades alejadas de sus entornos familiares.

Fueron 103 internos que cumplían condena en Valparaíso los que fueron llevados hasta recintos penales de Concepción, Valdivia y Puerto Montt.

"Gendarmería debe orientar su labor a la resocialización de los internos que tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la privación de libertad respetando el arraigo del condenado al lugar de residencia de los familiares", aclaró la Segunda Sala de la Corte Suprema.

El argumento que justificó la medida de traslado tenía que ver con unas obras realizadas en el Centro Penitenciario de Valparaíso. Sin embargo, la resolución detalla que Gendarmería "no explicó las consideraciones que tuvo en vista para disponer el traslado de los amparados al extremo sur del país".

Por ende, la Corte Suprema dispuso la reubicación de los afectados "en centros penitenciarios de la mayor cercanía posible a su entorno familiar, dentro de la misma región o en regiones contiguas".

La medida acordada por el máximo tribunal podrá ser revaluada una vez que concluyan los trabajos en el Centro Penitenciario de Valparaíso.