Katherine Escalona M.

Los hechos de violencia ocurridos en Valparaíso y Viña del Mar, con un asesinato en esta última ciudad perpetrado en la playa El Sol - ambos casos aún sin detenidos-, han generado diversas reacciones por la gravedad de los acontecimientos. En este marco, la Asociación Nacional de Fiscales advirtió que existe una baja tasa de esclarecimiento de los crímenes y hay un estrés de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

El presidente de la entidad que agrupa a los persecutores, Francisco Bravo, afirmó que "los homicidios en Chile han crecido los últimos 10 años en un 100%. De 2,6 homicidios cada 100 mil habitantes, hoy estamos en aproximadamente 5,7 cada cien mil. Es un dato preocupante a nivel nacional. La Región de Valparaíso no es la excepción. Aún más preocupante que lo anterior es que las tasas de esclarecimiento han bajado. La Brigada de Homicidios (de la PDI) a nivel regional y nacional están estresadas".

Recalcó que "lo que se puede advertir es que se configura una triada entre el homicidio, el porte o tenencia de armas de fuego y el tráfico de drogas. Se requiere una mirada integral y una respuesta integral a estos fenómenos de criminalidad organizada. Una repuesta ahora, de acuerdo a la opinión de especialistas, es prohibir la venta de armas y municiones a particulares y aumentar exponencialmente la fiscalización por las autoridades. Hoy se fiscaliza prácticamente nada".

La visión es compartida por el expresidente del gremio de los fiscales, Claudio Uribe, que precisó que existe una "falta absoluta de autoridad" y a eso se suma "que efectivamente las policías, a mí juicio, no tienen los medios suficientes para actuar en forma preventiva. Todos sabemos que las dotaciones de Carabineros están absolutamente colapsadas, sobrepasadas y lo mismo la PDI".

Además, dijo Uribe, "creo que también la Fiscalía carece de recursos suficientes para enfrentar todos estos temas. Cuando se le pide fiscales exclusivos puede ser una idea bien intencionada, pero me pregunto ¿de dónde los va a sacar? Así que ahí también hay un problema de medios. Hay un tema global de incapacidad sumado a una creciente falta de sentido de autoridad de la población".

Carencias sociales

Más allá de las precariedades del sistema, el aumento de la violencia da cuenta de un fenómeno social. Así lo reconoció Lucy Oporto, escritora, licenciada en Filosofía de la Universidad de Valparaíso y doctoranda en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien cree que "la falta de sentido de la autoridad se viene dando desde hace tiempo, incluso antes de la asonada de octubre del 2019 y sobre todo se ve claramente el avance de la anomia y la barbarie".

Apeló a que "estas balaceras parecen ser ejecuciones, creo que se relaciona con un proceso de descomposición social, descomposición moral y crisis espiritual y moral. Ahora, el origen de eso sería bastante difícil establecerlo, pero comenzó a precipitarse con la asonada de octubre del 2019, no creo que los hechos de esa época hayan sido espontáneos".

Añadió que "recuerdo hace años atrás cuando los gobiernos declaraban con mucha autocomplacencia que esto no ocurría en chile, que Chile era un país solo de paso para las drogas y tenemos que ver qué ocurre ahora. Es un deterioro progresivo, muy peligroso, no creo que la policía esté mintiendo acerca de la disminución de delitos, pero no recuerdo tres balaceras en un día con resultado de muerte".

Sentenció que "para mí, el narcotráfico y el crimen organizado son la culminación de la sociedad de consumo. En el caso de las droga por el consumo mismo y por el nivel de ostentación de cosas lo que revela un vació muy profundo".

Visión política

El gobernador Rodrigo Mundaca, en tanto, fue crítico y confirmó que "la prerrogativa en materia de seguridad es del delegado y lo que uno esperaría es que se adoptarán medidas concretas, que hubiera una política- como ha señalado la alcaldesa de Viña del Mar- de desarme, de control, de tenencia responsable de armas y ¿quiénes son los depositarios de las armas en la región?, una política preventiva".

