Cristián Rojas M.

La Contraloría General de la República emitió un dictamen que obliga a los órganos de administración estatal a terminar con el régimen de trabajadores a honorarios tal como ha funcionado desde hace años, obligando a pasarlos a contrata si llevan dos o más años emitiendo boletas, medida que en la región, según cálculos estimativos de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), beneficiaría a más de 20 mil funcionarios, considerando solo a aquellos que prestan servicios a entes gubernamentales, a los que habría que sumar los trabajadores municipales y aquellos de la educación superior estatal.

El dictamen, firmado por el contralor nacional, Jorge Bermúdez, señala que "dichas contrataciones constituyen una figura precaria, puesto que, a pesar de ser esencialmente transitorias, en la mayoría de los casos terminan por extenderse en el tiempo de manera tal que la persona contratada a honorarios se torna en un servidor permanente, pero sujeto a un régimen jurídico normalmente más desventajoso que el resto de quienes se desempeñan en el pertinente organismo, cumpliendo habitualmente idénticas funciones".

Agrega que "mientras respecto del sector privado se ha entendido que el Código del Trabajo soluciona los casos de quienes nominalmente son contratados a honorarios, pero en el hecho reúnen las condiciones de trabajadores, haciendo prevalecer la realidad de la relación laboral, no ha existido en la Administración del Estado una protección similar".

Gasto en indemnizaciones

Por otra parte, el dictamen hace notar que "al término de la vinculación contractual, los servidores a honorarios han encontrado una significativa protección en los tribunales de justicia, los que regularmente reconocen en esa prestación de servicios las características propias de una relación de trabajo, disponiendo el pago de indemnizaciones, cotizaciones y demás recargos legales, por lo que, ese aparente menor gasto inicial en su contratación, se traduce en el pago de elevados montos en sede judicial, afectando de esta forma, el patrimonio público".

Frente a ello, agrega el contralor, "se ha estimado indispensable observar el principio de primacía de la realidad que ha sido recogido por el Poder Judicial", y ordena que se aplique a todas las contrataciones nuevas, mientras que a quienes se les renovó el contrato a honorarios para 2022, se mantendrán así solo por este año, dado el cálculo presupuestario ya efectuado, pero a partir del 1 de enero de 2023 deberán pasar a contrata todos quienes tengan dos años o más bajo el régimen de honorarios.

El dictamen finaliza señalando que "si la autoridad estima que las labores de esos servidores a honorarios no son necesarias para la Administración, deberá dictar un acto administrativo exento explicando los motivos de la no designación a contrata, con el mismo estándar exigido para la fundamentación de la no renovación de los funcionarios a contrata que poseen confianza legítima".

Anef y cut lo valoran

Al respecto, la secretaria general de la ANEF Región de Valparaíso, Mabel Zúñiga, planteó que "me parece tremendamente importante que se termine con esa condición precaria e injusta con la que se ha mantenido por años a los trabajadores a honorarios, estando comprobada la subordinación y la dependencia. Me parece que es un avance y valoramos que se pueda terminar con esa precariedad, ya que hay quienes llevan décadas en condición de trabajadores a honorarios".

No obstante, advirtió que se debe mejorar la carrera funcionaria, puesto que "en realidad la condición de contrata no asegura estabilidad y derechos, ya que se les contrata cada 1 de enero y a fin de año se revisa si van a tener continuidad al año siguiente, entonces también es una condición que genera mucha angustia e inestabilidad, sobre todo en procesos de cambio de autoridades, lo que ha sido un tema que hemos discutido y exigido por décadas".

Por su parte, el vicepresidente provincial Valparaíso de la CUT, Renato Rivera, destacó que "era lo que hemos peleado desde hace años en el sector público. No es todo lo que necesitamos, pero sin duda, no debiera haber honorarios en la función pública, sobre todo en funciones críticas, menos en salud, ya que es el personal mínimo que se requiere para el funcionamiento normal de los recintos asistenciales. Y los municipios son como una industria de los honorarios".

