La sensación de inseguridad crece en nuestra región. Los últimos hechos violentos asociados al uso de armas de fuego registrados el pasado fin de semana en Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, nuevamente levantan voces de alerta que piden, por cierto, una mayor dotación policial para enfrentar la delincuencia, pero también celeridad en las investigaciones y acciones concretas por parte de autoridades gubernamentales, judiciales, parlamentarias y también locales, apuntando con ello a los municipios. Porque, claro está, nadie puede estar indiferente a lo que sucede hoy en día en las calles y tomar palco frente a una realidad que golpea a diario a la población.

Causa preocupación que con el paso de los años estos delitos de mayor connotación social se estén naturalizando y que el impacto que causaron un día ya no sea el mismo hoy. En zonas periféricas de las grandes urbes los disparos en medio de la noche son asumidos como parte del diario vivir y la explicación inmediata para un número significativo de estos sucesos, algunos con resultado de muerte, se circunscribe a posibles "ajustes de cuentas", para luego agregar el apellido de "casos aislados", como si ello fuera una señal que debería atenuar el temor y la percepción de gravedad de estos hechos por parte de la ciudadanía y de quienes sufren sus efectos colaterales.

Como es propio, tras las balaceras ocurridas el fin de semana surgieron desde el ámbito político inmediatas declaraciones de preocupación y demandas por acciones urgentes para enfrentar la delincuencia que nos afecta. Frente a esta realidad país, las acusaciones que apuntan a un fracaso de las políticas de seguridad del Ejecutivo son respondidas con estadísticas policiales y con un emplazamiento a avanzar en proyectos de ley estancados en el Congreso Nacional y también a un mayor involucramiento en instancias de coordinación que abordan materias de seguridad.

Ejemplo de esto último es la institucionalización del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) en junio de 2021, que tiene por objetivo optimizar y transparentar la gestión policial orientada a la prevención de delitos. Sus reuniones deben efectuarse por lo menos una vez al mes a nivel de Prefecturas de Carabineros, en las que, además de los representantes de la institución policial, deben participar el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y los municipios respectivos. Y en cuanto a iniciativas legislativas pendientes, cabe recordar que desde el año 2007 se encuentra en tramitación en el Parlamento el proyecto que busca modificar la Ley N° 17.798 sobre control de armas, iniciativa clave en estos días que, entre otras medidas, tiene por finalidad aumentar la fiscalización y endurecer el régimen sancionatorio.

Sin lugar a dudas, los esfuerzos deben ser conjuntos para brindar una respuesta efectiva al flagelo de la delincuencia en todos sus ámbitos, más aún cuando el narcotráfico es hoy por hoy su principal brazo de acción y cuyos tentáculos se extienden con graves consecuencias e implicancias que no dejan de sorprender, como el caso del exfutbolista porteño Joel Soto, detenido en Valparaíso con casi 7 kilos de drogas y armas con un alto poder de fuego.

La idea de un Ministerio del Mar es atractiva, porque a primera vista parece razonable "fomentar el desarrollo armónico de las actividades que se realicen en el mar, proteger sus riquezas y resguardar el medioambiente marino", como reza una reciente resolución de la Cámara de Diputados, solicitando al Presidente crear tal ministerio.

Sin embargo, sendos estudios realizados durante gobiernos tan disímiles como los de Allende (1971) y Pinochet (1986) han evidenciado su inconveniencia. Uno de los principales reparos es que los ministerios sectoriales están organizados por funciones y no por áreas geográficas; por tanto, sus responsabilidades deben ser abordadas de manera integral, sin una separación arbitraria por la línea de costa. No tendría sentido que el medioambiente estuviese bajo la tuición de dos ministerios: uno marítimo y otro terrestre; la misma mirada global es necesaria para la minería, la investigación científica, los deportes, el turismo, etc.

Desde otra perspectiva, nada asegura una mayor eficiencia en las actividades que se desarrollan en el mar por el hecho de subordinarlas a un mismo ministerio; incluso podría ser contraindicado. Por ejemplo, el Transporte Marítimo, que materializa más del 90% de nuestro comercio exterior, tiene una dinámica absolutamente distinta de Pesca y Acuicultura. Su eficiencia y competitividad depende de una cadena logística esencialmente terrestre: sitios de atraque, áreas de acopio, accesos y vías férreas y carreteras que unan fluidamente el puerto con las zonas de demanda o producción. Quizás Pesca y Acuicultura, como parte de la cadena alimentaria, sería más afín con Agricultura que con Transporte Marítimo.

Por otra parte, deberíamos ser conscientes de estar creando un poderoso Leviatán, que controlaría todas las actividades realizadas en un enorme espacio geográfico, cuya vigilancia depende de la Armada, a través de Directemar. Asimismo, al compararnos con otros países, además de las diferentes tradiciones, debemos tener en cuenta que bajo el nombre Ministerio del Mar se agrupan responsabilidades muy variadas.

Por lo anterior, antes que un previsiblemente burocrático y caro superministerio -el vigésimo quinto-, sugerimos conformar un Consejo de alto nivel de carácter púbico-privado, con una pequeña secretaría permanente, que se aboque a identificar los "nudos" y proponer al Presidente los programas y políticas tendientes a optimizar la gobernanza en el mar. Hay antecedentes que podrían servir como base: el "Consejo de ministros para el desarrollo de la política oceánica", creado bajo el gobierno de Bachelet II, y el "Consejo de los Mares", planteado por el actual gobierno.