Destacó que es importante que los Consejos de Seguridad Comunal funcionen y que exista participación de la comunidad. Fue claro y detalló que lo que ocurre "no se resuelve solamente con más carabineros en la calle o con medidas punitivas porque tampoco se toman esas decisiones cuando tienen un delegado que está pensando básicamente en marzo, en irse para su casa, y no está haciendo la pega".

Agregó que "objetivamente lo que sucede en la Región de Valparaíso es horroroso cuando matan a ciudadanos a plena luz del día ante una impunidad y una pasividad total de la autoridad que debería tener cartas y competencias en este asunto y no ejerce sus competencias y prerrogativas".

"Se requiere una mirada integral y una respuesta integral a estos fenómenos de criminalidad organizada".

Francisco Bravo, Pdte. Asociación Nacional

de Fiscales

"(Hay) un delegado que está pensando básicamente en marzo, en irse para su casa, y no está haciendo la pega".

Rodrigo Mundaca, Gobernador regional

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Cansados de soportar los reiterados hechos delictivos que ocurren en torno a la llamada "zona roja" de Valparaíso, un grupo de vecinos de la subida Cumming y la plaza Aníbal Pinto decidió acudir a la Justicia para forzar la aplicación de medidas de resguardo, en un ambiente marcado por las reiteradas balaceras de los últimos días.

Por ello acudirán hoy a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde interpondrán un recurso de protección en contra del delegado presidencial, Jorge Martínez, Carabineros y el municipio porteño.

El abogado Rodrigo Díaz, vecino del sector y quien lidera esta ofensiva judicial, dice que hay al menos registro de tres balaceras consecutivas en las últimas semanas, una de ellas con una víctima fatal.

Sin embargo, apunta que esta grave situación se suma a otras presentes hace mucho tiempo en el barrio: "Ha retornado con mucha crudeza una realidad marcada por riñas constantes, incivilidades, fiestas que se realizan sin ningún control, al aire libre, con volumen ensordecedor y comercio ilegal que ha vuelto a ser una situación de carácter permanente".

El abogado dice que todas estas situaciones ocurren a metros de acceso a edificios residenciales, casas e inmuebles históricos, como el de la Cooperativa Vitalicia.

Menos presencia policial

Díaz apunta además que "esto se produce en un contexto en el que Carabineros de Chile, y esto ha sido evidente, ha disminuido su presencia en las calles de Valparaíso. Si bien ha dejado un vehículo policial algunas horas, es absolutamente insuficiente para los hechos que ocurren".

Sobre los incumplimientos del municipio, el abogado precisa que se trata, principalmente, de la falta de fiscalización del comercio ambulante, que aumentó en el sector una vez que se terminaron las restricciones de la pandemia y en el cual los vecinos han detectado consumo y venta de drogas.

"Ha habido una ausencia de medidas oportunas y concretas para un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, que es conocido de todos, pero que no se resuelve y sigue siendo una conculcación de garantías constitucionales, incluso el derecho a la vida, que se ve permanentemente amenazado", advirtió el residente del sector.

Medidas a la corte

Por ello, entre las peticiones que incluye el recurso que ingresan hoy a la Corte de Apelaciones se encuentra la de solicitar a los recurridos adoptar las medidas de fiscalización efectiva para controlar los delitos e incivilidades presentes, así como la aplicación de un plan policial que garantice la presencia permanente de carabineros en el eje de Subida Cumming y la plaza Aníbal Pinto.

Rodrigo Díaz Yubero tiene experiencia en este tipo de acciones judiciales, ya que ha interpuesto otros recursos por problemas que afectan a Valparaíso, como el comercio ambulante o la situación de los perros abandonados, esto último luego de ser atacado por algunos canes callejeros.

"Hay una ausencia de medidas oportunas y concretas para un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo".

Rodrigo Díaz Yubero, Abogado