Jorge Arancibia Reyes, almirante en retiro, ex comandante en jefe de la Armada, exsenador y hoy convencional por el Distrito 7, presentó, en conjunto con otros constituyentes, una propuesta de norma constitucional titulada "Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y seguridad", que tiene como objetivo garantizar la existencia de un capítulo que garantice el tipo de relación que habrá entre estas instituciones y el jefe de gobierno.

- ¿De qué se trata la propuesta presentada a la Convención?

- En simple, es generar un capítulo que establece de qué manera las instituciones de la defensa, que son trascendentes para el desarrollo del país y seguridad nacional, se relacionan y están subordinadas al poder político legítimamente constituido. Hay personas que piensan que no deberían estar las FF.AA. en las constituciones. Según mi criterio ese es un error. Habrá un jefe de gobierno y las FF.AA. tendrán que estar relacionadas y en comunicación con ese jefe, subordinadas a su autoridad.

- ¿Cree que tendrá apoyo?

- Sí, claro. Habrá variaciones o agregados en lo que presentamos, pero yo creo que es tan lógico esto, que sigo pensando que el orden natural explica la conveniencia de que exista un articulado que regule la relación del gobierno y las FF.AA.

- Respecto del cambio de la mesa directiva de la Convención Constitucional y las extensas votaciones que acompañaron el proceso, pudimos ver que en redes sociales el proceso fue calificado como una pérdida de tiempo. ¿Qué piensa de esa calificación?

- No estoy de acuerdo. Claro que nos tardamos más de la cuenta, pero fueron alrededor de 40 horas así que es un poco exagerado tildarlo de pérdida de tiempo. Es hacer una cosa que creo, interesante, porque hay etapas y la directiva anterior ya cumplió su rol en esa etapa. Ahora viene una etapa en la que deben buscarse acuerdos, diálogo y consensos y tengo la sensación de que esa dupla que se eligió está más (enfocada) en eso.

- ¿Cómo ve la situación de seguridad en la región, a propósito de las balaceras que han ocurrido en Valparaíso y Viña del Mar?

- Esto refleja una falla precisamente en el control de armas. Yo tengo armas en mi casa y están inscritas, me toman los datos, revisan el armamento, etc. Debería haber controles aleatorios dada la situación de violencia. Cuando se trata de narcotráfico siempre aparecen armas y municiones... Es tanto el daño que genera este descontrol de armas. Pero ojo, la normativa existe, yo tengo mi arma y cumplí con ella, ahora ¿cómo hacemos que se cumpla?

- ¿Quiénes han fallado entonces?

- Yo creo que las autoridades competentes, hemos tenido un desarrollo exponencial de la violencia, crimen organizado y narcotráfico. Esto va a representar un esfuerzo muy grande para el próximo gobierno.

- ¿Cree que el Gobierno del Presidente Piñera pueda hacer algo estos últimos meses?

- No, no, no, el Gobierno de Sebastián Piñera ha sido superado en todo lo que tiene que ver con seguridad. No esperemos absolutamente nada al respecto.

Cristóbal Andrade, convencional por el Distrito 6, en conjunto con sus pares de los colectivos Pueblo Constituyente Lista del Pueblo, promovió una norma que busca zanjar materias referentes al gobierno regional, su consejo técnico y las asambleas regional y social.

"Estamos indicando las competencias que va a tener el gobierno regional, como también la asamblea social, en la cual las competencias de la región autónoma van a ser la organización política administrativa y financiera de la región, también fomentar el desarrollo social, productivo y económico, fomentar la cultura y las artes, el deporte y también implementar conectividad física digital, entre otras cosas", dijo el constituyente.

Con respecto a las funciones que pueda tener la asamblea social, Andrade aseguró que "va a ser un órgano con participación popular de las comunidades y va a ser un ente de control democrático y fiscalización de la función pública. Este será con paridad genérica, escaños reservados y estarán compuestos por representantes de las organizaciones de la sociedad civil, duración y composición será vista por los estatutos y tendrá carácter consultivo de participación de la sociedad civil y tendrá una conexión muy importante con la asamblea regional. También en esta asamblea social regional va a poder incidir con las decisiones que tome la asamblea regional".